Uno de los valores esenciales de una democracia moderna reside en el equilibrio informativo, que está compuesto, de un lado, por la amplitud y tolerancia respecto de todas las opiniones y, de otro, por un manejo riguroso de la noticia, donde el respeto de la honra de las personas ocupa un importante lugar, en continua y no siempre pacífica interacción con el derecho a informar y a informarse.
Las informaciones surgidas recientemente a raíz de la publicación del Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, han cuestionado en forma profunda la conducta seguida por algunos medios periodísticos y también el trabajo de sus periodistas.
No podía ser de otra manera, ya que, salvo algunos pocos casos que podrían entenderse como cubiertos por una especie de atenuante o eximente derivada del clima de amedrentamiento y censura que existió durante la dictadura militar (1973-1990), la mayoría de los silencios, tergiversaciones y omisiones al deber de informar en aquella época son por completo inexcusables e inaceptables.
Mirando al pasado, no resulta creíble que los medios periodísticos y los profesionales de la información, con todas las oportunidades que su posición en la sociedad implica, pudieran haber estado ajenos al conocimiento de las masivas violaciones de derechos humanos, que resultaban a todas luces indisimulables.
Es parte de los hechos objetivos de la época que la aplicación de una fuerte censura gubernamental no tuvo mayor oposición de parte de los grandes medios de comunicación. Por el contrario, apoyaron editorialmente el golpe de Estado, así como el sentido y consecuencias de las políticas adoptadas.
Ese grave traspié ético debe servir como punto de partida para una severa reflexión sobre el rol de la prensa y sobre su responsabilidad informativa. Es necesario poner un especial énfasis en el deber de no ocultar información, pero también en la necesidad de comprobar acuciosamente las informaciones suministradas por las fuentes.
Es obvio que un medio de noticias está siempre expuesto a la posibilidad de incurrir en errores, sea porque la fuente lo indujo a ello o por cualquier otro motivo. Pero una cosa es que se trate de un error, que es posible de rectificar, y otra cosa muy distinta e inaceptable es que exista un dolo oculto, dirigido a plasmar operaciones políticas o a la obtención de beneficios económicos o a la confección de listas negras.
La ética periodística y los diarios electrónicos
Lo anterior es particularmente sensible en el caso de los diarios electrónicos, donde se hace un esfuerzo periodístico y técnico para informar al público permanentemente, apenas se producen los hechos noticiosos (on line con la noticia), y, por lo mismo, bajo un umbral de evaluación breve y crítico entre la fuente y el momento de la publicación. Se contribuye a una oportuna y eficaz información al ciudadano, pero la posibilidad de error aumenta, por lo que deben redoblarse los esfuerzos del chequeo de los contenidos. Debe aumentarse la eficiencia, pero sin disminuir el rigor y la precisión y, sobre todo, sin afectar la veracidad de la información.
Un periódico electrónico es medio y fuente al mismo tiempo, y conlleva el desafío de una doble responsabilidad de exactitud y equilibrio de lo informado. De ahí la importancia que tiene el resguardo de las fuentes y, al mismo tiempo, la seriedad y la seguridad de lo que se informa. La presión por la primicia jamás debe desbordar los controles necesarios en cada medio para garantizar la veracidad de las informaciones que se emiten.
Error en El Mostrador.cl
Este medio periodístico publicó, hace algunos días, una noticia con imprecisiones de forma tan relevantes que pudo inducir a confusión a sus lectores, contradiciéndose así -involuntariamente- los principios expuestos más arriba. Por eso sentimos el deber profesional de reconocerlo públicamente y de aportar claridad sobre el carácter de lo informado. Este error ha significado un doloroso proceso crítico interno, del cual esperamos salir fortalecidos en nuestras convicciones y en nuestros procedimientos.
Dicha noticia versó sobre la existencia de un Informe preparado por la Coordinadora de Organizaciones de Ex Presos Políticos, consistente en un listado de varios cientos de uniformados y civiles vinculados directamente, o como cómplices o como encubridores, a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se le agregó al final de la nota periodística un link o vínculo electrónico para que los lectores que quisiesen acceder al contenido íntegro del Informe, pudiesen hacerlo. Se trataba de una fuente pública, aparentemente seria y avalada por diversas señales emitidas por los más altos personeros del Gobierno, por parlamentarios y por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Es del caso que la nota periodística de El Mostrador.cl -por equivocación en las formas, como se ha dicho- no expresó con suficiente énfasis y claridad, atendida la gravedad de las imputaciones que contenía, que el comentado Informe no fue realizado ni reporteado ni chequeado por este medio informativo. A través de él, sólo se pretendía dar cuenta de la existencia del listado (el cual se hizo público horas después a través de una conferencia de prensa llamada por la propia Coordinadora de Organizaciones de Ex Presos Políticos) y aportar una breve reseña del mismo, sin dar nombres ni detalles.
Nos preocupa que esta carencia de precisión haya podido causar desconcierto en algunos lectores, quienes pudieron haber llegado a la equivocada conclusión que el listado era nuestro o que tenía el aval de credibilidad de El Mostrador.cl. Aclaramos que ello no fue así ni nunca se pretendió que lo fuera, ya que jamás nos ha constado la exactitud ni veracidad del contenido de dicho Informe.
Este diario electrónico tiene como eje de su política editorial, definida desde su fundación, hace ya casi cinco años, el publicar solamente noticias debidamente chequeadas.
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