Como todos ya sabemos, lamentablemente la segmentación socioeconómica de Chile es muy fuerte, existe un marcado diferencial en la calidad de la oferta para los distintos niveles y segmentos de la educación. Además sufrimos un centralismo evidente de las decisiones, oportunidades y recursos en la capital nacional.
Una de los impactos más destructivos de lo anterior -porque genera una cadena de «desvalor agregado» que afecta seriamente las posibilidades hacia un país moderno e integrado al mundo- es la configuración de un desarrollo heterogéneo del capital humano, tanto si se evalúa entre los hogares según quintiles de ingreso como en el territorio entre regiones.
Para remover ese impacto destructivo el sistema de educación superior es vital y en él la universidad pública, porque -además de ser referente del propio sistema- es un recurso estratégico para el desarrollo de Chile, puesto que más allá de su principal aporte al conocimiento, a la formación integral de las personas y al soporte científico y tecnológico del país, constituye un elemento esencial para la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en una formación superior pluralista y de calidad (1).
Por lo anterior es fundamental preocuparnos de que nuestras universidades públicas funcionen bien, lo que implica aportarles la misión, los medios y los recursos; hacerles seguimiento, requerirles rendición de cuenta pública, someterlas a aseguramiento continuo de calidad y exigirles una gestión eficiente. En prácticamente todos estos ámbitos se registran avances, que aunque iniciales son claves, especialmente en lo relativo a cuenta pública, gestión y aseguramiento de calidad.
Es importante destacar que desde 1990 a la fecha los recursos a educación superior han crecido 130%, lo que indica un notable esfuerzo de recuperación. Pero en relación al desempeño de la economía destinamos un 0,63% del PIB, lo que es menos de la mitad que hace 20 años (1981=1,14%), y la participación del sector en el gasto público total de educación es 6,7% menos que en 1990.
Además, la distribución inequitativa del Aporte Fiscal Directo (AFD), principal y única contribución basal y segura del Estado a las universidad públicas -donde se hace evidente que tanto la distribución prevista en la ley (DFL NÅŸ4/81) como el potencial per cápita por alumno para ejercer las funciones universitarias- no son coherentes con los objetivos de desarrollo armónico en pos de la mayor equidad que declara el Presidente Lagos y que busca su Gobierno, a través de los importantes cuatro ejes de la Política Pública de Educación Superior definida por el Ministerio de Educación (2).
En la distribución del AFD hay concentración territorial, ya que a las cinco universidades de la Región Metropolitana se les asigna el 46,66% del aporte directo de decisión política; pero ellas atienden sólo al 35,34% de los alumnos. Se verifica, además, que hay gran concentración institucional porque la distribución per cápita por alumno anual indica que diecinueve de veinticinco instituciones con aporte público directo -un 76%- están por debajo del promedio del sistema.
Por otra parte, el subsistema público -que debe competir hoy entre sí y con las instituciones privadas, que aumentaron de 8 en 1981 a 63 en la actualidad- presionado para atender las necesidades crecientes de las personas y del país por educación superior, creció de 118.000 alumnos en 1981 a 230.000 a la fecha.
Es decir, tenemos una red nacional de Universidades Públicas a la que los chilenos le asignamos una importante misión estratégica; pero, a su vez, le aportamos recursos cada vez menores respecto del PIB, y desigualmente distribuidos, para desempeñarse en un sistema ampliado hacia una oferta liberalizada y fuertemente competitiva.
Además, sobre esas bases, implementamos mecanismos de competencia por recursos estatales vía proyectos, por captación de los mejores alumnos, etc., lo cual es deseable, pero evidentemente todos esos fondos concursables vuelven a reproducir las mismas concentraciones en la distribución de recursos al hacer competir a instituciones con fuertes desigualdades, producto de la inequidad con que las tratamos antes de implementar el modelo competitivo.
Esto es análogo a iniciar una competencia por los cien metros planos entre unos corredores con zapatillas y entrenados largamente con otros a pié pelado y con menor preparación. Con esas condiciones de inicio tan dispares la mayoría de las Universidades Públicas cumplen con dificultad la misión que el país les asigna y se les hace riesgosa su articulación a los objetivos que definen los acertados ejes estratégicos de la política pública de educación superior hoy vigente.
Es necesario avanzar hacia la eliminación de las inequidades en la distribución del principal aporte fiscal a las Universidades Públicas para incorporar la utilización plena de sus potencialidades en beneficio de todos los chilenos. En esa dirección proponemos la creación de un Fondo de Nivelación utilizando, como referencia para su cálculo las cifras que resultan de llevar sólo al promedio actual del Aporte Fiscal Directo por alumno ($466.950) a las 19 universidades públicas que hoy están bajo ese promedio.
El Fondo de Nivelación tiene un costo de US$ 33 millones y debería asignarse contra convenio de desempeño anual, que asegure la colocación de los montos en áreas y líneas prioritarias de desarrollo tendientes a eliminar desventajas de inicio estructurales y en el marco de un plan previamente definido por la universidad correspondiente.
Con las Universidades Públicas fortalecidas en sus capacidades, el imperativo de excelencia académica se haría más viable y la sintonía fina con la misión de la educación superior, para consolidar un país con capital humano más homogéneo, se torna más alcanzable.
Para tener un Chile que sea más CHILE para todos, debemos fortalecer el sistema público de universidades porque constituye una pieza estratégica para la integración de las personas al desarrollo y para la inserción apropiada del país en un mundo globalizado.
(1) Ver columna del 23 de mayo 2003.
(2) Ver columna del 14 de agosto 2003.
* Vicerrector Académico, Universidad del Bio-Bio.
