«Una cámara oculta debajo de la guata», fue la frase que utilizó un locutor radial que ha posado de liberal, pero que hace algunos meses manifestó su desprecio más absoluto hacia los homosexuales. Esto, para justificar la grabación de un programa de televisión, sobre la supuesta venta de licencias médicas donde se imputa directamente a una conocida doctora.
Para ser honesto, me da exactamente lo mismo lo que piense alguien que posa intelectualmente según la línea editorial del medio al que presta servicios, proponiéndonos una formula que nos recuerda los pasajes más oscuros de Orwell 1984, enfrentar el crimen con una cámara oculta. Pretendiendo que, por arte de magia, por temor a la represión y más aún, a la exhibición pública de nuestros pecados, nos veamos obligados a comportarnos como buenos ciudadanos.
En la misma línea se inscribe una estrategia que desde un tiempo ya, por algunos medios de comunicación y sectores conservadores, viene exhibiendo un Chile que declara perdida la batalla contra la droga, en que la delincuencia crece (a pesar de toda la prueba empírica en contrario), en que la seguridad ciudadana es un problema que el gobierno ha sido incapaz de enfrentar en forma eficaz, llegando algunos a niveles de audacia mayor, pretendiendo declarar a la Novena Región en estado policial, gritando desde el hemiciclo: Ä„no hay estado de derecho!
La cuestión que me preocupa, es que estando a poco más de un año de las elecciones municipales, que se vaticina como la prueba de fuego para la Concertación con miras a las elecciones del año 2005, muchos se vean tentados a proponer fórmulas como las señaladas. La instalación medial del ciudadano bajo sospecha y la preocupante percepción de inseguridad, ayudan a propuestas populistas y desincentivan la construcción de políticas publicas fundadas en la premisa de la ética pública, exigible a quienes gobiernan, legislan y a quienes detentan el poder local.
La cuestión se torna más compleja si se analizan las conclusiones del estudio efectuado este año por el Instituto de Sociología de la PUC y que enuncia un juicio del que debiéramos hacernos cargo como sociedad: la percepción de inseguridad es un fenómeno esencialmente popular. Es en el estrato popular donde existe más temor a ser víctima de un delito, donde mayor desconfianza hay de las instituciones publicas en su conjunto y en el que existe la peor evaluación del desempeño de la policía.
El juego no deja de ser perverso, pues es ahí donde se propone más represión, es donde está el Chile de los que no han visto nada de nuestro pretendido desarrollo, el Chile de los olvidados, aquél de los que padecen las injusticias que provoca el mercado, el Chile de los chilenos que pueden ser reprimidos y que más da si es o no con autorización judicial, si al final, la lucha contra la delincuencia también es una guerra y en la guerra hay bajas inocentes. El Pentágono lo llama daños colaterales. No me queda claro como lo llamaría el Senador Espina.
Habrá que explicarle a nuestro ex liberal y a nuestros parlamentarios que piden más represión, que en una sociedad democrática las leyes se cumplen en tanto son percibidas como justas y no porque atemorizan a los súbditos del régimen. No porque nos pongan cámaras en todos lados, no porque intervengan nuestros teléfonos o nuestras comunicaciones electrónicas disminuirá la delincuencia o, más precisamente, el temor a ella.
Habrá que decir que las normas de habilitación de pruebas que impone el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, que tiene su antecedente en las actas del Buen Pueblo de Virginia de fines del siglo XVIII, aseguran un debido, justo y racional proceso a todo individuo. Habrá que sostener con fuerza que la construcción de una prueba de inculpación obtenida sin los debidos permisos, es simplemente ineficaz, va en contra precisamente de la voluntad de enjuiciamiento a criminales y provoca la nulidad del juicio por afectación de garantías constitucionales como se encarga de establecer nuestro nuevo Código Procesal Penal en su artículo 373 letra a.
El mecanismo para enfrentar la delincuencia y proteger a los ciudadanos frente a los hechos delictivos, debe ser construido desde el derecho, en un diálogo social abierto. Las propuestas que sugieren más presupuesto para aumentar la represión, o las que pretenden instalar cámaras ocultas para engendrar temor en los presuntos delincuentes, se parecen a los mecanismos de la NRC en Estados Unidos, la seguridad del pueblo norteamericano se basa en la tenencia de armas, tesis que ha demostrado ser desastrosa en términos de prevención de delincuencia y muy por el contrario, ha engendrado conflictos sociales de dimensiones insospechadas.
Volvamos por un minuto a las promesas del noventa, a tomarnos las calles, a ganar los espacios públicos. Volvamos a los sueños que teníamos en octubre de 1988 y atrevámonos a mirar de frente la pobreza, sintamos algo de pudor frente a este Chile disociado. Es por ahí donde encontraremos entre todos una respuesta a la inseguridad que, precisamente, sienten los más alejados de las supuestas ventajas del modelo.
Preguntémonos, como sociedad democrática y con aspiraciones republicanas, qué nos podría pasar si alguien, sin mucho analizarlo, construyera un discurso fácil y populista, postulando atacar la delincuencia con todo, por medio de más represión, incluso afectando garantías constitucionales, como la libertad individual.
Una última sugerencia a nuestros vendedores de recetas contra la delincuencia: Fernando y Alberto. Si aún no lo han hecho, vayan a ver Bowling for Columbine, no es para nada una película densa y en caso de parecerles muy liberal, se digiere fácilmente con un buen cambucho de cabritas, dulces, ojalá.
(*) Abogado, Master en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid.
