Once años de la Ley Indígena: avances y tareas pendientes - El Mostrador

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Once años de la Ley Indígena: avances y tareas pendientes

por 7 octubre, 2004

¿Cuántos oficiales y altos mandos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son actualmente indígenas?. Y así y todo hay que decir que diversos indígenas son parte de las filas castrenses y son reconocidos por sus cualidades. ¿Cuántos indígenas son directivos en Universidades chilenas públicas?. Y la cantidad de profesionales indígenas que hoy se distinguen como abogados, sociólogos, arquitectos y médicos suman una cuota importante. ¿Cuántos indígenas hay en el Parlamento?. Hoy no existen diputados n

En la ciudad de Collipulli (tierras coloradas) se conmemoraron 11 años de la Ley Indígena 19.253, promulgada el 5 de octubre de 1993 por el Presidente Patricio Aylwin. El evento contó con la presencia de la nueva Ministra de Mideplán, descendiente diaguita, Yasna Provoste Campillay y otras altas autoridades gubernamentales.



La evaluación de esta Ley y de su aplicación requiere un estudio más acabado. Esto será tarea de importantes organismos públicos y privados, especialmente académicos. Ello no impide adelantar algunas ideas. Primero: es necesario señalar que nunca como antes el Estado de Chile ha destinado mayores recursos fiscales y una mejor preocupación por el tema indígena como ha acontecido durante los gobiernos de la Concertación democrática.



La primera señal de esta preocupación está dada, precisamente, por la promulgación de esta Ley que derogó el Decreto Militar 2.568 que tanto daño causó al mundo indígena y su patrimonio territorial durante la dictadura militar. Un segundo aspecto es indicar que entre 1990 y el año 2003, es decir en 13 años de gobierno democrático el Estado ha destinado no menos de USD 26 millones de dólares que han permitido, entre otros aspectos, recuperar más de 250 mil hectáreas de tierras y derechos de aguas para las comunidades aymaras, atacameñas, pascuences y mapuches.



Un tercer aspecto a destacar es que más de 40 mil familias indígenas (cerca de 150 mil personas) se han visto beneficiados con el financiamiento de proyectos de fomento al desarrollo económico y territorial, la capacitación de recursos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil indígena y su cultura. La Ley 19.253 abrió un camino de restauración de derechos ancestrales fundamentales y de reconocimiento jurídico de las costumbres y valores de nuestros Pueblos Originarios.



Si todo esto y mucho más ha sido posible, entonces, ¿porqué persiste entre los indígenas una sensación de distancia con el Estado e incluso de perseverante insatisfacción?. Durante gran parte de estos años, la problemática indígena es entendida por conservadores y demócratas como un problema de pobreza y falta de desarrollo. Entonces, se ha marcado la tendencia a buscar resolver este problema de fondo mediante la destinación de importantes recursos financieros para hacer frente a dicha situación. Eso está muy bien y es parte de la solución de los conflictos indígenas. Pero seamos francos: los bienes que se otorgan a los indígenas son bienes que se otorgan a todos los chilenos por igual.



Es decir, cuando se construyen caminos y puentes, cuando se otorgan subsidios y se dan becas de estudio, cuando se facilita asistencia técnica y capacitación ¿qué diferencia a estos beneficios del común de los chilenos?. Incluso, en muchos de estos beneficios todavía estamos atrasados como sociedad. Y tan sólo observemos lo que sucede con los subsidios de vivienda, por ejemplo, a los cuales los indígenas no tienen un fácil acceso.



La problemática de las relaciones entre Pueblos Indígenas, Estado y Sociedad fue, es y será principalmente política. Es decir, la Ley Indígena no es todo lo suficiente para restablecer la dignidad de los derechos ciudadanos indígenas. Esto es, su capacidad de formar parte en la toma de decisiones. En muchos ámbitos de nuestra sociedad persisten formas veladas e incluso abiertas de discriminación.



¿Cuántos oficiales y altos mandos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son actualmente indígenas?. Y así y todo hay que decir que diversos indígenas son parte de las filas castrenses y son reconocidos por sus cualidades. ¿Cuántos indígenas son directivos en Universidades chilenas públicas?. Y la cantidad de profesionales indígenas que hoy se distinguen como abogados, sociólogos, arquitectos y médicos suman una cuota importante. ¿Cuántos indígenas hay en el Parlamento?. Hoy no existen diputados ni senadores indígenas. Sí hay alcaldes y concejales. Altas autoridades de Gobierno, que sean descendientes indígenas, son contados con los dedos de la mano.



Hay una velada discriminación en la superestructura de la sociedad chilena. Y eso es percibido por el mundo indígena como un factor de desvalorización. Si agregamos a esto, lo que ocurre con el impacto de megaproyectos en territorio indígena, como fue el emblemático caso de Ralco, entonces el circuíto de percepción indígena respecto de las deudas pendientes de la sociedad chilena, se hace muy sólido.



Al cumplirse 11 años de la Ley corresponde fortalecerla y hacerla más extensiva. Por esa razón, toda modificación que pueda afectarla debe ser revisada con detención, a objeto de que en el mediano o largo plazo no se convierta en letra muerta para la sociedad. También corresponde que el Parlamento cumpla, de una vez, su compromiso hacia los Pueblos Originarios aprobando el reconocimiento constitucional y la norma 169 de la OIT, que son aspiraciones muy sentidas del mundo indígena.



Once años en la vida de nuestros Pueblos Originarios es muy poco comparado con los 512 años de descubrimiento y conquista. Pero estos once años han sido fundamentales en el despertar de una nueva conciencia entre los indígenas. Y esto está muy estrechamente ligado al surgimiento de un reconocimiento mundial al valor de diversidad cultural. Podemos avanzar como país en los años futuros hasta lograr una auténtica reconciliación entre indígenas y sociedad, a partir del reconocimiento pendiente de sus derechos políticos fundamentales.



Domingo Namuncura Serrano. Ex Director Nacional de Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).

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