En mayo de 1981 se inició el sistema de previsión a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con la obligatoriedad de afiliación y sin permitir a los afiliados el más mínimo control del manejo de sus ahorros. Los trabajadores debieron traspasarse de las Cajas a las AFP, eliminándose el aporte patronal y reduciéndose el porcentaje mensual de retención previsional de un 30 a 20 por ciento, lo que significó un aumento del sueldo líquido de los afiliados al nuevo sistema. La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) es el organismo contralor que representa al Estado al interior del sistema chileno de pensiones, que está basado en la capitalización individual. Si un trabajador tenía 30 años al momento del traspaso a una AFP, habiendo transcurrido 24 años, está a 6 u 11 años de la edad para jubilar, según sea mujer o varón. Según datos de la SAFP, a diciembre de 2003, la cantidad de afiliados era de 7 millones, con 4 millones de varones y 3 millones de mujeres. Las personas en edad de jubilar en los próximos 12 años son, aproximadamente, 380 mil.
Esto refleja que para el 2011 el sistema previsional estará en el momento culminante, la prueba de la blancura, cuando un enorme contingente de afiliados deba jubilar. Y he aquí la gran amenaza que advierten los trabajadores: las Administradoras, hayan administrado con éxito o fracaso los fondos previsionales, han cobrado sus comisiones con cargo a los fondos de capitalización de los afiliados (Arts. 28 y 29 D.L. 3.500).
La esencia del modelo
El capital acumulado en el sistema, que se estima bordea los 45 mil millones de dólares, constituyó una de las bases financieras para el crecimiento económico de las grandes empresas. Cuando el sistema partió se autorizó invertir en títulos públicos de renta fija. Posteriormente, a medida que se recomponía la economía después de la caída de 1982, se autorizó a las AFP invertir en empresas en proceso de expansión, lo cual era certificado por firmas Calificadoras de Riesgo, con lo cual los grandes grupos económicos, dueños de las principales Administradoras, pudieron canalizar esa energía financiera hacia proyectos privados. Los grupos obtuvieron la ventaja de un capital fresco, emitiendo bonos o acciones que eran adquiridas por las AFP. Luego, se eliminó este requerimiento de certificación previa y las AFP quedaron libres de invertir en los proyectos que eligieran. Como medida de mínima precaución, la Superintendencia de AFP fijó tres opciones de fondos para que los afiliados pudieran elegir, en función de su riesgo-beneficio, la canasta más segura o la más rentable, para la colocación de sus ahorros.
Paralelamente, las AFP fueron autorizadas a invertir en los mercados de capitales fuera del país en porcentajes que actualmente están en el 12 por ciento de los fondos acumulados. Esto, que en teoría diversificaba el riesgo, hoy puede aumentarlo por la tendencia deficitaria de los Estados Unidos y las experiencias de fraude de conglomerados norteamericanos en el mercado bursátil.
Una crisis anunciada
El Instituto de Normalización Previsional (INP) dio el alerta el año 2004 sobre la Proyección Previsional de la población afiliada y cotizante a las AFP. En un acabado estudio sobre los beneficios y coberturas que daría el sistema a las personas que jubilen en los próximos 10 años, se señala que para obtener el derecho a una pensión mínima el afiliado debe tener 240 cotizaciones. El drama masivo proviene de una realidad de inestabilidad laboral y desempleo, que se traduce en que casi el 60% de los afiliados cotiza con una densidad de menos de 4,2 meses por año y si esto se mantiene en el tiempo, esa mitad de afiliados al sistema de AFP no alcanzará la cantidad mínima requerida de cotizaciones para alcanzar la pensión mínima. Peor será la situación de las mujeres cotizantes que son aproximadamente 3 millones de trabajadoras y de las cuales 2 millones no van a lograr la meta para la garantía estatal.
En el mismo sentido, en el sector público, se ha creado la Agrupación de Funcionarios Públicos por Daño Previsional, que ha determinado a través de un estudio encargado al Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, el deterioro de las jubilaciones de los funcionarios que fueron obligados a traspasarse a las AFP, los que están obteniendo un 30 por ciento menos de jubilación que los que se mantuvieron en el sistema antiguo, hoy INP. Esto fue producto del retraso de las remuneraciones respecto al IPC y de los escuálidos bonos de reconocimiento que se otorgó a estos trabajadores durante el régimen militar.
Acciones correctivas
La CUT y la ANEF han manifestado su preocupación por el daño previsional que afectará a los trabajadores y exigen que sea corregido y evitado ahora por el gobierno. En vista de los brillantes resultados de crecimiento obtenidos por el país en su sector externo, desmantelar esta amenaza para las proyecciones económicas es un asunto de Estado. Las soluciones correctivas pueden ser de variada índole, como por ejemplo, la inclusión de representantes de los trabajadores en los Directorios de las AFP. La ley sólo establece la estructura de las comisiones que pueden cobrar las AFP para financiar sus operaciones, pero el nivel de las comisiones es fijado libremente por cada Administradora; frente a esto es necesario la fijación de un límite para las comisiones y gastos de las Administradoras, prohibiendo que los perciban en caso de malos resultados en su cometido.
Sería un factor de reactivación si el afiliado pudiera, por una vez al menos, durante su período de ahorro, disponer de parte de su fondo individual para utilizarlo en la adquisición de bienes inmuebles o bienes de capital. Una medida de este tipo reorientaría el capital acumulado hacia las personas, con un efecto multiplicador indudable para la economía.
Se ha calculado en un estudio de CENDA que, con una esperanza de vida de 78 años para los hombres y de 82 para las mujeres, compensar la pérdida previsional de los funcionarios públicos alcanzaría a un bono de 977 millones de dólares. Debe considerarse que la permanencia de los trabajadores públicos después de cumplida la edad de jubilar, para evitar la pérdida de ingresos, ha llevado a un envejecimiento de las dotaciones del sector público, significando un freno para una sana carrera funcionaria.
Para el caso de las mujeres, se podría autorizar que pudiesen cotizar, aun siendo cargas de sus maridos, dejándolas llenar períodos de lagunas que las afectan, asegurándoseles por ley especial una pensión mínima a los 60 años de edad. Esto evitaría un gran costo social por una población femenina anciana sin cobertura. Esta solución es viable porque serían las propias mujeres las que pagarían sus lagunas, evitando el desamparo en la vejez, hacia donde confluye un enorme número de mujeres solas.
Sin duda un tema crucial para la agenda social que demanda decisiones urgentes.
* Hernán Narbona es especialista en gerencia internacional y relaciones internacionales, escritor, académico y consultor.
