En diversos hospitales de nuestro país siguen llegando mujeres que, en estado grave, requieren terminar con un aborto que partió en una clínica clandestina, en la casa, con la «partera» del barrio o quién sabe dónde y que, muchas veces, derivan en la muerte por prácticas insalubres.
El aborto, aunque sea de carácter terapéutico, está absolutamente penalizado en Chile. Es decir, si una mujer corre un riesgo vital al proseguir con un embarazo, o bien, el bebé no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir después del parto, igualmente se impone a la madre el dolor y el peligro de continuar hasta que el proceso finalice de manera natural.
Pero no siempre fue así. Estuvo permitido en Chile desde 1961 hasta 1989. Durante este período, toda mujer que requería de un aborto terapéutico contaba con salud pública disponible para ella pero, pocos días antes de abandonar el poder, el general (R) Pinochet lo penalizó y, al llegar la transición democrática, ha sido inviable revertir esta situación.
No obstante, las mujeres siguen abortando. La Organización Mundial de la Salud reconoce que al año mueren al menos 70 mil mujeres por procedimientos inseguros. Lo que corresponde al 13% de las 600 mil muertes maternas que se producen todos los años a nivel global.
En América Latina, se estima que se realizan más de cuatro millones de abortos inducidos cada año. A raíz de las complicaciones que se derivan de estos, mueren alrededor de seis mil mujeres y muchas más sufren secuelas irreversibles. En la actualidad, Chile ostenta una de las tasas más altas de América Latina, estimándose que ocurren 160.000 abortos todos los años. Es decir, uno de cada tres embarazos no termina.
Sin embargo, estas cifras son sólo una pequeña muestra, ya que no incluyen los abortos realizados en clínicas privadas, ocultos bajo el nombre de otro tipo de procedimientos, o los que resultan exitosos en los sitios clandestinos.
Este problema es una realidad que se conoce, pero de la que no se habla. Es un tema tabú que, muchas veces, se maneja en forma personal o se acude a mujeres cercanas como madres, hermanas o amigas, en busca de apoyo cuando el soporte profesional que es necesario, debería obtenerse en el servicio público. Además, no existen investigaciones que aborden el tema desde su origen, es decir, que se pregunten qué es lo que induce a una mujer a practicarse un aborto, con el fin de buscar una solución de raíz.
No cabe duda que la decisión de abortar es un proceso muy íntimo de la mujer. Cada una puede tener múltiples razones para hacerlo: violación, maltrato, problemas económicos, proyectos de vida, en fin; no hay un caso igual al otro. Pero es también un hecho que este problema tiene también su origen en la presión social.
Estamos enfrentados a una deshumanización de la mujer. Por un lado se les pide procrear, aumentar la tasa de natalidad, pero, por otro, se les exige trabajar, autosustentarse y ser productivas. Estando embarazada o con proyectos de hacerlo, las opciones de mantenerse en el campo laboral disminuyen considerablemente.
Sucede lo mismo con la crianza de los hijos: las exigencias del trabajo no permiten cuidarlos y las restricciones en las licencias por este motivo así lo demuestran. Finalmente, la presión social lleva a decenas de miles de mujeres al año a plantearse la posibilidad de abortar más allá del deseo de tener un hijo, sino que desde la posibilidad de mantenerlo.
No se trata de defender el aborto como la panacea a la pugna entre ser madre o trabajadora. Muy por el contrario, es una defensa a la maternidad amenazada.
En la medida en que la sociedad siga imponiendo trabas a la maternidad, indudablemente, el número de abortos seguirá creciendo, y si las mujeres no pueden contar con una atención médica y sicológica en el servicio público, también continuarán las muertes por procedimientos indebidos.
No podemos seguir cerrando los ojos ante una realidad éticamente difícil y dolorosa, sino que debemos enfrentarla en toda su complejidad y amplitud. El problema del aborto no es un asunto aislado, sino que el efecto de una multiplicidad de causas.
Cada vez más se hacen necesarias políticas públicas que aseguren una educación sexual y planificación familiar eficientes y cercanas a la realidad de las personas y que no abandone a su suerte a las mujeres o las sancione con cárcel por tomar una decisión a la que, muchas veces, fueron empujadas.
*Sohad Houssein es periodista de Foro Ciudadano (www.forociudadano.cl).
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