Un completo y analítico estudio de la Conama, de conocimiento público, llegó a la conclusión de que el suelo se encuentra entre los recursos más deteriorados del país y que los productivos presentan altos grados de erosión. La agencia ambiental nos da una voz de alerta cuando afirma que, estudios recientes de la Conaf, indican que un 62 por ciento del territorio nacional enfrenta procesos de desertificación.
Lo anterior sucede porque en Chile no existe un cuerpo normativo que regule el recurso suelo de manera integral. Tan solo hay diversas disposiciones legales que tratan el asunto desde perspectivas diferentes y parciales. Lamentablemente no tenemos una visión sistémica del ambiente y, por lo tanto, no protegemos ni conservamos este valioso recurso natural. Apoyando la proposición de ese estudio técnico, estamos convencidos que se debe establecer a la brevedad posible un marco regulatorio de alto rango para posibilitar el uso sustentable del suelo, tarea que -según nosotros- se le debe encomendar a Mideplán y al Ministerio de Agricultura con todos sus servicios asociados.
Ese valioso documento oficial asevera que la expansión de Santiago ha disminuido drásticamente la cubierta vegetal y que la impermeabilización del suelo es creciente, con el agravante de que se han generado cambios en las tasas de reposición de las napas freáticas, pérdida de bosque nativo y otros males. Una gran cantidad de quebradas se han intervenido para hacer negocios inmobiliarios y después nos quejamos cuando la ciudad se inunda.
En concordancia con ese sombrío panorama debemos tener presente que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) vigente desde 1994 se divide en 2 grandes zonas: 1) El Area Urbana Metropolitana y 2) El Area Excluida al Desarrollo Urbano, la que, a su vez, contempla: a) las áreas de alto riesgo para los asentamientos humanos, b) las áreas de alto riesgo de origen natural, c) las áreas de riesgo por actividades peligrosas, d) las de resguardo de la macro infraestructura, e) las áreas de valor natural y f) las áreas de interés silvoagropecuario.
La opinión pública ya está informada que el 9 de Diciembre pasado la Contraloría General de la República cursó con alcance la resolución que incorpora los polémicos «Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado» en las 88 mil hectáreas definidas como «de interés silvoagropecuario», es decir, las mencionadas en la letra «f» del párrafo anterior.
Ahora bien, las «áreas de preservación ecológica» forman parte de las áreas señaladas en la letra «e», luego, también están localizadas fuera de los límites urbanos. Ellas -de acuerdo al texto del instrumento normativo- deben ser mantenidas en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico. Los sectores altos de las cuencas, las microcuencas hidrográficas, las cumbres, los farellones, los enclaves de flora, los refugios de fauna, las áreas del recurso nieve y otras similares forman parte de estas zonas, las que, reiteramos, son territorios situados fuera de las áreas urbanizadas y urbanizables de la ciudad.
Aunque el lector no lo crea, el Minvu, a través de su Circular NÅŸ 80 del 24/04/03, está promoviendo un radical cambio en las reglas del juego para este frágil territorio y con tal objetivo ya formuló una consulta no vinculante a 21 municipios de esta región. Sabemos que varios de ellos están en desacuerdo con la iniciativa ministerial, tal como lo publicó recientemente El Mostrador.cl.
Pues bien, el Minvu desea continuar con su política expansionista y ahora pretende establecer en estas áreas de preservación ecológica condiciones de edificación habitacional con altura de 5 pisos en terrenos que presenten pendientes promedio inferiores al 22 por ciento, contemplándose una densidad de 50 hab/ha. Nos imaginamos que esta repartición cree que, al aumentarse fuertemente la oferta de suelo para construir, automáticamente se reduce su valor y por ende se abarata la actividad de la edificación, con la consiguiente absorción de mano de obra. Así opera el mercado de casi todos los bienes, pero no en las transacciones de suelo urbano y esto lo saben muy bien los promotores inmobiliarios allegados al Minvu.
Y no sólo lo anterior, sino también se contemplan subdivisiones prediales y edificación para proyectos emplazados en territorios resguardados por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) o declarados Santuarios de la Naturaleza. Es decir, hasta los suelos más vulnerables de la región metropolitana estarían disponibles para iniciar procesos de urbanización.
Para evitar lo acontecido con la discutida expansión urbana a los sectores «de interés silvoagropecuario», estimamos que en esta ocasión el Gobierno debería proceder con un mínimo de seriedad y respeto por sus mandantes. Este nuevo proyecto debería ser dado a conocer ampliamente a la opinión pública.
Es esencial que ahora se escuche a la comunidad científica, académicos universitarios, colegios profesionales de arquitectos, geógrafos, ingenieros agrónomos, forestales, médicos, especialistas en aguas subterráneas y superficiales, obras fluviales, especialistas en vialidad, grupos ambientalistas, expertos en patrimonios y tantos otros. Es decir, democratizar las políticas públicas, tal como se desenvuelven los países del llamado primer mundo. Mal que mal, las autoridades nos repiten por la prensa que Chile se está insertando en la comunidad internacional.
Es necesario que la ciudadanía conozca cabalmente la opinión de los 21 municipios consultados y así abrir el debate informado, con lo cual se podrán analizar los fundamentos de sus posiciones, toda vez que el Plan de Descontaminación vigente establece que la autoridad debe «promover la preservación» de este tipo de áreas.
Pero, si nos atenemos estrictamente al mencionado informe de la Conama, lo racional sería mantener las áreas de preservación ecológica tal como están normadas en el instrumento regulador. Y como entendemos que el Minvu conoce ese estudio, estimamos que -por prudencia- debería archivar su nueva e impulsiva propuesta.
En síntesis, somos partidarios de la ley marco que resguarde el recurso suelo y tan pronto ésta se publique en el diario oficial, se podrían analizar los cambios territoriales que sean necesarios. El desarrollo sustentable y las políticas de largo plazo exigen que respetemos ahora tan preciados bienes naturales.
* Patricio Herman P. es el director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad»
