En una democracia la línea divisoria entre dinero y política está claramente definida. Porque cualquier ambigüedad o falta de transparencia afecta la formulación del interés público, que es el que compete a todos los ciudadanos, y lo mezcla o confunde con el interés privado, que es eminentemente individual y de lucro.
Resulta fundamental que Chile enfrente con decisión este tema. No son pocos los hechos que generan actividad noticiosa, básicamente porque sus protagonistas se han movido como hábiles articuladores entre el mundo de la política y el de los negocios, obteniendo para alguien una ventaja indebida. O porque el uso oportuno del poder político permitió engrosar de manera dudosa un patrimonio. Esa sospecha hiere un interés público esencial: la confianza.
La discusión sobre el royalty minero ha dejado en claro que la tensión entre interés público e interés privado está hoy en todos lados, independientemente de la filiación política de quien lo representa. A nadie parece importarle que haya una Política de Estado sobre esta materia generada en 1970, y respetada por la Constitución de 1980 sobre la propiedad minera. Hace cuatro años, las indemnizaciones a todo evento autoasignadas por ejecutivos de empresas públicas, todos militantes de la Concertación, explotó con características de escándalo al evidenciar que su interés privado corporativo usaba instrumentos públicos en beneficio propio, a espaldas de sus propietarios, esto es, todos los chilenos.
En días recientes el país ha vivido el bochorno de las cuentas secretas de Pinochet, descubiertas en un banco norteamericano a raíz de una investigación sobre terrorismo, las que serían indicativo claro de la existencia de financiamientos ilegales. La semana pasada, la Cámara de Diputados anunció una Comisión Investigadora del proceso de privatizaciones durante el gobierno de facto. La sospecha de que un precio vil, pagado por patrimonio de todos los chilenos, es el fundamento de la fortuna personal de muchos ex altos funcionarios del régimen militar, es demasiado fuerte.
Esos hechos son síntomas de diferente gravedad de una misma enfermedad. La carencia de un sentido estricto de la ética y la probidad en materia de interés económico en la sociedad chilena. Cada uno de esos casos tendrán gente que los expliquen y defiendan, con juicios justificatorios e incluso argumentos de estricta legalidad.
Desde hace rato la relación entre dinero, política y poder constituye una tríada cuya regulación queda fuera de los consensos democráticos, y entontece el juicio de empresarios y políticos. El país tiene una economía de mercado que ha asumido el principio de la cooperación público-privada como un elemento virtuoso de su funcionamiento, y debe desarrollarlo de manera sana. Sin olvidar que entre sus principales logros está la calidad de su imagen económica como país estable, transparente y de baja corrupción.
Si el país deja que las cosas se mezclen sin pudor, aflorará la fronda de los compadrazgos y de la complacencia social para corroer el interés público, que es el de toda la comunidad, hasta que un escándalo o una investigación en un país extranjero nos recuerde que no somos tan perfectos como creemos, porque nuestra elite es demasiado afecta a los vicios privados y la pública virtud.
