Nuestra agrupación, conocedora del Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, entregó el 8 de Julio pasado, en la oficina de partes del Palacio de La Moneda, una carta dirigida al Presidente de la República en los siguientes términos :
«En base al numeral 14ÅŸ del artículo 19ÅŸ de la Constitución Política del Estado, nos permitimos dirigirnos a su persona con el fin de solicitarle que el Mensaje Presidencial NÅŸ 462-348 del 28 de Marzo de 2003 referido a una modificación legal dentro del ámbito del urbanismo (negocios inmobiliarios en áreas rurales), no sea enviado todavía a la Cámara de Diputados.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Intendente Metropolitano, está impulsando una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) con el fin de crear -fuera de los límites urbanos- la figura de los «Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado» en territorios de 300 has. Lo anterior contraviene abiertamente los diagnósticos y medidas contempladas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de esta región y normas del PRMS.
La Contraloría General de la República -en su ocasión- no tomó razón de la Resolución NÅŸ 14 del Intendente, quien le ha enviado una reconsideración insistiendo en su posición. Tal Resolución viola el artículo 55ÅŸ de la Ley General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C.), hecho que todos los actores relacionados sabían de antemano.
Dado que el Minvu no ha procedido en los términos expresados en su «Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana» del 12 de Diciembre de 2000, ni en la rechazada modificación al PRMS, ni menos en el proyecto de ley NÅŸ 462-348, estimamos que sería prudente y necesario abrir los espacios participativos para que la comunidad científica, los académicos, los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente los técnicos del Ministerio de Agricultura (CONAF, SAG, etc.) puedan confrontar posiciones con los impulsores del expansionismo urbano.
En todo caso sabemos que ambos proyectos (modificación del PRMS y modificación a la L.G.U.C.) han sido consensuados entre el Minvu y el sector económico que se desenvuelve en la actividad de la construcción. Nosotros somos partidarios de que más organizaciones deben intervenir en la elaboración de este tipo de políticas públicas y en este sentido estamos seguros que S. E. piensa igual que nosotros».
Dado que no se ha acusado recibo de la carta, ni menos se nos ha contestado, tenemos que concluir que los asesores del 2ÅŸ piso de La Moneda, no entregaron nuestra petición al Presidente, hecho que -a esta altura- no nos extraña en absoluto. Pero sí tenemos conocimiento que el gobierno ha enviando este mensaje presidencial al Congreso Nacional, tal como ha sido consensuado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el gremio empresarial interesado, transgrediéndose -por lo tanto- dicho solemne Instructivo. El Minvu, dentro de su reconocida afinidad con el sector empresarial, desea modificar radicalmente la planificación actual, que asegura el uso racional del recurso suelo, para implantar el laissez faire mercantilista en el crecimiento urbano. Veremos qué dicen los diputados y senadores en el trámite legislativo.
Para que los lectores de El Mostrador.cl conozcan los fundamentos de aquel «Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana», los transcribimos :
1.- La participación ciudadana es una dimensión fundamental de todo sistema democrático, pues contribuye a que los derechos y deberes institucionalmente establecidos sean reconocidos y ejercidos.
2.- La participación requiere, por una parte, que el sector público tenga apertura, genere la información y establezca espacios y mecanismos que acojan las preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía.
3.- Entendida así, la participación tiene la virtud de contribuir a generar una relación de colaboración y respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía. Asimismo, favorece el fortalecimiento de la sociedad civil y permite una mayor legitimidad de las políticas públicas.
4.- Mi Gobierno está decidido a desarrollar con fuerza la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida nacional.
La participación que deseo impulsar, tiene como principios orientadores los siguientes :
a.- Buen trato, fundado en la dignidad de todas las personas y en el deber de servicio del sector público.
b.- Transparencia en nuestra gestión, a través de la mayor información y apertura a la ciudadanía.
c.- Igualdad de oportunidades para la participación, generando condiciones de acceso para los más vulnerables.
d.- Respeto a la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil, evitando toda forma de discriminación e instrumentalización.
e.- Orientación al ciudadano, priorizando la participación de los destinatarios finales de las políticas, programas y servicios, es decir, de los usuarios, consumidores, beneficiarios, etc.
Y como nuestro Presidente es ordenado, resolvió en aquella época (Diciembre de 2000) que todos los órganos de la administración del Estado debían ceñirse a una serie de normas para hacer realidad su explícito anhelo participativo.
Ahora bien, la realidad nos indica que tal Instructivo, lleno de abiertas expresiones, es letra muerta porque quienes debían honrarlo, privilegiaron la comodidad que significa seguir actuando como lo han hechos sus predecesores, es decir, sin escuchar a la ciudadanía.
Mientras los grupos económicos y los intereses corporativos mantengan el ejercicio del poder en las sombras, las políticas públicas estarán orientadas sólo a satisfacer sus pedimentos y la sociedad civil continuará siendo una modesta espectadora de lo que acontece. Esto lo saben muy bien todos aquellos que se desenvuelven en las cúpulas decisorias, quienes ni se inmutan cuando algunos se lo representan. Lo anterior pasa porque se entiende que el ejercicio del gobierno es un bien ganancial y por ello hay tanto interés en llegar a él.
De lo relatado se desprende que, cuando se accede al sitial del poder, sus actores tienden a desentenderse de sus promesas y buenas intenciones. Esto es así porque muchos humanos, impregnados de pragmatismo y carentes de convicciones sólidas, tienen claras tendencias a caer en la comodidad y en el oportunismo. No cabe duda que los políticos, impulsores de la Agenda Pro Crecimiento, rechazan la participación ciudadana, porque la consideran una traba a los privilegios y negocios fáciles de sus mentores. De ahí que se haya instituido la soterrada alianza conformada por tecnócratas neoliberales, ciertas asociaciones empresariales, cabilderos y casta política, quienes cómodamente co-gobiernan a sus anchas.
El binominalismo parlamentario es la más clara expresión de repartija y la «transición convenida» sin fecha de término es la rúbrica del utilitarismo de las minorías bien acomodadas, quienes -por ningún motivo- aceptan la participación ciudadana. De ésta se puede escribir y hablar hasta la saciedad, pero su ejercicio es considerado de alto riesgo para la «estabilidad» del sistema.
En Noviembre de 2004 tendremos elecciones municipales y más adelante, parlamentarias y presidenciales. Sus sonrientes y distinguidos candidatos, haciendo caso omiso de sus comportamientos pasados, con una patuda osadía nos repetirán con sus impostadas voces, que la participación ciudadana está contemplada en el primer lugar dentro de sus compromisos electorales. Y la ingenua mayoría, una vez más les creerá.
En la dirección www.civika.org/ParticipCddana/inprpart.htm se encuentra el texto completo de tal mentado Instructivo Presidencial. El primer mandatario había establecido en él que, al 1ÅŸ de Enero de 2003, debía estar en plena aplicación. Favor revíselo, estimado lector, para que usted mismo constate que sus contenidos son sólo palabras.
Las estructuras políticas en Chile han instaurado el mendaz doble discurso y el menosprecio por la palabra empeñada. Ante esta evidencia sostenemos que, con Concertación o con Alianza, la democracia participativa no será posible.
(*) Director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
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