Una vergüenza resultó el proyecto royalty II, dado a conocer esta semana por el gobierno, a través del cual se cierra el camino al pago por extracción de recursos naturales. Pues parece incomprensible que los gobiernos de la Concertación no sean capaces de cuidar el capital natural del país, ni defender los intereses de todos los chilenos. Hasta ahora, siguen presentando fórmulas insostenibles que mantienen los privilegios de grandes empresas privadas a costa del desarrollo nacional.
La propuesta del «royalty II» elimina el mecanismo de renta minera, cambiándola por un impuesto especifico del 5% sobre las ganancias operacionales de las empresas con ventas superiores a 5 millones de dólares anuales. Pero esta medida puede verse anulada por evasión tributaria. De hecho, tal como ha ocurrido hasta ahora, las mineras privadas pueden evadir los impuestos, al declarar continuas pérdidas.
También resulta inaceptable que la propuesta del gobierno de Lagos continúe hipotecando el futuro de este recurso, al proponer una ley que impide cambiar el marco jurídico de la minería en los próximos 15 años.
Chile es el principal productor a nivel mundial, con un 39% de la producción internacional. Los recursos mineros son agotables y en este sentido el Estado tiene la responsabilidad de asegurar aquel capital equivalente al mineral que se extrae, con el fin de mantener los ingresos una vez que el cobre se acabe o disminuya su valor comercial.
Hoy el país y las regiones están siendo vaciados de sus recursos naturales, pero nadie responde por ello. Al perpetuarse el actual sistema, Chile continuará perdiendo capital natural no renovable y disminuirá sus ingresos por sobreproducción de cobre. Esto, distorsiona el mercado internacional y hace descender el precio del metal.
Mayoritariamente en poder de empresas extranjeras, los recursos mineros de Chile sólo están dejando gran cantidad de dinero en manos de pocos. Por esto, es fundamental que se pague una regalía minera o royalty por la extracción de los minerales y no por las ganancias de las empresas, como lo postulan las autoridades.
Tal como lo reflejan las cifras, entre 1992 y 2002, Codelco, que tiene el 42% de la producción nacional, pagó 9.496 millones de dólares al Fisco, a diferencia de las mineras privadas que, entre el mismo período, sólo cancelaron 1.700 millones al Estado, pese a realizar el 58% de la producción nacional, es decir más que Codelco.
Con más de lo mismo y sin presentar una propuesta verdaderamente efectiva que establezca una renta minera, continuamos observando una visión herrada y cortoplacista de parte de nuestras autoridades. Adicionalmente, el empleo que generan las mineras es insignificante, pues sólo aporta el 1,7% al empleo total nacional.
A su vez, la mayor parte de los beneficios de la producción de la gran minería retornan a las casas matrices de las empresas en países desarrollados y no quedan en Chile. Es decir, nuestro país explota sus recursos no renovables, sin compensar a la población y, en especial, a las regiones mineras, las cuales, además de vaciarse de recursos, sufren la degradación del aire, agua, suelo; conflictos por recursos hídricos y una grave herencia de relaves tóxicos.
Por todo esto, es fundamental la aplicación de un royalty a los recursos mineros, práctica común en casi todos los países mineros del mundo. Chile es rico en recursos naturales, pero no puede continuar regalando sus riquezas mineras, ya que además de no cobrar regalía minera, posee una de las tributaciones más bajas a nivel mundial para el sector.
Pese a la falta de voluntad de las autoridades para legislar con un proyecto justo, que efectivamente incluya la regalía minera y reconozca la propiedad y derecho del Estado chileno sobre los recursos mineros, es necesario continuar con la campaña ciudadana por recuperar la renta de nuestros recursos naturales. Ésta en una primera etapa debe asegurar un royalty del 10% (equivalente a lo que Codelco entrega por Ley Reservada del Cobre) y dejar abierta la puerta para futuros mejoramiento del marco legal, para recuperar el beneficio de este recurso para las regiones mineras y para el desarrollo nacional.
Sara Larraín es directora del Programa Chile Sustentable.
