En las últimas semanas hemos observado cómo, nuevamente, se ha instalado en la discusión pública el debate sobre el sistema previsional de las fuerzas armadas. Normalmente, cuando esto ocurre sólo se enfatiza el creciente aporte fiscal al pago de las pensiones del personal en retiro de estas instituciones. En esta oportunidad, sin embargo, la idea del Ejecutivo es introducir, finalmente, algunas modificaciones a este sistema y al de Carabineros, vía un paquete legislativo que acaba de ser entregado al Congreso.
Como se sabe, las fuerzas armadas quedaron exceptuadas de la reforma previsional implementada en el país en 1981, continuando ellas bajo el sistema de reparto. Éste último, utiliza una fórmula de beneficio basada en los años de servicio en la institución y una de sus principales características es que la pensión no se relaciona con la tasa de cotización, sino que depende de los años de cotización y del sueldo imponible en un lapso arbitrario al final de la carrera. No existe, por ello, unión entre el valor presente de los aportes para jubilación y la pensión que se obtiene, siendo el primero significativamente menor que la segunda.
La base general de los sistemas de reparto es un contrato implícito entre generaciones, que grava el ingreso de los trabajadores actuales y transfiere estos recursos a los pensionados. La viabilidad de largo plazo de tal sistema depende, entre otras cosas, de la evolución que experimenten la fuerza de trabajo -respecto de la masa pensionada- y sus salarios reales. No obstante, en la experiencia nacional y mundial, los métodos de reparto han terminado siendo simplemente inviables.
En las fuerzas armadas de nuestro país, factores adicionales a los propios de diseño del sistema han jugado en contra de su viabilidad. La relación entre activos y pasivos se ha alejado significativamente de los márgenes con los cuales, posiblemente, fue creado. Además, el aumento en la esperanza de vida de la población ha producido que una masa creciente de pensionados viva más tiempo. De esta forma, percibimos que los cambios en las reglas de beneficios del sistema no se han realizado evaluando su impacto de largo plazo en los requerimientos financieros, entre otros factores. Todo esto ha obligado a un aporte fiscal creciente para el pago de pensiones.
Hoy el aporte fiscal a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional alcanza a casi un punto del PIB y, más importante aún, su tendencia es al alza. Si la situación continúa sin cambio, en pocos años el aporte fiscal para el pago de pensiones superará el aporte completo a las fuerzas en actividad (1,8% del PIB) y en un par de décadas lo duplicará. Por lo tanto, es completamente evidente que, casi desde ningún punto de vista, el escenario de status quo no es viable. Una reforma es, entonces, fundamental.
Sin embargo, que una reforma sea necesaria no significa que cualquier cambio sea válido. Aparentemente, después de muchos meses de trabajo, una comisión formada por representantes de diversos ministerios y de las fuerzas armadas, produjo una propuesta que se concentra en eliminar algunas de las distorsiones más obvias del sistema actual. De ellas, las principales son las siguientes: el alcance del montepío, rejubilaciones, dobles pensiones, civiles acogidos a Capredena, y abono de años de servicio sin criterios sistémicos.
Desafortunadamente, con dichas propuestas estaríamos perdiendo, una vez más, la oportunidad de hacer un cambio real al mecanismo actual de jubilación en las fuerzas armadas. Aunque los cambios propuestos por el Ejecutivo permitirán reducir en algo los aportes del fisco en los próximos años, no modificarán en forma significativa la tendencia que hoy lleva el sistema. Más aún, ellos no modifican los incentivos insertos en el mecanismo actual y, por ello, no mejoran su eficiencia.
En realidad este resultado no es excepcional. Una verdadera reforma al sistema previsional de las fuerzas armadas sólo puede pensarse analizando completa la carrera militar. El objetivo de tal reforma no debería ser ahorrar recursos financieros, sino obtener el diseño de fuerzas más eficiente para enfrentar los desafíos que el país tiene en el futuro. Esto se inserta, por lo tanto, en la mirada modernizadora global que debiésemos tener del quehacer nacional en el ámbito de la defensa. La decisión central es, entonces, respecto del valor presente del flujo completo de ingresos a lo largo de la vida de un uniformado, valor cuya estructuración temporal debe generar los incentivos a un compromiso productivo con la institución y la sociedad.
En el contexto señalado, un análisis objetivo de un sistema de pensiones para las fuerzas armadas no puede excluir a priori ninguna opción y, evidentemente, el pasar a capitalización individual es una de las posibilidades que debe ser seriamente evaluada. El que ninguna otra fuerza armada en el mundo lo use no significa nada; el que muchos no lo entiendan, tampoco. Lo que en nuestra percepción importa es que, como parte de un diseño comprehensivo de la carrera militar, se genere el sistema que más eficientemente permita a la sociedad contar con las fuerzas armadas que requiere.
(*) Secretario y Director, respectivamente,
de la Comisión de Defensa del Instituto Libertad
