El editorial de un matutino incluyó hace unos días una cita del dramaturgo Arthur Miller: «generar una caza de brujas es la forma más cruel de causar daño a gente inocente». Esa es la sensación que ha comenzado a instalarse en nuestro país durante el último mes, la de una especie de caza de brujas indiscriminada, detrás de la cual, premeditadamente o no, termina cometiéndose un asesinato de imagen.
En una sociedad libre y democrática como la nuestra, los medios de comunicación cumplen un rol determinante. Todos hemos reconocido -e incluso aplaudido- su consolidación como agentes de control ciudadano de las instituciones públicas y privadas y, en los hechos, su trabajo ha contribuido muchas veces a develar la ocurrencia de delitos graves que, de lo contrario, habrían permanecido ocultos.
Ahora bien, el carácter que han adquirido los medios informativos y el grado de influencia que ejercen en la ciudadanía les impone una serie de desafíos. La responsabilidad de informar y orientar a la opinión pública sobre los hechos que acontecen, debe ser equivalente a la responsabilidad en el tratamiento de la noticia o la denuncia; la veracidad de las fuentes que la originan, por muy elevado que sea su rango, y el apego a ciertas normas de la más elemental ética, entre ellas el respeto a las acciones ejercidas en el marco de la vida privada de personas públicas, cuando no constituyen delito alguno.
Chilevisión ha generado una bomba noticiosa, que se construyó sobre la base de dos elementos cuya legitimidad ha sido mayoritariamente cuestionada, incluso por otros medios de comunicación. El primero de ellos es la utilización de cámaras ocultas para obtener información que el entrevistado cree estar dando de manera confidencial, una herramienta que puede ser útil cuando detrás de esa declaración se ocultan delitos o acciones irregulares y sancionadas por la legislación, pero que de lo contrario no tienen justificación moral alguna.
Luego, aparentemente habría mediado en este caso el pago de una importante suma de dinero a la fuente, a cambio de su declaración y colaboración, un elemento que pone en duda el grado de veracidad de su relato. En una declaración pública dada a conocer por su director de prensa, Chilevisión admite «un error de procedimiento en la utilización de herramientas periodísticas controversiales, que a la postre pudieran ser consideradas como ilegales …». Creo que la motivación de esas disculpas es el temor a enfrentar eventuales querellas y no el convencimiento del enorme daño que se ha ocasionado; cuesta creer que un canal como ese no haya hecho esa misma evaluación antes de emitir las imágenes captadas clandestinamente.
El segundo elemento tiene que ver con la coherencia entre lo que se hace y lo que dice. La línea editorial de ese canal de televisión se ha caracterizado por su corte más bien progresista y de abierta tolerancia con determinadas conductas morales y sexuales. Extraña entonces que luego emita una denuncia que implícitamente cuestiona la eventual homosexualidad de un juez, contradiciéndose entonces con lo que ha venido promoviendo en los últimos años.
El artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos garantiza que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia … , ni de ataques a su honra o a su reputación …». Si se legitima en nuestro país un modus operandis en el que la prensa traspasa los espacios más íntimos y que son patrimonio de la conciencia de un actor público, con el fin de obtener una noticia estremecedora, comenzará a dañarse la fe pública, un principio esencial que todas las democracias han defendido con celo, pues sobre él se erige el orden institucional y, en definitiva, las mínimas condiciones para mantener la convivencia social.
Los hechos comunicacionales que nos han conmocionado durante el último mes constituyen una oportunidad única para que reflexionemos sobre el límite necesario de la libertad de expresión, cuando ésta afecte el prestigio y la honra de personas sobre las cuales siempre debe caber la presunción de la inocencia.
Los medios saben a estas alturas que sus contenidos pueden elevar a la cima o definitivamente hundir a una persona e incluso a su familia. Ese enorme poder que ejercen debe tener contrapesos que protejan los legítimos derechos de los eventuales afectados. La libertad de expresión constituye un requisito fundamental de la democracia, pero no puede ser usada como un pretexto para mantener una especie de embargo moral sobre determinados sectores o personajes de la vida pública.
* Diputado de la UDI
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