La construcción de la central hidroeléctrica ha obligado a una reubicación forzosa que sin duda provocará un cambio en el sistema de vida propio de la etnia, lo cual repercutirá en su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y en las relaciones de reciprocidad con la naturaleza. El reasentamiento acabará con una rica identidad cultural que no puede medirse sólo con una vara economicista, sino además desde la perspectiva del patrimonio cultural y ambiental de Chile.
Ralco inundará las tierras de 100 familias que en total constituyen más de 500 personas provocando impactos étnicos, culturales y ambientales imposibles de reparar aunque la justicia les dé la razón a los pehuenches.
Ralco puede dar fe que en este país la justicia tarda pero llega. En tal sentido, las organizaciones ecologistas valoran el hecho que la sentencia del juez que sustancia la causa que enfrenta a las familias pehuenches y a Endesa, respete la Ley Indígena y la Ley de Bases del Medioambiente, al no autorizar la inundación de las tierras mientras no se solucione legalmente el tema de los permisos ambientales que afectan a la obra.
El hecho que no se pueda llenar el embalse mientras no se resuelva el fondo del tema, es una resolución que si bien no paraliza las obras de la central -que es lo que querían las familias mapuches- sí impide que éstas sean obligadas a abandonar sus predios, ubicados dentro de las 3.460 ha que la represa inundaría en los valles del Bío-Bío, Lomín, Villucura y Lolco, zonas de milenarios bosques nativos.
Endesa se ha negado a otorgar una indemnización de 200 millones de pesos y 77 hectáreas a cada una de 15 familias pehuenches, sin embargo, la exigencia de éstos tarde o temprano tendrá que aceptarse si Endesa y el gobierno quieren ver en pleno funcionamiento la central. Parece insólito que Endesa ni siquiera acepte mitigar los irreversibles impactos a estas familias que serán forzadas a salir de sus tierras.
Cabe preguntarse: ¿el gobierno y Endesa han pensado en los costos que esta acción representa para la etnia mapuche? La construcción de la central hidroeléctrica Ralco acabará con un ecosistema valiosísimo que sustenta la vida del pueblo pehuenche, que se caracteriza por vivir del tránsito estacional de la invernada y veranada y también acabará con su identidad comunitaria asociada a su territorio.
En este escenario de enfrentamiento entre el poder económico y los pueblos indígenas y la legislación ambiental que los protege, es importante reflexionar sobre el proceso de aprobación de Ralco: ¿por qué la Conama rechazó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- presentado en primera instancia para posteriormente aprobarlo en 1997?, ¿por qué los intereses económicos de empresas foráneas prevalecen por sobre los principios ambientales y de sustentabilidad de nuestro país?
El propio presidente Lagos dijo en su discurso del día mundial del medioambiente: «No estoy seguro de que nuestras políticas públicas hayan estado a la altura de lo que nosotros debiéramos haber hecho como país. Y, por cierto, el balance que tenemos es un balance que hacemos ante nosotros mismos y respecto del cual nos queda mucho por hacer». Aún queda mucho por hacer si no queremos lamentar más desastres étnicos, culturales, ambientales y políticos como el de Ralco.
Aún es tiempo de que las autoridades hagan un mea culpa y reorienten su toma de decisiones dentro del marco jurídico que no rige. En tal sentido, Ralco es la más clara evidencia del doble estándar del gobierno.
(*) Ex candidata presidencial, directora del Programa Chile Sustentable.
