La tendencia a la formalización de un derecho y una justicia de aplicación global ha suscitado hasta ahora poca atención académica de los grupos antiglobalización o, incluso, de los propios Estados. Sin embargo, de manera creciente, se ponen en evidencia fenómenos nuevos, que terminarán afectando no sólo las bases políticas y económicas de los países, sino también sus fundamentos jurídicos, especialmente en materia de extraterritorialidad de la ley.
El último informe de PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) sobre la democracia en América Latina propone ampliar el debate sobre el proceso de globalización, pues advierte como peligroso caer en una suerte de fatalismo frente a este fenómeno y no discutir "acerca de su impacto real sobre la soberanía interior de los estados y acerca de las mejores estrategias para fortalecer a las naciones latinoamericanas en el espacio de la aldea global".
En la prensa de fin de semana se conoció una Notificación Legal hecha por The Garden Citygroup. Inc, a propósito de una acción indemnizatoria por efectos nocivos del asbesto planteada en Estados Unidos en contra de Federal-Mogul Corporation T&N Limited y empresas subsidiarias o afiliadas. Ella está dirigida a posibles afectados, para que participen en la votación del plan de saneamiento propuesto en el procedimiento, que contempla la creación de un fideicomiso para indemnizaciones.
Este tipo de situaciones será creciente en todas partes, tanto por ciudadanos que se defienden, como por empresas que recurren a tribunales y procedimientos especiales, en los cuales les resulta más cómodo defender sus intereses. Y las resoluciones de los tribunales tendrán alcances más allá de las fronteras, independientemente de si se trata de temas penales o simplemente civiles o comerciales.
La globalización económica de Chile no tiene marcha atrás, y tanto sus ciudadanos, como el propio Estado, estarán sometidos o tenderán a usar esos procedimientos, involucrando a sus tribunales en estos conflictos. En todas partes primará una tendencia homogeneizadora y de fijación anticipada de imágenes acerca de la eficiencia, probidad o transparencia que se cuestiona en cada caso.
Demás está decir la importancia que ello tiene para nuestro país. Sólo en el Centro Internacional de Arreglo de Controversias en materia de Inversiones de Washington, Chile tiene dos causas en trámite, acaba de perder una y podría tener fácilmente un par más en corto tiempo. Dos empresas chilenas, Lan y Lucchetti, han recurrido al mismo centro en contra del Gobierno de Perú.
Lo fundamental es que frente a esta especie de "lex mercatoria" de la economía global no hay escapatoria, y que la acción de los Estados debe sincronizarse para proyectar una imagen consolidada de capacidad técnica, probidad y transparencia en sus actuaciones, que el país y su interés nacional requiere. Y este no es un tema del Poder Judicial sino del Ejecutivo.
Por ello, llama la atención la lentitud y baja calidad de la respuesta pública de la Cancillería. La creciente complejidad técnica de nuestra política exterior exige un aparato mucho más calificado tanto en lo político como en lo técnico que el que actualmente exhibe. En general, éste se limita a una relación burocratizada con sus contrapartes, y es bastante incapaz de realizar proyecciones acertadas acerca de los requerimientos en materia exterior.
Peor aún, representaciones importantes para el estatus actual de Chile, son utilizadas como recompensa política, antes que como un pilar del desarrollo estratégico del país en el mundo globalizado.
Por ello, no resulta extraño el nombramiento de un ex ministro, envuelto en el escándalo de Inverlink que aún es investigado la justicia, como embajador en un país escandinavo. Ese escándalo le ha significado al Estado una pérdida patrimonial superior a los cien millones de dólares debido a una especulación, que fue posible por la incapacidad y falta de visión de las autoridades del sector, entre las que un tiempo antes estuvo el nuevo embajador.
Una situación de esa naturaleza, junto a los recurrentes casos de funcionarios acreditados ante otros países u organismos internacionales, que luego aparecen involucrados en problemas legales o inculpados de delitos (basta recordar el caso del funcionario consular que vendía visas en un país asiático), constituyen un indicativo que nuestra Cancillería no ha internalizado debidamente el cambio de situación estratégica del país, y que necesita un serio ajuste, para dar con el tono profesional adecuado.
