Recientemente se ha conocido la intención que tiene el gobierno de enviar un proyecto de ley que repone la inscripción automática en los registros electorales para todo ciudadano que haya cumplido los 18 años de edad, teniendo posteriormente la libertad de concurrir o no a votar en cada elección.
Este proyecto incluiría otras iniciativas destinadas a motivar la participación juvenil en el proceso democrático, contemplando rebajar del número de vocales de mesa -de los 5 actuales a 3- y remunerar su actividad; terminar con la multa para los electores que no concurran a votar; promover una campaña de difusión pública acerca de la inscripción electoral y realizar la entrega sin costo de la primera cédula de identidad.
Los anuncios propuestos no son menores, especialmente considerando que el 70% de los jóvenes chilenos menores de 30 años -alrededor de dos millones- no están inscritos en la actualidad. Si a ello agregamos las cifras de abstención electoral (voto nulo o blanco) el porcentaje de jóvenes que no expresan una opción política es muy relevante. Esta conducta ha ido en aumento en cada una de las elecciones realizadas y, a modo de ejemplo, el 71% de jóvenes inscritos optó por no votar en las últimas elecciones parlamentarias de 2001.
Preocupa el hecho que los jóvenes no se interesen en el sistema político, sobre todo considerando que una vía significativa para lograr cambios en el sistema democrático y en el ámbito político, es justamente a través de la aprobación de leyes que permitan acercar a los ciudadanos a la política. Los actores que tienen la facultad de enviar proyectos de ley, aprobarlos o rechazarlos son precisamente las autoridades por las cuales concurrimos a votar, es decir, el Presidente de la República, y los senadores y diputados.
Lo anterior cobra especial relevancia frente a los recientes resultados de un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado en 18 países del continente, el cual entrega resultados desalentadores sobre la percepción que tiene la ciudadanía de la democracia. En las encuestas en que participaron más de 20.000 personas se indica que sólo el 50 por ciento de las personas prefiere la democracia a un régimen autoritario. En Chile, en tanto, sólo un 40,7% se declara demócrata; un 27,7% es ambivalente y un 31,6% no demócrata.
La Corporación Participa ha trabajado en el tema de jóvenes con especial énfasis en los últimos dos años. Junto con Adimark elaboró una encuesta con el objeto de evaluar el estado de la participación ciudadana en Chile. Mediante un índice de participación ciudadana, se observó la participación en base a 11 ámbitos sociales, entre los cuales se incluye la participación política.
Los resultados permitieron concluir que las principales actividades en las que participan los jóvenes se enmarcan en el ámbito deportivo (37.1%), religioso (28.8%), y artístico-cultural (20.9%). Sólo un 16.3% de los jóvenes encuestados está inscrito en los registros electorales.
A la luz de lo expuesto, el poder demostrar que en la mayoría de los actos cotidianos hay un acto de carácter político o existen elementos políticos involucrados, es uno de los desafíos de nuestra sociedad. Paralelamente, que la sociedad entienda -y especialmente los jóvenes- que votar es una de las maneras de poder provocar los cambios que demanda la sociedad, es otro de los desafíos que enfrentamos.
Si el Gobierno toma un rol activo en este tema a través del envío del proyecto de ley, la clase política debiera atreverse a votar el proyecto de ley expuesto, aun cuando ello implique que un nuevo universo desconocido de electores conformado por más de dos millones de chilenos concurra a votar en las próximas elecciones.
En la medida que la ciudadanía se sienta motivada por la posibilidad de provocar cambios en el sistema político, podrá sentir realmente adhesión por el mismo.
*Pedro Mujica es abogado de la Corporación Participa.
