Sería altamente contradictorio en esta tendencia de largo aliento hacia una mayor democratización, que la coalición que ha liderado ese proceso tenga una involución o retroceso en cuanto a sus propios procedimientos internos.
En el debate latente sobre el mejor candidato de la Concertación para derrotar a Lavín en las próximas presidenciales, se esbozó en su momento y podría tomar fuerza durante los próximos meses la tesis del «mejor derecho», que, según sus autores, correspondería a un candidato o candidata de la Democracia Cristiana.
La Concertación debería haber aprendido hace tiempo, y más aún con el affaire Schaulsohn, que el «mejor derecho» es el que otorga la legitimidad democrática. Es cierto que la democracia plantea siempre un desafío: como la legitimidad democrática es siempre ex post, una vez que el pueblo ha hablado en las urnas, queda pendiente el momento ex ante: cómo elegir a la candidata o el candidato.
El sentido de un mecanismo como las primarias abiertas es, justamente, que el «pueblo» adherente a una coalición determinada se pronuncie ex ante y, en el ejercicio de su soberanía, elija al o la candidata que mejor lo represente. Y luego ese candidato o candidata se presente ante el «pueblo» en sentido amplio, en representación de su coalición.
La Concertación inició el camino de la recuperación democrática con una decisión cupular. El contexto histórico así lo ameritaba y la decisión de llevar a Patricio Aylwin como candidato fue compartida y aceptada sin demasiadas tensiones en 1989. Con posterioridad, y a medida que se avanzaba en la reconstrucción democrática, el mecanismo priorizado -consistente con esa tendencia societal- pasó a ser el de primarias abiertas, hecho del cual resultó la legitimidad tanto de Eduardo Frei Ruiz Tagle, en su momento, como de Ricardo Lagos en los suyos (el de disciplinado perdedor frente a Frei y el de respetuoso ganador frente a Andrés Zaldívar).
En el último tiempo, se ha seguido avanzando en el proceso democratizador, hecho refrendado en el histórico acuerdo para eliminar enclaves autoritarios de la Constitución del 80 como los senadores designados y vitalicios, junto a la desactivación del tutelaje de las Fuerzas Armadas sobre el poder civil, mediante las modificaciones conocidas a las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y la restitución al poder civil (Ejecutivo y Legislativo en conjunto) de la facultad de destituir a los comandantes en jefe de las FF.AA.
Por ello, sería altamente contradictorio en esta tendencia de largo aliento hacia una mayor democratización, que la coalición que ha liderado ese proceso tenga una involución o retroceso en cuanto a sus propios procedimientos internos. Las primarias abiertas son, lejos -más allá del costo económico y los roces inevitables de la competencia interna- el mecanismo más adecuado y coherente con los valores que la coalición ha defendido a través de su exitosa trayectoria política.
Ahora bien, si los que se cierran a ese mecanismo desean enarbolar la tesis del «mejor derecho» como argumento para imponer la candidatura de Soledad Alvear o la alternativa suicida de Frei o Adolfo Zaldívar, creo que es posible -a la manera de Althusser- «asaltar» dicha tesis con resultados que, sin duda, los harán palidecer.
En efecto, existen tres razones de peso para argumentar que el «mejor derecho» (si negáramos la posibilidad de primarias abiertas) lo tiene Michelle Bachelet y no la o el candidato demócratacristiano.
Primera razón: es el subpacto PPD-PS-PRSD, ya sólidamente alineado en torno a Michelle Bachelet, el más fuerte y no el subpacto de la Democracia Cristiana más independientes, según la medida más reciente que muestra las fuerzas respectivas: 27% versus 21%, según votación por concejales en las recientes elecciones municipales.
Segunda razón: desde la recuperación de la democracia, la Democracia Cristiana ha ocupado la titularidad del Ejecutivo durante dos períodos (Aylwin y Frei Ruiz Tagle) y el bloque progresista sólo uno, el actual mandato de Lagos. Curiosa simetría aritmética: con el reciente recorte del período presidencial de seis a cuatro años, un eventual gobierno de Bachelet completaría un perfecto equilibrio entre períodos de gobierno de los dos polos de la coalición, es decir: diez años para la DC (4 de Aylwin y 6 de Frei) y diez años para el polo progresista (6 de Lagos y 4 de Bachelet).
Tercera razón: si, por consideraciones de economía, apremio en salir a enfrentar con un candidato ya definido a Lavín o temor al enfrentamiento interno, la Concertación decidiera usar un sucedáneo de soberanía popular, prescindiendo de las primarias abiertas, el sucedáneo más adecuado parecen ser las tendencias sistemática registradas por las encuestas (para evitar el efecto «fotografía de un momento», que entrega una sola medición). Como se sabe, desde hace ya bastante tiempo, de manera sistemática, Michelle Bachelet supera a Joaquín Lavín en intención de voto en las encuestas más serias disponibles en la plaza. En la encuesta más reciente, la de Feedback-La Tercera, esa tendencia se reafirma y la novedad es que, por primera vez, Soledad Alvear supera a Lavín, pero siempre por debajo del nivel de adhesión que, frente a la misma disyuntiva, registra Bachelet.
En definitiva: las primarias abiertas son el mecanismo más adecuado para que la Concertación de Partidos por la Democracia (Ä„deténganse por un momento en el nombre de la coalición, por si se les ha invisibilizado su naturaleza profunda!) elija a su candidata o candidato. De ese modo permanecería fiel a sí misma y a la tendencia societal en pro de una profundización democrática
Y si se renuncia a ese mecanismo, los hechos parecen demostrar que es Michelle Bachelet, y no otros, los que tienen «el mejor derecho», si algo así puede aún enarbolarse como argumento en política democrática.
Fernando de Laire D.es sociólogo.
