En la primera parte de este artículo, relaté los hechos relacionados con la investigación sobre el comercio ilegal de alerce, que ha derivado en denuncias de asociación ilícita y cohecho. Esto, a mi juicio, generó una reacción desmedida y defensiva de parte del gobierno y de algunos senadores, lo que finalmente limita la transparencia y el control social sobre las autoridades públicas.
Sin embargo, existe una segunda reflexión que se refiere a la política forestal y a la institucionalidad regulatoria. A nuestro juicio, existen razones estructurales que explican las evidentes falencias en materia forestal en Chile. Hay una clara deuda del gobierno y del parlamento en esta materia.
Al respecto, habría que recordar que, desde el gobierno del presidente Aylwin, existe un compromiso de parte de los tres gobiernos de la Concertación de promulgar una ley de bosque nativo. Sin embargo, ésta aún no existe.
La institucionalidad forestal es retrógrada, manteniéndose vigente una Ley Forestal de los años treinta. Es más, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) no es un servicio público, sino una corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de Agricultura. A su vez, el otro cuerpo legal vigente es el DL 701, mecanismo de fomento forestal que, en la práctica, es el rol principal de las Conaf. Esta institución mantiene atribuciones contradictorias, como la responsabilidad de entregar planes de manejo, fiscalizar y administrar los parques nacionales, además de controlar los incendios forestales.
La teoría moderna de las instituciones señala que los incentivos de las mismas deben ser coherentes. Resulta contradictorio que la Conaf tenga como misión la promoción y el fomento forestal y, a su vez, la conservación y administración de los parques nacionales. En otros países estas responsabilidades están separadas a través de instituciones distintas. Más aún, la Conaf no sólo debe entregar los planes de manejo para la extracción forestal, sino que es la principal fiscalizadora, encargada de entregar todos los instrumentos públicos que permiten la exportación forestal, desde los planes de manejo y las guías de libre tránsito, hasta los permisos de exportación.
A lo anterior habría que agregar que los ingenieros forestales de la Conaf sólo tienen dos posibilidades de trabajo: al interior de la corporación o en las empresas privadas. Siendo que no existe inamovilidad en la Conaf, una actitud proactiva frente a sus autoridades resulta difícil para los profesionales forestales, al igual que la rigurosidad en la fiscalización pues, si dejan este organismo, no serán bien recibidos por el sector privado.
Esta relación insana entre fiscalizador y fiscalizado es característica de todo el sector público, pero se agudiza en la Conaf, pues los profesionales forestales, si desean mantenerse en el rubro, no tiene otras posibilidades de trabajo. No obstante, el problema de fondo se refiere a lo que se denomina «captura de agencia»: La relación entre regulador y el regulado es tan cercana que éste último concibe sus objetivos a partir del sector que regula, impidiendo que su labor se lleve a cabo de forma eficaz.
En última instancia, el director de Conaf, al igual que el Ministro de Agricultura, serán evaluados por el monto y volumen de exportaciones forestales, lo que genera un incentivo perverso en la regulación adecuada del sector.
Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que es el momento de un debate con altura de miras sobre la política forestal y la institucionalidad regulatoria. No puede darse una discusión a puerta cerrada entre ingenieros forestales o exclusivamente en el sector público, pues se trata de la protección y conservación de un valioso patrimonio ambiental. En lo que respecta a los delitos denunciados, lo que corresponde es que se mantengan en el ámbito judicial, sin presiones externas o, como diría el Presidente Lagos, dejar que las instituciones funcionen, caiga quien caiga.
*Rodrigo Pizarro es director ejecutivo de la Fundación Terram.
