La imagen de consenso fue elocuente y muy poco habitual en los tiempos que corren: los presidentes de los cuatro partidos de la Concertación y sus respectivas bancadas, más dos parlamentarios de Renovación Nacional, presentando un proyecto de ley para implementar un royalty a la minería. De esta manera se pretende terminar con la injusta situación de este sector en Chile, que actualmente no paga por el consumo de recursos naturales agotables, que por ley pertenecen a todos los chilenos.
Luego de ver esa imagen, llama la atención la fuerza que ha cobrado un debate que durante largo tiempo circuló de modo marginal en la discusión pública. Como es sabido, el Ejecutivo no tenía intención de permitirlo, hecho que quedó de manifiesto con las declaraciones hechas por los ministros Eyzaguirre y Dulanto, durante el año pasado. El Parlamento tampoco había hincado el diente en el tema, tal como lo demuestra la prédica en el desierto que, durante muchos años, hizo el senador Jorge Lavandero, el único político que sistemáticamente ha abogado por un mayor aporte del sector.
A la hora de explicarse las razones de por qué la aplicación de un royalty se ha convertido en una convicción en buena parte de la clase política, debe mencionarse como hecho clave el rol de la sociedad civil y de su organización en torno a la defensa de los recursos mineros. La evidencia respecto al pobre aporte de la minería al país, es tan contundente, que los primeros argumentos de las autoridades de que se ahuyentaría la inversión han quedado plenamente desacreditados.
Habitualmente, los cobros del Estado en la minería fueron un asunto técnico, de expertos y acotado en un sector productivo específico, pero este planteamiento estaba completamente equivocado. Los cobros en la minería y la aplicación de un royalty es, por sobre todo, una discusión ciudadana, pues los recursos naturales y las rentas que de ahí provengan pertenecen a todos los chilenos. En consecuencia, el royalty no es un impuesto, sino el cobro de un derecho de los dueños del recurso, es decir, los ciudadanos.
La propuesta de royalty fue aislada al principio. Los gremios empresariales y el Gobierno, alineados en el debate, trataron por todos los medios de cerrar el tema, aduciendo que sería un freno para la inversión. Pero la evidente injusticia en los aportes del sector y, por sobre todo, el sentido común, hizo que muchos ciudadanos se organizaran en torno a esta demanda. Otros, con su simple opinión, lograron romper el muro que se había creado para que este tema no se discutiera.
En consecuencia, tras el anuncio de los legisladores, existen dos razones para celebrar. Primero, que es el principio del fin de un marco regulatorio y tributario en la minería que, claramente, beneficia a las grandes compañías en desmedro del país y, segundo, se evidencia una ciudadanía que logró imponer sus posiciones a una clase política crecientemente alejada de los grandes temas, y de la visión más estratégica del quehacer público.
Por lo tanto, celebramos el anuncio de los parlamentarios y el consenso entre las bancadas, pero sobre todo la visión de largo plazo y de bien común que se impone en la política. El único actor político que se ha mantenido al margen de esta discusión, y en sus pocas intervenciones se ha mostrado contrario, es la UDI. Lo que sugiere una segunda reflexión.
La ausencia del partido de Lavín no es casual, pues no sólo representa a los intereses de los grandes grupos económicos. Además, con su última pelea con Renovación Nacional, ha demostrado su veta autoritaria y una desconexión total con los problemas ‘reales de la gente’. Qué podría ser más simbólico que, mientras los demás partidos presentaban un proyecto histórico de gran beneficio nacional, la UDI cortaba relaciones con Sebastián Piñera -presidente de un partido socio-, por una situación confusa, que nadie entiende, donde el principal antecedente lo entrega una testigo que es la amiga de la hermana, de una recepcionista que supuestamente habría recibido un mensaje que no demuestra absolutamente nada. A mi juicio, este hecho expresa nítidamente los peores vicios de una clase política desconectada con el Chile real.
El debate sobre la aplicación de un royalty ha generado una serie de discusiones colaterales, incluso más importantes que el tema mismo: los enclaves económicos de la dictadura, la vocación de la Concertación por mantenerse como una coalición de izquierda y, por sobre todo, la forma de ejercer democracia a través de una ciudadanía informada.
Hoy nos enfrentamos a dos formas de hacer política y de ejercer la democracia. Una, representada por la UDI, caracterizada por una sorprendente superficialidad, autorreferencia y desconexión total de la ciudadanía; y otra, la del debate de los grandes temas nacionales. El consenso casi total de los partidos sobre el royalty, como consecuencia de una presión ciudadana, es una expresión clara del sentir mayoritario de los chilenos, y un ejemplo de cómo ejercer la democracia desde la ciudadanía.
* Rodrigo Pizarro es director Ejecutivo de Fundación Terram.
