La decisión del gobierno chileno de reducir totalmente a cero y de manera unilateral las importaciones de petróleo ecuatoriano, constituye un hecho inédito por sus consideraciones comerciales: es la primera concesión de esta naturaleza a un socio comercial de nuestro país. Pero más que sus dudosos efectos prácticos para suplir el déficit energético, generado por la reducción del suministro de gas argentino -reportes desde Quito señalan que la producción total de Petro Ecuador, el equivalente a la ENAP y responsable de la comercialización total del crudo que produce ese país, se halla comprometida hasta 2005-, con ella La Moneda ha querido enviar a Argentina una clara señal política: Chile comenzaría a reducir su excesiva dependencia energética y a surtirse en terceros mercados, de al menos parte del hidrocarburo que hasta ahora compraba a nuestro vecino.
La apertura unilateral a las importaciones de petróleo ecuatoriano integra parte de la batería de reacciones con que La Moneda ha intentado aplacar el malestar generado internamente por la cláusula contenida en el contrato de compra de gas que el Presidente argentino NÄstor Kirchner aceptó suscribir con su homólogo boliviano, Carlos Mesa, a condición de recibir unos 3,5 millones de metros cúbicos diarios de gas del país altiplánico, durante los próximos seis meses: nada de éste debe ser reexportado a Chile.
Tras una primera reacción de fuerte molestia -acompañada de sendas notas oficiales de protesta ante los gobiernos argentino y boliviano- y de expresiones que vincularon la desconfianza asociada al incumplimiento contractual, suscrito a mediados de los ’90 entre los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem, con un distanciamiento en todos los planos de la integración binacional, La Moneda pareció advertir que el ambiente confrontacional no contribuiría precisamente a resolver la situación creada. Por ello, propuso instalar un grupo de trabajo chileno-argentino que explorase posibles soluciones, incluyendo la posibilidad de activar inversiones privadas chilenas en el desarrollo gasifero argentino.
Pero la inesperada decisión de la administración Kirchner, de cerrar aún más la llave del flujo gasífero hacia Chile -así como la certeza a ambos lados de la frontera de que poner en marcha cualesquiera inversión para ampliar la infraestructura extractiva del hidrocarburo tomará sus buenos años-, han dejado en el puro papel las intenciones de resolver prontamente el problema.
Pocas son en rigor las alternativas de que dispone la aurtoridad chilena para enfrentar un escenario nada halagüeño en el corto y mediano plazo. La conveniencia de acudir a un tribunal internacional o a la Organización Mundial de Comercio implica una larga tramitación y un resultado siempre incierto. La posibilidad de aplicar medidas de retaliación o castigo -como han sugerido el líder de la derecha o algunos parlamentarios- supone una virtual guerra comercial que dañará aún más las relaciones y dificultará toda vía de solución política.
Sobre causas y responsables
Aunque es tarea de quienes gobiernan dilucidar las soluciones, la de los ciudadanos es esperar de la autoridad una información -toda, y además trasparente- respecto de cómo y por qué se llegó a este escenario, y demandar que se hagan efectivas tanto las responsabilidades, como las reformas que impÄ›dan su repetición. Y no se requiere ser un observador muy avezado para concluir que ni uno ni otro ejercicio han sido hechos hasta ahora.
Como en múltiples otros episodios críticos, también esta vez se invocan ‘razones de Estado’ para escarmenar en las soluciones, y en cambio se omiten o soslayan detectar las causas y los responsables de la presente crisis. Aunque sin desentrañar éstas, es altamente posible que -a diferencia de lo invocado en el discurso oficial y repetido sin mayor análisis crítico por la mayoría de los medios informativos- el país siga ‘sin aprender la lección’.
