Al hacer un diagnóstico de los gobiernos que han conducido Chile,en los últimos 30 años, se puede concordar que bajo el período de Allende se privilegió la política social, por sobre la política económica. En cambio, durante los 17 años de Pinochet, se observó una situación inversa, ya que se concentraron todos los recursos en destrabar la economía y se obviaron los altos costos sociales asociados a esta decisión.
Posteriormente, los sucesivos gobiernos de la Concertación han asumido como idea fuerza, según los lineamientos de la Cepal, el equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social, bajo el slogan de «crecer con equidad». La intención primaria es que nunca más se dieran en el país situaciones de descalabro, como las que ocurrieron en las décadas del 70′ y 80′, en donde no se pudo conciliar un proceso de desarrollo armónico.
Sin embargo, a pesar del importante avance en algunos indicadores sociales, en los últimos años -lo cual es sinónimo de que se ha materializado como una prioridad la calidad de vida de los chilenos-, por estos días el comportamiento del mundo político parece decir lo contrario, apreciándose otra vez un predominio ostensible de la política económica, por sobre la social, situación que en un país como Chile, con la undécima distribución del ingreso más desigual en el planeta, puede acarrear serios inconvenientes.
Durante el año pasado y lo que va corrido de éste, hemos podido darnos cuenta que medidas de carácter económico como los Tratados de Libre Comercio con la Comunidad Europea, Estados Unidos y Corea del Sur han tenido una rápida aprobación y consentimiento de diputados, senadores y partidos políticos en general. Incluso, los períodos de discusión han sido irrisorios, si se comparan con la trascendencia de la decisión y, además, sólo se han debatido las temáticas que preocupan a los principales grupos económicos del país. Por otro lado, también se aprobó de una manera expedita el alza del IVA, de un 18% a un 19%, a pesar de que representa un impuesto que afecta en mayor medida a las personas de escasos recursos.
El otro Chile, el que requiere de políticas sociales, corresponde a aquel donde las leyes agonizan en las respectivas cámaras o, en su defecto, se retrasan permanentemente. Si hacemos un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en los últimos meses, en materia social, nos encontraremos con una reforma de la salud cuyo exponente central es el Plan Auge, que ha postergado su puesta en escena, a pesar de las urgentes necesidades en la población. De hecho, se cree que sólo en el año 2007 o 2008 recién estará vigente en su totalidad.
El mundo indígena, en tanto, se encuentra en ascuas, ya que luego de que se entregara el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en octubre del 2003, y que el presidente Lagos se comprometiera a analizar sus conclusiones antes de que terminara el año, recién esta semana la Cámara de Diputados se dignó a revisar este documento y darse un plazo de 180 días para legislar al respecto. A ello debemos agregar la postergación de la Reforma Procesal Penal, en la Región Metropolitana; el retardo de la Jornada Escolar Completa en todos los colegios; el vacío legal que existe para los trabajadores subcontratados y la negativa de muchos sectores para aplicar un royalty a la minería, dinero con el cual se podrían acelerar todas las cuentas pendientes, en lo que a política social se refiere.
Si bien es pertinente reconocer que cualquier reforma debe hacerse con mucho cuidado y responsabilidad, es inconcebible la prisa con que se tramitan las políticas económicas, gracias a la presión de los poderes fácticos. En cambio, detrás de la política social sólo está la señora que debe acudir a los servicios de urgencia colapsados, los indígenas que reclaman por sus tierras o el niño que aspira a tener una educación de calidad. Es hora de medir cuánto se apura el Estado por ellos.
* Marco Kremerman es economista de la Fundación Terram.
