Algo huele a muy podrido en los cimientos de la sociedad chilena, que nada tiene que ver con las nociones de civilización y decencia adoptadas por la comunidad internacional.
Con la intención de explicitar las raíces éticas cristianas en que se funda, la Constitución Política vigente establece en su Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, artículo 1°, inciso 2°, que: «la familia es el núcleo fundamental de la sociedad». Los analista legales están contestes en que este capítulo de la Constitución contendría los fundamentos valóricos sobre los cuales se erige toda la institucionalidad contemplada en el código constitucional y la sociedad chilena. De ahí la importancia que le atribuyen, siendo, además, fuente de interpretación para el resto de las normas que la componen.
Recientemente, un programa de televisión abierta, que fue calificado por el canal que lo difundió como un «reality sin show», mostró una de las dimensiones más estremecedoras de nuestra sociedad: la violencia intrafamiliar, haciendo especial hincapié, en más de una oportunidad, que sufrían este flagelo de brutalidad y salvajismo el 50% de las mujeres chilenas, violencia emanada generalmente de su cónyuge o pareja masculina. Si a esto agregamos que, según estudios también recientes, el 70% de los niños de nuestro país ha sido víctima de algún tipo de maltrato en su contra, normalmente en el seno de su familia o en su entorno de relaciones más cercanas, tenemos un panorama de brutalidad nauseabundo.
Los datos mencionados nos muestran, sin temor a equivocarnos, que la familia se ha convertido en la sociedad chilena, en un espacio para cometer los peores latrocinios y perversiones humanas, en un espacio para la ejecución de los crímenes más despiadados y sanguinarios, con casi total impunidad. Resulta repugnante para cualquier conciencia civilizada, por precaria que sea, escuchar relatos sobre actuarios de los tribunales de justicia encargados de intervenir en estos casos, preguntándole a las mujeres víctimas si ellas habían sido las «provocadoras» de los incidentes.
Aquí se ve la real «cara cultural» de esta sociedad, donde comienza presumiéndose que las víctimas serían las principales responsables de los actos que los victimarios ejercen en su contra. Es difícil encontrar algún rasgo de inteligencia en un planteamiento como el mencionado, salvo en el caso de quienes son autores o cómplices de este tipo de violencia por omisión, indolencia, insensibilidad, indiferencia, aceptación o tolerancia.
¿Qué tipo de sociedad puede ser aquélla en la que uno de los fundamentos que ella misma establece y proclama en su ley más importante, la familia, se ha convertido en un espacio propicio para ejercer la violencia de manera brutal y sangrienta con casi total impunidad? ¿Qué tipo de Constitución Política puede ser aquélla que cimienta toda la institucionalidad que rige en el país, en un ámbito en el que la violencia descontrolada y salvaje impera sin contrapeso efectivo alguno?
Como podemos apreciar, el verdadero fundamento de la sociedad chilena es la violencia salvaje y sanguinaria, situación de la que todos los agentes institucionales y políticos son responsables en alguna de las formas señaladas, la cual ha sido transformada por las prácticas cotidianas de convivencia de los chilenos, en un verdadero «valor» moral.
Ahora, se entiende por qué las víctimas de la barbarie dictatorial que imperó durante diecisiete años, sigan clamando por una real justicia, no obstante las proclamas a favor de los derechos humanos que realizaron las fuerzas democráticas. Algo huele a muy podrido en los cimientos de la sociedad chilena, que nada tiene que ver con las nociones de civilización y decencia adoptadas por la comunidad internacional.
(*) Analista Político.
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