Bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-70) se diseñó e implementó la construcción de la Remodelación San Borja, conjunto urbanístico de 20 torres habitaciones con equipamientos en sus plantas bajas, que privilegió el espacio público y las áreas verdes para esparcimiento de sus vecinos. Quien tuvo a su cargo el proyecto fue la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) del recién creado Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Hasta hace poco tiempo atrás existía un área verde de uso público en la esquina sur oriente de las calles Carabineros de Chile y Dr. Ramón Corvalán Melgarejo, cuyo dominio era del Serviu (heredero de la Cormu), quien se lo había entregado en comodato a la Municipalidad de Santiago, para que la mantuviera como espacio verde de recreación para los habitantes del barrio.
A fines de los `90 se acercó al Serviu un privado que era dueño del predio colindante a la plazoleta, solicitándole comprársela para hermosearla, ya que a raíz de la falta de cuidado por parte de la Municipalidad de Santiago, tal área verde no cumplía con su objetivo. Es más, se decía que era refugio de drogadictos y lumpen, razón por la cual un particular tenía que ser su dueño para asegurar su preservación en el tiempo. Lindo objetivo social impulsado por el sector privado que ablandó a las autoridades municipales de la época: el alcalde de Santiago era el popular y presidenciable Jaime Ravinet.
Ante tal loable iniciativa, todas las autoridades competentes manifestaron oficialmente que era más que razonable vender esa plazoleta a este privado tan buena persona e instruyeron al Serviu para que le vendiera -sin llamarse a licitación pública- dicho predio sólo a este altruista personaje. Y así fue como el 31 de Julio de 2000 se firmó la respectiva escritura de compraventa, en donde quedó reflejado el minúsculo precio de la transacción comercial, ya que se entendía que correspondía al valor comercial de un área verde: uso de suelo muy restrictivo.
Hasta ahora todo iba bien, ya que el crédulo Estado de Chile había vendido su predio para que un privado asumiera su rol. Curioso, pero así fue. Pasaron algunos meses y el 2 de febrero de 2001 la Municipalidad de Santiago -oh, sorpresa- aprobó la fusión de ambos terrenos, sin importarle mayormente que sus usos de suelo fueran distintos.
Como lo anterior era irregular, el municipio le solicita a la Corema que califique favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental de la correspondiente modificación de uso de suelo de esa área verde. Y así fue como esta instancia colegiada emite la Resolución Exenta NÅŸ 281 del 16 de Mayo de 2002, con lo cual se «enmarcó en la institucionalidad» el fraude cometido con el área verde. Como hecho anecdótico debemos tener presente que el Seremi de Vivienda es integrante de la Corema. En aquella época estaba vigente el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que protegía las áreas verdes, hecho soslayado por la inefable Corema, famosa por actuar como buzón automático.
Continuando con el blanqueo, el 3 de enero de 2003 el Concejo Municipal de Santiago promulga el cambio de uso de suelo y ahora todo queda en «orden» para iniciar las operaciones comerciales de rigor. El 20 de noviembre de 2003 el beneficiado privado que obtuvo lo que quería, vende el predio fusionado -ahora sin restricciones de ningún tipo- a una inmobiliaria, la que raudamente solicita a la Dirección de Obras respectiva un permiso de edificación de una torre habitacional de 19 pisos. El 16 de marzo de 2004, cuando todas las autoridades conocían la irregularidad, dicha instancia técnica le otorga el ansiado permiso y manos a la obra.
Los vecinos del barrio denunciaron el caso a Jaime Ravinet, como ministro responsable; a Marcelo Trivelli, como intendente y presidente de la Corema y a Joaquín Lavín, como alcalde de Santiago y principal actor en esta espuria triangulación comercial que significó una lesión enorme al Estado y una plusvalía patrimonial de proporciones al privado que negoció avispadamente con el descuidado Serviu. Como dichas autoridades no asumieron sus responsabilidades, los vecinos recurrieron a la Contraloría General de la República, entregándole toda la documentación de respaldo.
Últimamente los vecinos solicitaron entrevistarse con Raúl Alcaíno y con Jorge Schaulsohn, candidatos a alcalde de Santiago, para exponerles la situación. Sólo el segundo de los nombrados se interesó en conocer el caso y para tal efecto se reunió con los vecinos en una de las torres de la Remodelación. Schaulsohn analizó la documentación con sus colegas que comparten su Estudio Jurídico y llegó a la conclusión que la comunidad perjudicada con la colusión pública-privada tenía que presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago y ofreció sus buenos oficios para patrocinar la acción judicial. Está meridianamente claro que los funcionarios públicos y municipales que debían cautelar la mantención del área verde -expresa condición de venta del predio- actuaron con suma liviandad y permisividad.
¿Qué vendrá ahora?
Ricardo Trincado, nuevo director del Serviu, deberá hacerse parte en el juicio, alegando que su servicio público fue lesionado económicamente por el privado que le compró el terreno a vil precio.
Miguel Saavedra, director de obras de la Municipalidad de Santiago, tendrá que argumentar que se le extravió la documentación que establecía la invariabilidad del uso del suelo en cuestión.
Marcelo Trivelli, intendente y presidente de la Corema, dirá que las resoluciones ambientales son de responsabilidad de todos los que aprueban y que él es uno más dentro de ese cuerpo colegiado.
Joaquín Lavín, alcalde de Santiago, expresará que él no tiene por qué conocer estas materias «técnicas»: para ello están los especialistas y así saldrá airoso.
Verónica Serrano, nueva Seremi de Vivienda y Urbanismo, reiterará que «todo fue legal» y que ella no intervino en la votación de la Corema, porque ejercía otras funciones.
El privado que supo moverse en las dependencias del Estado y que -gracias a ello- obtuvo una plusvalía patrimonial equivalente a 6 veces, indicará que «tiene suerte en los negocios».
Y la inmobiliaria que está construyendo explicará -con cara de inocencia- que ella actuó de buena fe.
Palabras más o palabras menos, lo que interesa a la opinión pública es el dictamen de la Contraloría y el fallo de los tribunales, ya que en Chile existe el mal hábito de despreciar las áreas verdes y ésta es una más de las rapacidades que hemos estado denunciando desde hace un tiempo.
* Patricio Herman P. es director de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
