El respeto a la autoridad

Chile es prácticamente el único país del mundo donde las personas se refieren a los funcionarios públicos como «la autoridad». Es común escuchar a los periodistas aludir y catalogar a todo empleado publico de cierto rango y nivel como «la autoridad».



Tanto en democracia como en dictadura, Chile tiene una larga cultura autoritaria. Los verdaderos lideres son escasos. La mayoría de quienes ostentan poder publico lo ejercen más por la vía de hacerse obedecer que por el convencimiento y la cautivación.



Algunos creen que autoridad que no abusa, no es autoridad y por lo tanto se desprestigia. Los chilenos somos, en general, un rebaño fácil de mandar. La gente, por regla general, obedece y teme a la autoridad.



Pero resulta que si el respeto a la autoridad es puramente miedo, entonces ésta no es respetable.



En este país el solo hecho de discrepar fuertemente con un funcionario publico, en adelante «la autoridad», o faltarle el respeto es un delito que se paga caro, incluso con penas de cárcel (esto lo viví en carne propia).



La probabilidad de ir preso por «insultar» a una autoridad es mayor que si se comete asesinato, violación o secuestro.



El senador Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda) por leer un discurso (1948 – Yo Acuso) que incomodó al Presidente de la República de aquel entonces, tuvo que refugiarse por varios meses en casas de amigos. Alejandra Matus, por escribir un libro sobre la justicia chilena, también logró escapar de la cárcel. Se exilió en Estados Unidos. Sin ánimo de caer en la auto-referencia barata, a mí me encarcelaron (una noche) por criticar a la Corte Suprema.



En Chile aún rigen y se aplican las denominadas leyes de desacato. Leyes anacrónicas propias de la época de la colonia. Estas figuras legales otorgan a los servidores públicos condición excepcional y privilegiada donde el vilipendio o el insulto es una falta más grave si está dirigida a la «autoridad», que si la misma se dirige hacia el ciudadano. Propio del siglo XVII.



Muchas autoridades han escapado del escrutinio publico amparados en la protección de su honor e intimidad. Ahora les podría resultar aun más fácil.



Los honorables diputados, en forma unánime, aprobaron una ley para que amplia el ámbito de protección frente a la crítica. De ser aprobada por el Senado, esta ley impide a la ciudadanía conocer e informarse sobre los actos de las autoridades. Esto constituye una forma más de eludir la critica y sancionar con penas de cárcel y/o dinero a todo aquel que ponga en duda su desempeño o les «falte el respeto».



Seguramente usted creerá que estoy exagerando un poco la nota. A modo de ejemplo y para terminar, me permito recordar algunos hechos del pasado que si esta ley (Protección a la Honra e intimidad) hubiese estado vigente, usted jamas habría conocido :



– La reproducción de documentos del caso MOP-Ciade.



– Las filmaciones de Chilevisión al juez Calvo, donde reconoce ante una cámara oculta tener «tejado de vidrio» para investigar el caso Spiniak.



– Las consultas que le hicieron periodistas al senador Jaime Naranjo respecto a qué parentesco tenía con determinada persona, a la que le pagaba honorarios por asesorías, y que resultó ser su esposa.



– La revelación del viaje de los ministros Luis Correa Bulo y Juan Araya a Cuba, junto al abogado Mario Valenzuela Henríquez, conocido excarcelador de narcotraficantes.



– Fotos o imágenes de parlamentarios, por ejemplo, durmiendo en el Congreso o escarbándose la nariz, mientras otra autoridad da un discurso.



– Imágenes del ministro Jaime Ravinet empujando a un crítico de su gestión.



– Cualquier caricatura humorística o que sirva para graficar una columna de opinión, a partir de la cual la persona caricaturizada considere que afecta su dignidad.



– Todos los titulares humorísticos de The Clinic.



– La filmación hecha por Chilevisión a la doctora María Luisa Cordero entregando licencias médicas falsas.



– La divulgación de la relación personal entre Michelle Bachelet y un frentista.



– Cuando el ministro del interior de Frei votó con su carnet de conducir.



Un diputado, Zarko Luksic, al menos con sinceridad, refiriéndose a esta ley dijo: «Creo que sobre esta materia hay decisiones filosóficas, sociológicas, culturales, antropológicas, etcétera, dentro de las cuales estamos envueltos y debemos legislar. Me siento tremendamente ignorante y desguarnecido ante las decisiones que vamos a tomar». Otro diputado, Maximiano Errázuriz, con la misma honestidad reconoció que votó la ley sin leerla. Sin más comentarios.



Eduardo Yáñez Morel. Comité Pro-Defensa Ciudadana.