En las últimas semanas hemos podido observar cómo el mundo político ha intentado resolver sus diferencias en relación al contenido de y a la dirección de las políticas sociales, las cuales deben apuntar a resolver los problemas catastróficos de desigualdad del país.
Al ser Chile la undécima economía con peor distribución del ingreso en el mundo, en donde el 10% más rico de la población recibe ingresos casi 40 veces superiores al 10% más pobre, el contenido y la dirección de nuestras políticas sociales pasan a ser trascendentales. Por ello, la calidad del debate con respecto a la salud y la educación tiene una nota de preocupación.
Específicamente, dentro de la discusión acerca de la urgente reforma a la salud que se comienza a implementar con el Plan AUGE, nuestros senadores, luego de algunas reuniones tras bambalinas entre los habituales personajes de la política partidista, decidieron eliminar del proyecto de ley el Fondo de Compensación de Riesgos de carácter solidario. Este fondo permitía que las personas más sanas, jóvenes y de mayores ingresos ayudaran a financiar la atención de las patologías que causan mayores muertes en nuestro país, a aquellas personas que presentan los mayores riesgos, vale decir, niños, adultos mayores, mujeres en edad fértil y quienes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Como las Isapres cierran sus puertas a estas personas, más propensas a contraer enfermedades, al cobrar primas muy elevadas, este Fondo de Compensación posibilitaba una instancia inédita, en que los cotizantes de la salud privada podrían traspasar cerca de 18 mil millones de pesos a los beneficiarios de Fonasa. Era la posibilidad de dejar parcialmente el «cada cual se las arregla como puede» y ver más allá de nuestros propios ojos. Pero ante las amenazas de la derecha política de supuesta inconstitucionalidad en la aplicación de dicho fondo, por disponer de recursos privados para usos públicos, el Gobierno debió transar y conformarse con los demás elementos de la reforma.
Por su parte, en el debate sobre educación, presenció un fuerte conflicto entre los colegios privados y el Ministerio, por algunas modificaciones al régimen de Jornada Escolar Completa. Uno de los puntos fundamentales de divergencia correspondía a la cuota de estudiantes vulnerables socioeconómicamente que todos los colegios subvencionados del país deberían tener en sus aulas. En particular, para seguir recibiendo el beneficio de la subvención, al menos un 15% de los alumnos con mayores problemas para seguir estudiando deben estar presentes en cada colegio. Los presidentes de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), de la Confederación Nacional de Colegios de Educación Particular (Conacep) y los parlamentarios de la Alianza por Chile, consideran que esta y otras medidas atentan en contra de la libertad de enseñanza de cada establecimiento, por tanto también se iniciaron acciones para solicitar su inconstitucionalidad.
El punto fundamental es que en Chile existen desigualdades tremendas tanto en salud como en educación y el nivel de gasto del Gobierno en estas áreas sólo permite cumplir con requerimientos mínimos para aquellas personas que viven a diario las consecuencias de nuestra cultura desigual.
Por tanto, la permanente negativa ante los esfuerzos por introducir solidaridad en la política social en Chile demuestra que vivimos en un país en que el grueso de las fuerzas políticas, junto con los ciudadanos que legitimamos todo esto, sólo compartimos lo que nos sobra y lo que no afecta nuestros propios intereses. Esto, a pesar de que los más de 3 millones de personas en situación de pobreza y el casi 70% de chilenos que vive con menos de $150.000 son una consecuencia directa de un conjunto de malas decisiones y de la alianza perfecta entre egoísmo y mercado. ¿Será sano seguir avanzando en esta dirección?
*Marco Kremerman es economista de la Fundación Terram.
