El viernes 5 de septiembre pasado, el Presidente Lagos anunciaría en Concepción -en un evento de alta convocatoria diseñado especialmente para la ocasión- el envío al Parlamento de un importante paquete de reformas constitucionales y otras medidas administrativas tendientes a profundizar el proceso de regionalización. Con ello, el Presidente pretendía avanzar en el cumplimiento del Programa de Gobierno que la Concertación ofreció al país.
En el importante encuentro de la máxima autoridad del país con líderes de la Región del Bio-Bio, se anunciarían medidas tales como: elección directa por los ciudadanos de los Consejeros Regionales, elección directa del Presidente del Gobierno Regional separando esta función de la figura del Intendente; creación de servicios públicos regionales, nuevas regiones, etc.
Las invitaciones se distribuyeron y fueron hechas, en algunos casos, por el Intendente Jaime Tohá y en otros por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Adriana Delpiano.
En la mañana del mismo viernes, todos los convocados comenzaron a recibir formalmente el anuncio desde las autoridades de que el acto se suspendía por «problemas de agenda del Presidente de la República».
Bueno, la gente ya sabe que no fue esa la razón. Por cierto, si fuese esa tendríamos que pensar que el Intendente y la subsecretaria invitan a una reunión con el Presidente sin conocer su agenda, o que la prioridad dada al evento por los asesores de Lagos era diametralmente distinta a la de Tohá y Delpiano, lo que indicaría que estos últimos no tienen peso especifico en el Gobierno.
El asunto es otro. Tal como lo indica el diario «El Sur» de Concepción, en sus ediciones del sábado 6 y del domingo 7 de septiembre, se trató de un brutal ataque contra el anuncio del Presidente de la República, por parte de un número reducido de parlamentarios elegidos principalmente en nuestras regiones y que, paradojalmente, deberían defender el poder regional en el Parlamento y en ningún caso oponerse a la profundización de la regionalización y descentralización.
¿Por qué lo hicieron? Es simple, lo hicieron por un problema de PODER, porque principalmente se oponen a la elección directa de Consejeros Regionales. Los «afectados» dicen que aquello le disminuirá representatividad a la función parlamentaria.
Curiosa razón porque los senadores tienen funciones nacionales específicas no ejecutivas ni vinculadas a región alguna y los diputados tienen las suyas fundamentalmente para fiscalizar las actuaciones del Gobierno y para colegislar con los senadores en determinadas materias.
Lo que ocurre, efectivamente, es que los parlamentarios que se oponen sienten que la reforma apunta al centro de SU fuente de poder electoral. Es decir, contra su capacidad para actuar sobre agencias de gobierno en el marco de un verdadero mercado de influencias en que la moneda de cambio es el voto.
Porque en ese mundo se entiende la relación con el esquivo e indeciso votante, como la necesidad de responder ante él con «acciones o hechos concretos» tales como demostrar que se consiguió pavimentar un camino, o que se construyera una escuela, etc. En ese «mercado» el parlamentario se ve en la necesidad de «estar ahí» cuando el Presidente visita su distrito, de «estar ahí» cuando van los medios, de encabezar el desfile de los grupos que logran atraer la atención del público. Son en realidad los efectos de un accionar político mediático que al final de cuentas convierte al «representante» en dependiente de los medios y lo envuelve en una espiral de clientelismo.
En una encuesta en línea del diario «El Sur» de Concepción, se pregunta a la gente su opinión acerca de la suspensión del acto en que el Presidente anunciaría el envío de las reformas. El resultado, en el momento en que escribimos estas líneas, arroja un 33% a que las regiones están en manos de los políticos y un 56% a que no hay voluntad descentralizadora. Ello significa que un 89% cree que esto no es un simple traspié de agenda que derivó en suspensión.
Y, una vez más, la gente tiene razón. Las reformas están en un serio aprieto porque apuntan al meollo del asunto, es decir, al modo en que en nuestro país se ejerce la influencia sobre el aparato central de la administración del Estado como factor vital para alcanzar el poder político. Por ello decimos que la regionalización está bajo ataque centralista.
Los regionalistas pensamos que este en un buen momento para enviar las reformas porque profundizar las capacidades regionales es un asunto central para sacar a la nación del subdesarrollo. Creemos, además, que su envío es una señal política «pro-positiva» que bien puesta en la escena pública nos permitiría como país recomponer el buen estado de ánimo erosionado hasta hoy por los cortoplacistas que intentan hacerse artificiosamente del poder, del dinero, de la fama, o de cualquier otro aditivo que, como tal, puede ser tentador pero siempre prescindible frente al asunto central de alcanzar el ansiado desarrollo en beneficio de todos los chilenos.
Para tener un Chile que sea más CHILE para todos, los liderazgos hay que ejercerlos en plenitud y las autoridades no deben permitir que les cambien, ya no sólo la agenda, sino el día y la hora en que quieren reunirse con los líderes regionales.
(*) Vicepresidente CONAREDE, Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile..
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