Un sistema electoral es aquel mecanismo que transforma votos en escaños. Existen dos grandes familias de sistemas electorales: mayoritarios y proporcionales. Los primeros entregan representación a mayorías relativas o absolutas en cada distrito, mientras que los segundos otorgan posibilidades de representación a más de una colectividad
Uno de los aspectos centrales dentro de las campañas electorales son los antecedentes relativos al desempeño de cada partido o coalición en comicios anteriores. De ahí podemos deducir el nivel de institucionalización que poseen estas colectividades dentro del sistema político (1). Además, al analizar cada unidad electoral por separado, es posible establecer un cierto grado de predicción respecto a los candidatos en competencia, aunque dichos análisis difieren según el tipo de elección que se realice.
En primer lugar, es necesario destacar las modificaciones que se han presentado en el sistema electoral para los comicios municipales de octubre de 2004, estableciendo elecciones separadas de alcaldes y concejales. Los primeros se eligen por mayoría relativa y los segundos por el denominado sistema D’Hont o de cifra repartidora. Un sistema electoral es aquel mecanismo que transforma votos en escaños. Existen dos grandes familias de sistemas electorales: mayoritarios y proporcionales. Los primeros entregan representación a mayorías relativas o absolutas en cada distrito, mientras que los segundos otorgan posibilidades de representación a más de una colectividad (2). De esta forma, para el caso chileno en las elecciones parlamentarias, el sistema binominal debe ser catalogado como proporcional. La particularidad de este sistema es su tendencia a estructurar dos grandes coaliciones que luchan por los dos cupos presentes o disponibles en cada distrito, pues la magnitud de distrito es igual a 2 (M=2), presentándose como problema la exclusión de las tercera fuerzas. Así, la institución electoral es capaz de producir importantes efectos sobre la composición y articulación del sistema de partidos (3).
Para el caso actual de las elecciones municipales existen ciertas particularidades. En los comicios de alcaldes la magnitud de distrito es 1, pues se elige sólo un representante. Algo distinto ocurre en las de concejales, donde el número se incrementa y la elección se realiza por sistema proporcional.
Una de las medidas existentes para determinar la seguridad electoral de un candidato dentro de una comuna corresponde al Margen Absoluto de Seguridad Electoral (MAS). Este indicador funciona de la siguiente manera:
Votos Totales + 1
Escaños + 1
Aplicando esta fórmula al caso de sistema de elecciones de alcaldes, tenemos lo siguiente:
100 + 1 = 50% + 1
1+1
Es decir, la seguridad absoluta de que un candidato obtenga la alcaldía pasa por obtener el 50% más 1 de los votos. Esto, independiente de la cantidad de sufragios que reciban los otros candidatos. En el caso de una competencia cerrada este margen se reduce notoriamente, fluctuando de acuerdo a los participantes o candidatos incumbentes.
Los incentivos para votar: Estrategias de campaña
Una de las propuestas centrales para la solución de problemas de participación electoral ha sido la modificación del voto obligatorio por el voto voluntario (4). A primera vista, dicho cambio incrementaría la participación electoral, particularmente de los jóvenes, fortaleciendo así la democracia (5). De esta manera, el costo por votar sería ostensiblemente más bajo. Paralelo a esta propuesta surge la de la «inscripción electoral automática». En ella existe un consenso que compartimos: agiliza el proceso de inserción electoral y anula el costo por inscribirse en alguna oficina pública (6).
¿Cuáles son los incentivos de los votantes para participar electoralmente?. En principio, podemos aseverar que dichos incentivos son casi inexistentes en las elecciones parlamentarias debido a la baja probabilidad de que un voto decida la elección. En la actualidad, la mayoría de los distritos posee representantes de ambas coaliciones, disminuyendo así la posibilidad de doblaje. Por ende, el incentivo del votante a participar es casi inexistente cuando el dispositivo interno del «juego iterado» de la elección perdura en el tiempo (7). La salvedad se da cuando existen disputas dentro de la misma coalición. En este caso, la competencia interna tiende a incrementarse, pues el candidato que obtenga más votos dentro del pacto alcanzará un escaño.
Algo muy distinto sucederá en la elección de alcaldes. Bajo la consigna de que el «que saca más votos gana», el valor de un voto es ostensiblemente mayor comparado con las elecciones parlamentarias. Así, presentamos la siguiente fórmula:
U= Pb – C, donde U= Utilidad; Pb=Probabilidad de Beneficios; C= Costos.
Es decir, desde una óptica de la elección racional, lo más beneficioso para el individuo sería no votar. La utilidad del voto, si depende de los beneficios que puede alcanzar el individuo con el triunfo de su candidato, sería menor a los costos por votar. ¿Qué hacer para lograr que el resultado de esta operación sea positivo?.
U= Pb – C + D y [Pb + D] > C
En este caso, la clave para que la utilidad por votar sea superior a 0 es la D, que significa «deber de votar». Por tanto, esta institución electoral es fundamental para lograr que los ciudadanos acudan a las urnas (8). Las sanciones que se establecerían al que no asiste a votar se sumarían a los costos, generando pérdidas (9). En caso de que no existiera un «deber de votar» lo más racional sería no suscribir el acto electoral debido a la inexistencia de utilidades.
Fuera de cuestiones de orden estrictamente normativas y de sanción, los incentivos apuntan a la esfera electoral. La campaña, por tanto, debe ir en esa dirección. El votante debe asumir que su sufragio sí puede ser decisivo para que su opción sea la ganadora. Este mensaje, probablemente, sea uno de los más relevantes dentro del área electoral de la campaña. Si bien difiere del área de contenidos, donde lo central son las políticas públicas, la zona de incentivos del votante se debe profundizar con un discurso que intente hacer entender al electorado la utilidad del voto.
*Mauricio Morales Quiroga es Magíster en Ciencias Sociales por la FLACSO-México, Cientista Político y Periodista.
(1) Mainwaring, Scott y Scully, Timothy (eds), Building Democratic Institutions, Stanford, Stanford University Press.
(2) Nohlen, Dieter, Sistemas electorales del mundo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981.
(3) El concepto de institución se sigue de Japperson, Ronald, «Institutions, institutional effects and institutionalism», en DiMaggio, Paul y Powell, Walter (eds.), The New Institutionalism in organizational Analysis, Chicago, University of Chicago, 1991.
(4) En este escrito nos referimos particularmente a Chile, pero tal situación también es replicable para otros países de América Latina.
(5) Este argumento es contrario al que se sostiene en Lijphart, Arend, «Unequal Participation: Democracy’s Unresolverd Dilemma. Presidencial Ardes, American Political Science Association, 1996», American Political Science Review, vol. 91, N° 1, Marzo 1997.
(6) Ambas propuestas, es decir, la del voto voluntario e inscripción automática fue realizada por el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, en su Discurso Presidencial del 21 de mayo de 2004. Ver, www.presidencia.cl.
(7) Tsebelis, George, Nested Game: The Rational Choice Approach in Comparative Politics, California, University of California, 1992, p. 34.
(8) AAVV, «Institution», en The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions, Basil Blackwell, Oxford, p. 291.
(9) «Las sanciones, en sentido amplio, normalmente son reconocidas por las partes a quienes afectan y pueden estar interiorizadas en su procesos de deliberación». Peters, Guy, El nuevo institucionalismo en la Ciencia Política, Barcelona, Ed. Gedisa, 2003, p. 79.
