El funcionamiento de Ralco pone fin a un conflictivo y triste episodio de la política indígena, ambiental y energética nacional, en el que se vieron afectadas las comunidades indígenas, los movimientos ciudadanos, muchos funcionarios gubernamentales, sectores empresariales, e incluso el gobierno en el ámbito internacional. Por esto, es importante repasar como país las lecciones de Ralco.
La imprevista visita del presidente Lagos al Alto Bio-Bio este fin de semana, tiene el claro propósito de calmar las críticas del movimiento indígena y ecologista por su próxima participación en la inauguración de la Central Ralco.
Como estrategia comunicacional pretende expresar un «reconocimiento personal simbólico» al pueblo pehuenche para callar las voces indígenas que han sufrido por la construcción de la central hidroeléctrica y por el debilitamiento de la política y la institucionalidad indígena. También Lagos pretende calmar las tensiones políticas que ha generado este proyecto por casi una década, tanto en la sociedad chilena como en el seno de la propia concertación.
Pero este gesto personal no es suficiente. El funcionamiento de Ralco pone fin a un conflictivo y triste episodio de la política indígena, ambiental y energética nacional, en el que se vieron afectadas las comunidades indígenas, los movimientos ciudadanos, muchos funcionarios gubernamentales, sectores empresariales, e incluso el gobierno en el ámbito internacional. Por esto, es importante repasar como país las lecciones de Ralco.
La central Ralco en el Alto Bio-Bio fue aprobada ilegalmente en 1997, a través de una Resolución de Calificación Ambiental, ratificada por el Consejo de Ministros de la CONAMA.
Se aprobó no sólo con insuficientes estudios e irregularidades técnicas en materia ambiental -no subsanadas por las adendas durante la evaluación ambiental-, lo que significó altos niveles de confrontación con los ecologistas.
Además, se realizaron graves violaciones a la legislación indígena, vulnerando los derechos consagrados en ella que protegían a los pehuenches. Entre ellos, los artículos 1 y 13 que establecen la protección de los territorios indígenas y que mandatan al Estado a ser garante de este derecho inalienable. Junto a esto, se pasó a llevar el artículo 34 y siguientes, que se refieren al pleno consentimiento de las comunidades sobre cualquier proyecto o plan de desarrollo que se establezca en sus territorios.
La vulneración de estos derechos y las presiones a la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) trajeron como consecuencia la renuncia de dos directores: Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura y de los consejeros Cristian Vives y Millaray Valenzuela, que representaban al Ejecutivo en dicha Comisión. A lo cual se sumó la rebeldía de todos los representantes indígenas, graves fisuras en la Concertacion y la deslegitimación definitiva de la CONADI como espacio de relación entre el gobierno chileno y los pueblos indígenas.
Políticamente este hecho le costó al gobierno la ruptura con el pueblo mapuche, con el cual había iniciado una nueva relación a partir del Acuerdo de Nueva Imperial en 1989 y la promulgación de la Ley Indígena en 1993.
A los costos políticos nacionales, se sumaron los costos internacionales: la exposición del caso Ralco en diversos foros, en el marco de Naciones Unidas, la OEA, el Parlamento Europeo y la Comisión Mundial de Represas, significó un serio revés a la imagen de Chile en el escenario internacional, culminando con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia a las comunidades pehuenches por dilatar 5 años la respuesta a la acción legal interpuesta por estas.
A consecuencia de ello, el Sexto Juzgado Civil de Santiago en abril del 2003 debe declarar nula la aprobación de la Central Ralco, a esa fecha ya construida en un 90%. Lo que obliga al Ejecutivo a desarrollar una propuesta de compensaciones a las familias pehuenches.
La mezquindad privada obligó al gobierno a improvisar compensaciones públicas, originándose dos memorandos de entendimiento: El primero entre Berta Quintreman, Mercedes y Rosario Huenteao y Aurelia Marihuan y Endesa compensándolas como «afectadas directas» con 200 millones de pesos y 70 hectáreas a cada una, compensación que las obliga a desistirse de las acciones legales y administrativas pendientes.
El segundo, firmado sólo por el gobierno y las 10 familias que Endesa se negó a reconocer como «afectados directos», a pesar de vivir en las tierras a inundar, contempló la compra del Fundo Porvenir (1200 hectáreas) asistencia técnica, soluciones habitacionales, pensiones, becas, etc. Todas compensaciones que debió asumir Endesa, pero que tomó el gobierno, cargando sobre el hombro de todos los chilenos los costos de un subsidio inaceptable e inconsulto a Endesa-España, empresa transnacional con gran presencia energética en América Latina.
Es justo que los pehuenches sean compensados por los daños sociales, culturales y por la pérdida de sus tierras que el Estado debe proteger, pero los costos tenía que pagarlos la empresa dueña y beneficiaria del proyecto y no todos los chilenos.
Esto nos permite sacar una última lección de Ralco: la «oscuridad jurídica», que el gobierno debe aclarar a la ciudadanía. ¿Será precedente jurídico que en Chile se viole la Ley Ambiental e Indígena, se dilate la aplicación de justicia, se concluyan los proyectos y luego se compense a los afectados con cargo a todos los chilenos?
El próximo 27 de septiembre, un año después de las compensaciones que permitieron «dar legalidad» a la conclusión de las obras, se inaugura la Central Ralco y se anuncia con bombo la presencia del presidente Lagos. Pero salvo su visita personal y de bajo perfil a las mujeres pehuenches, sin presencia de ministros, dirigentes o autoridades políticas, ningún mensaje se ha dado a la ciudadanía.
Esperamos que, si el presidente Lagos decide legitimar políticamente a Ralco con su presencia, explique previamente al país las lecciones del proceso y entregue claridad sobre las oscuridades pendientes.
Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable
