Con motivo de la visita del Presidente Lagos a nuestra Región para incentivar las buenas prácticas laborales en el agro, la Dirección del Trabajo desclasificó un informe de sus inspecciones, que muestran que casi la mitad de las mismas terminan en infracciones por graves abusos a la dignidad de las personas.
En forma destemplada, FEDEFRUTA ha dicho que es hacer un serio daño al país el planteamiento que encabezamos con el diputado Aníbal Pérez en relación a pedirle a la OIT que supervise el cumplimiento de las normas laborales en el sector frutícola, descalificándonos además de movernos por intereses electorales. A más de un año de las próximas elecciones, en el mismo momento (30 de noviembre) en que en la frutícola San Alberto, 50 temporeras fueron afectadas por una accidente por exceso de cloro en el agua del lavado de cerezas, provocando gases que causaron graves malestares a las trabajadoras que debieron ser atendidas en el consultorio de Malloa.
No hay irresponsabilidad ni electoralismo; sino responsabilidad social con una fractura social cotidiana que los parlamentarios de regiones agroexportadoras presenciamos a diario. Aunque se ha avanzado en relación a la total desregulación laboral y ambiental de los años 80s, sigue habiendo enormes abusos con los trabajadores agrícolas y contratistas en general, que van contra la propia sustentabilidad de dicho negocio y la meta de que el país se convierta en una potencia alimentaria entre los diez primeros países exportadores hacia el Bicentenario.
Pronto llegaremos a exportar 10 mil millones de dólares en alimentos, en especial fruta fresca, pero ello enfrentará desafíos de mayor responsabilidad laboral y el imperativo ético de que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida a los trabajadores agrícolas de regiones como la Sexta y la Séptima, que compartimos las mismas características: alto desempleo en invierno y alto empleo temporal en verano, baja sindicalización y negociaciones colectivas, altas tasas de enfermedades vinculadas al uso indiscriminado de pesticidas, bajos salarios (ambas regiones entre las cuatro de más bajos promedio de salarios de las trece regiones del país).
El Estado ha dado pasos en mayores fiscalizadores (aunque insuficientes), en incipientes proyectos para mejorar la capacitación y competencias para aumentar la productividad (y se espera los salarios), mesas para enseñar el uso responsable de pesticidas y agroquímico (aunque siguen los episodios de graves intoxicaciones), mejoras en transporte de temporeros y en condiciones higiénicas con baños y comedores (no generalizadas).
Pero los datos son irrefutables, peligrosos y conmovedores. Con motivo de la visita del Presidente Lagos a nuestra Región para incentivar las buenas prácticas laborales en el agro, la Dirección del Trabajo desclasificó un informe de sus inspecciones, que muestran que casi la mitad de las mismas terminan en infracciones por graves abusos a la dignidad de las personas.
De las 540 fiscalizaciones en el año 2002, el 48% culminó con infracciones. De las más de 900 entre octubre del 2003 y abril del 2004, el 45% terminó en sanciones por incumplimiento de contratos, personas sin contratos, falta a las normas de higiene, no pago de cotizaciones previsionales. Todo ello sin sumar las multas de la débil fiscalización de transporte en el aún demasiado común traslado de temporeros en tractores y acoplados, o las multas a plantaciones por uso inadecuado de materiales tóxicos para heladas o exposición de trabajadores y temporeras a pesticidas sin la ropa de protección o sin respetar los tiempos de latencia de los productos.
Por cierto, no se puede generalizar. En nuestra propia Región sabemos de empresas con sindicatos y con programas de capacitación para su personal, como los casos de La Rosa Sofruco, AgroSúper y Greenwich. Puede ser que algunas de las infracciones sean menores, o que muchas se «expliquen» por el propio sistemas de enganchadores o subcontratistas que se ha hecho común con muchos inescrupulosos, o por las empresas medianas-pequeñas que usan rentas presuntas, lo que deja espacios para no formalizar y explicar ante la autoridad los gastos en personal respectivos.
Pero hay casos espeluznantes como el informe de un fiscalizador a la empresa Santana Export de Requinoa, donde tras un historial de graves abusos e infracciones en todo el quinquenio, concluye este año acudiendo al packing tras una denuncia anónima, no encuentra a nadie, y al otro día, descubre a los trabajadores asustados en la hora de colación, impagos, sin contratos, comiendo en ollas comunes. La empresa fue multada y posiblemente pagará los dos millones de pesos de penalización. Pero allí hay un caso paradigmático de lo que no es aceptable.
Estamos concientes, que Santana Export no es la norma de nuestros empresarios agrícolas, pero el 45% de infracciones a 900 inspecciones, es la punta de un iceberg que no puede seguir escondiéndose.
Esta situación es peligrosa, como lo advierte el experto Diego López de Oxfam, en su estudio «Los Derechos Laborales en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos», donde recuerda que el tratado incluye anexos explícitos de que Chile no puede «rebajar» sus normas laborales para generar mayor competitividad para su comercio (o se peca de dumping social), no pueden ser rebajadas y la obligación de su cumplimiento exige a las partas revisiones periódicas.
Nos preguntamos si es antipatriótico advertir que es inaceptable para la seriedad de Chile y la dignidad de los trabajadores agrícolas, pedir un pacto social y laboral para no padecer un 45% de incumplimientos a las actuales normas laborales, higiénicas y previsionales de Chile en el sector agrícola.
Todos queremos que la agricultura progrese y lo está haciendo, pero ello no puede ser a consta del subempleo, de la subcontratación sin indicadores de decencia, de miedo a los sindicatos y las negociaciones, que incluso se da en países donde campea el liberalismo como EE.UU., donde hay negociaciones por valles de mínimos salariales por faenas.
Los grandes países se fortalecen con pactos sociales, con tener menos miedo al otro, y atreverse a interlocutar. Los trabajadores son responsables y sacrificados y merecen compartir los frutos de la fecundidad que cosechan por sus empresas. Negociar y dialogar permite compartir épocas de vacas flacas, pero también de vacas gordas.
No se puede apostar siempre a que niveles de 10% de desempleo nos proveerá mano de obra barata. Empresas modelo aumentan su productividad cuando negocian, pagan lo digno y cumplen todas sus obligaciones, incluyendo jardines infantiles para las mujeres temporeras (o al menos animarse a pactarlos con los municipios y el SERNAM que han debido afrontar esta demanda creciente).
Como nos diría el Padre Hurtado, Chile será más cristiano y solidario cuando perdamos el miedo al otro. Ese es el llamado a los empresarios agrícolas y sus organizaciones. La autorregulación, el compartir buenas prácticas y el reconocer que falta un pacto social en el agro, abrirá las puertas a un ciclo de ser potencia agroalimentaria con trabajadores y trabajadoras con un sueldo y condiciones de vida más digna. Es tarea del Estado y los gobiernos locales (se ha avanzado en muchas condiciones), pero sobre todo, al interior de los propios packings y plantaciones. Es una denuncia por el bien de Chile.
Esteban Valenzuela Van Treek, Diputado PPD por Rancagua.