No lo hizo tras los racionamientos ocurridos en la segunda mitad de los ’90 y el consecuente debate generado. Pareció existir consenso entre los sectores gubernmentales, políticos, normativos y empresariales de promover reformas estructurales al sector. La crisis de entonces entreabrió críticas tanto a la política energética como al desempeño del sector eléctrico, uno de los cuales era -y sigue siendo- la excesiva concentración en el segmento de generación. La llamada ‘ley larga’ buscaba promover mayor competencia en los segmentos de generación y distribución: en el primero, la creación de una Bolsa de Energía haría más trasparente el precio de ésta; en el segundo, la presencia de una nueva figura, el comercializador, permitía la venta directa a grandes clientes y promovía mayores niveles de competencia. La exclusión de ésas y otras iniciativas alejó la posibilidad de materializar las prometidas reformas. A cambio de ello, tras un azaroso camino donde primero debieron ‘consensuarse’ -no sin la renuncia de alguna autoridad disconforme con lo que parecía ser la opinión predominante- distintas visiones gubernamentales, y luego negociarse éstas con las de las empresas generadoras, se promulgó a comienzos de 2004 una ‘ley corta’, concebida en esencia para dar ‘señales correctivas’ que promoverían nuevas inversiones en el sector.
La existencia de ‘incertidumbres’ -eufemismo utilizado por las empresas para demandar unos ajustes al alza en el precio del nudo-, así como la presunción de que había incluso un exceso de capacidad generadora justificaron la decisión de las empresas generadoras de posponer nuevas inversiones. Pero bastó la promulgación de la ‘ley corta’ para que aquéllas se apresurasen a anunciar la materialización de inversiones cercanas a los US$ 3.000 en los próximos cinco años. Conforme a las leyes de mercado, la inversión de riesgo supone que alguien invierta capital a riesgo propio, y no que éste sea cobrado de antemano a los propios usuarios. A contrapelo de lo que debiera ser esa regla, la ‘ley corta’ ofrece ‘total garantía jurídica a los inversionistas’ -en palabras del propio gobierno-, lo cual equivale a disminuir a cero el riesgo a los inversionistas privados.
Nuestro diletantismo energético
El principio de ‘privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas’ implícito en la forma cómo se negoció la ‘ley corta’ electrica aparece también en las más recientes expresiones del mnistro de Economía, Jorge Rodríguez .-a quien el presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados han sindicado como el principal responsable del escenario actual: en un primer momento, cuando la crisis no había sido del todo dimensionada, aseguró que el gobierno ‘garantizará’ la mantención de las tarifas eléctricas ‘pues éstas dependen de una fijación por ley y no de las variaciones del mercado’. Pero luego, cuando estuvieron claros el volumen y lapso de la restricción del suministro argentino, corrigió sus declraraciones afirmando que las nuevas tarifas del precio de nudo deberán considerar las nuevas variables. El país aún sigue esperando por qué una ‘variación de mercado’ -el mayor costo del carbón que en sustitución del gas deberán ahora quemar las centrales generadoras- tendría que ser cargada a los bolsillos de los consumidores.
Pero así como en esta crisis las empresas han intentado ‘sacar las castañas con la mano del gato’, tanto ahora como en los apagones de los ’90 son también evidentes las responsabilidades gubernamentales: por un visión tan oportunista como cortoplacista (los menores precios del gas argerntino), se minimizó el factor de seguridad energética, ignorándose el riesgo que -independiente de cuán buenas fueran las relaciones con nuestros vecinos- suponía concentrar el 90% de nuestro consumo de gas en un solo proveedor. El hecho de que Argentina pasara a controlar un 37% de la capacidad generadora energética chilena podría parecer una locura a los estrategas de cualquier país, pero no lo fue para los criollos.
La merma del gas argentino afectará a una central del Sistema Interconectado Central (SIC) y a dos del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). No obstante, mientras el SING presenta una sobrecapacidad generadora, el SIC -que representa el grueso del consumo nacional- ya antes del déficit generado por el gas argentino enfrentaba la necesidad de ofrecer a más tardar a fines de 2004 una mayor capacidad de potencia para atender una demanda eléctrico que creció 4,1% en 2002, 5,6% en 2003 y debía hacerlo entre 6% y 7% este año.
Tanta fue la confianza en la estabilidad que suministraría el Protocolo Energético suscrito por ambos gobiernos en 1995, que el Plan de Obras elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para el SIC fue modificado incrementando todavía más nuestra dependencia energética: aceleró para 2006 nuevos proyectos de interconexión con Argentina, a la vez que pospuso para 2009 la interconexión del SIC con el SING y para 2010 la instalación de una central geotérmica. El plan preliminar de la CNE contemplaba la interconexión con Argentina para 2010, la interconexión del SIC-SING para 2008, mientras que los proyectos de geotermia debían entrar en operaciones durante 2009.
