El gobierno argentino ha dispuesto limitar las exportaciones de gas natural, como fórmula para evitar el desabastecimiento de dicho producto en su mercado interno. El origen de esta situación se remonta a la devaluación, medida que fue acompañada de una «pesificación» de las tarifas de los servicios públicos, entre ellos el gas, lo que a su turno implicó una caída de más del 50% de los ingresos de esas empresas. Como resultado, las inversiones se estancaron.
En efecto, la actual crisis del gas trasandino no pasa por escasez de reservas. Argentina tiene y mucho, tanto en el norte como el sur del país. Pero las empresas energéticas que operan en ese país no invierten, porque los artificialmente bajos precios derivados de la devaluación, no permiten generar la renta para hacerlo.
Por de pronto, consumir gas en Argentina es tres veces más barato que quemar leña y varias veces más que insumir petróleo. De allí que los argentinos -en plena reactivación- estén, racionalmente, aumentando el uso de gas por sobre otros combustibles. Este incremento de la demanda, empero, no está en línea con una oferta paralizada por los bajos precios. La solución ortodoxa para tales asimetrías es aumentarlos. Pero para el Presidente Kirchner, la salida ha sido poner cuotas a las exportaciones a Brasil, Uruguay y Chile, para así seguir abasteciendo de gas barato a su población. Loable iniciativa, aunque obviamente inviable en el largo plazo.
De otra parte, los envíos al exterior se hacen a precios de mercado y, por consiguiente, para las firmas energéticas es negocio exportar. Por eso Chile confiaba en que no habría recortes, porque paga un buen precio y lo hace oportunamente. Sin embargo, el Presidente Kirchner ha dispuesto cuotas e incluso ha amenazado a las compañías con aplicar un nuevo impuesto a las exportaciones, si es que éstas no abastecen las necesidades internas. Demás está señalar que tal decisión restaría aún más recursos a las compañías, para realizar las inversiones que normalizarían la producción.
Chile mantiene contratos vigentes -con cláusula de ininterrupción-que implican ingresos de casi US$ 700 millones anuales, para la Provincia de Neuquén. En esa zona están los yacimientos que abastecen al gasoducto Gas Andes, que llega a las regiones Metropolitana y V; y al gasoducto del Pacífico, que abastece la VIII región. De ellos depende el 20% de la energía eléctrica que se demanda entre Copiapó y Chiloé (Sistema Interconectado Central SIC); proveen a más del 90% de las industrias de Santiago y casi la mitad de los consumidores residenciales de la capital. La reducción de envíos a Chile afectará pues, además, el presupuesto de una provincia conducida por un político emergente que ha asegurado continuidad, pero que traspasa la responsabilidad de los precios al Gobierno Federal.
Dada la negativa del Presidente Kirchner a dar paso a una solución vía tarifas, Repsol-YPF, Total y Petrobras, las principales compañías que operan en Argentina le han propuesto, por su parte, desincentivar el difundido uso de gas natural como combustible de vehículos y volcar ese excedente hacia los consumidores industriales. Pero esto aumentaría los costos del transporte. También han señalado la posibilidad de reconvertir las centrales eléctricas con turbinas de gas, para que funcionen con fuel-oil. El costo de generar energía sería así aún más caro. De allí que el Presidente haya hecho oídos sordos a tales propuestas, así como al reajuste de los precios del gas -no obstante, que algunos ministros de su gobierno están convencidos que no hay otro camino-, pues pone su capital político en juego, dado que como es obvio, subir los valores de la energía a la entrada del invierno es altamente impopular.
Ante el escollo, Kirchner ha estudiado también la importación de electricidad desde Brasil -valga recordar que hasta hace poco Argentina exportaba electricidad a Uruguay- o la internación de gas desde Bolivia. Así, un país con tantas reservas de gas, como Chile de cobre, se ve enfrentado a la idea de importar aquello con que cuenta en exceso. La curiosa postura se suma a la de Bolivia, que ha aceptado iniciar esas conversaciones, siempre y cuando se asegure que «ni una molécula de gas boliviano» será reexpedida a Chile.
Ante el citado «nuevo» cuadro subregional, el gobierno chileno ha anunciado el rediseño de su actual política energética. No se puede acusar a La Moneda, sin embargo, de otro error de cálculo que no sea el haber confiado en la «buena vecindad». En efecto, abastecer de energía, a través de gas natural, era, es y sigue siendo menos contaminante y más barato para los chilenos. Como se sabe, operar las generadoras de ciclo combinado con petróleo diesel es cuatro veces más caro que con gas.
Así y todo, en la actualidad la dependencia de este producto en la matriz energética chilena es de sólo un 18%, aunque hasta antes de la crisis, se esperaba llegar a un 33%, en el 2008. Utilizar político-partidistamente este hecho resulta inoficioso, pues se trata de un tema de Estado, que debe abordarse como tal -y con grandeza- por todos los chilenos.
Por de pronto, el sistema interconectado central (SIC) que da luz a más del 90% de los chilenos, tiene instalada una potencia máxima de casi 7.000 MW. Alrededor de un 40% es térmica y casi un 60% de carácter hídrico, recurso con que Chile cuenta en abundancia, cuando la naturaleza no nos da sorpresas. Su utilización, no obstante, implica grandes inversiones e ingentes esfuerzos político-ambiental-culturales, tales como los que hemos presenciado en el caso de Ralco, que tras 12 años de conflictos, comienza a operar recién en junio próximo.
Por otro lado, la demanda máxima actual se calcula en unos 5.200 MW/Hora. Satisfacer todo ese requerimiento, sólo con las centrales hidroeléctricas, es imposible, y en el evento de que tanto las hidroeléctricas como las térmicas del SIC -que usan combustibles alternativos al gas- funcionaran a plena capacidad, la energía generada seguiría estando por debajo de esa demanda actual máxima. De allí la relevancia de los cortes o limitaciones a la importación de gas argentino, porque su reducción afectará, más temprano que tarde, el abastecimiento, especialmente si el país sigue creciendo a tasas del 5%.
El gobierno chileno ha informado que adoptará medidas para enfrentar un eventual corte del suministro, entre ellas, la sustitución del gas natural por gas licuado volatilizado, y el uso de petróleo diesel en algunas centrales térmicas a gas natural. Según el Ejecutivo, estas acciones permitirán atenuar los efectos de la crisis argentina y garantizan que, tanto el suministro de gas residencial, como el eléctrico, no serán afectados por los contratiempos que genere la crisis. No cabe duda, empero, que estas medidas tendrán un costo para los consumidores y la industria nacional.
Como corolario y, no obstante, que la racionalidad indica que finalmente Argentina resolverá su crisis con arreglo a realidades económicas, y que es probable que su actual contingencia quede en el recuerdo, sólo como un mal rato, sería conveniente que la autoridad persistiera en el rediseño de una matriz energética de largo plazo, reconociendo las posibilidades de generación que Chile tiene en la hidroelectricidad -adelantando, por ejemplo, proyectos como Neltume, dispuesto para el 2013-, así como avanzando aceleradamente en la utilización de fuentes alternativas como el gas metano, viento, sol, carbón, e incluso, energía atómica, abriendo además las puertas a importaciones libres de gas y petróleo de fuentes seguras, más allá del inestable entorno vecinal.