En un ámbito de responsabilidades compartidas entre las autoridades y las empresas eléctricas se inserta el sospechoso silencio respecto de señales de precio y otros estímulos que podrían concederse a los consumidores para que ahorren energía, reduciendo así el tamaño del problema a que se enfrenta el país dados sus niveles actuales y proyectados de consumo. Revisemos nuevamente otro postulado del funcionamiento del mercado: todas las soluciones basadas en el aumento de la oferta son lentas (por lo menos, más lentas que la evolución del consumo). En cambio, aquéllas orientadas a disminuir el consumo pueden operar en forma inmediata. A las empresas productoras no les conviene el ahorro: su negocio es vender -y mientras más produzcan, mayores serán sus utilidades-, pero el del gobierno es (o debiera ser) pensar en términos del beneficio comunitario.
La histeria pos restricción del gas argentino desatada entre algunos actores políticos y empresariales pidiendo ‘mano dura’ contra el gobierno de Kirchner ha hecho resurgir larvados fundamentalismos internos: en vez de asumir su diletantismo legislador y además exigir de la CNE una reforma estructural de la política energética, algunos diputados han comenzado a mirar para el lado y a recriminar la existencia de ‘defensas ecologistas radicales’ que formularon ‘críticas injustificadas’ en contra de obras como la central hidroeléctrica Ralco.
¿Un aislamiento inesperado o esperable?
Un último aspecto asociado a la decisión argentina de vendernos menos gas es la queja del gobierno y sectores políticos chilenos respecto de la ‘poca consideración’ de la administración Kirchner frente a un ‘aliado estratégico’ como lo sería Chile. Es cierto: un gesto de buena vecindad habría aconsejado que el mandatario vecino viajase a reunirse con el presidente Ricardo Lagos para explicarle en persona el problema que enfrenta la economía argentina. Pero la política internacional no se construye (al menos, no exclusivamente) sobre la base de gestos, sino que de conductas. Y en cuanto a éstas, las sucesivas administraciones chilenas han dado pruebas más que suficientes de que el eje de su política exterior no ha estado ni en América lastina ni en las alianzas con sus vecinos.
Revisemos nada más algunos datos de la realidad reciente: en las negociaciones del ALCA, el gobierno chileno se sumó sin remilgos al grupo de países liderados por los EE.UU., cuya propuesta es exactamente opuesta a la del MERCOSUR y, por cierto, Argentina. Envió tropas a Haití accediendo prontamente a un pedido de Washington, sin ninguna consideración coordinadora con sus ‘socios estratégicos’ del MERCOSUR. Un poco antes, cuando Argentina demandó apoyo a su posición negociadora ante el FMI y la banca acreedora, sólo lo recibió de Brasil, aunque al final ambos terminaron arrastrando tras suyo al resto de la región en torno a la exigencia de que los órganos financieros internacionales reformen su sistema de cálculo de la deuda externa de los países en desarrollo. A contrapelo de las simpatías con que el entorno regional mira la demanda marítima boliviana, Chile ha mantenido su intransigente posición respecto del tema.
Dado este escenario, a nadie debiera sorprender que el gobierno brasileño anunciase hace unos días su decisión de impulsar aceleradamente una integración gasífera entre Brasil, Argentina y Bolivia -excluyendo ominosamente del proyecto a su ‘socio estratégico chileno’: cuando en su momento Brasil lanzó esta iniciativa -parte integral de la llamada Iniciativa de Integración en Infraestructura de Suramérica-, Chile fue uno de los pocos países que frunció el ceño y acudió con recelos a la Cumbre Presidencial connovocada por el entonces presidente brasileño Fernando Cardoso. Ello parecía lógico: Chile estaba entonces de lleno embarcado en su propio proyecto de libre comercio con los EE.UU., el que -conforme al ideario tanto de Washington como de Santiago- luego debería ser casi calcadamente reproducido en el ALCA. Hoy es claro que si el ALCA logra finalmente materializarse, estará muy lejos en sus contenidos de lo que Chile accedió a negociar con Washington.
Así, con conductas más que con gestos, la política exterior chilena cavó las fuentes de su propio aislamiento. Y los resultados estrán a la vista.
*Nelson Soza es periodista y magister en Economía Internacional.
