Con muy poco tiempo de diferencia el país ha sido testigo de dos hechos relacionados. En primer lugar, el suicidio del coronel (R) Germán Barriga, un ex DINA y ex CNI, que en la carta que deja para explicar su determinación se caracteriza como víctima (en aquella no hay rastro de arrepentimiento, menos alguna forma de solicitud de perdón). Luego, el también en retiro general Manuel Contreras, sub jefe de la DINA, cuando debe ser notificado de la pena que le corresponde cumplir alega persecución, injusticia e Ä„inocencia!. Ambos hechos son una muestra más de la estrategia de victimizarse, con que los implicados en violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por la dictadura y su entorno, están afrontando los juicios en tribunales y el juicio social.
Entonces por extraño que pueda parecer a quien conozca los hechos sucedidos en Chile durante la dictadura, o a cualquiera que tenga al menos rudimentos de conocimientos jurídicos, se nos quiere convencer que los criminales victimarios serían en realidad víctimas cuando se los sanciona social o legalmente. La culpa y la maldad es de los que no quieren «dar vuelta la página» y siguen «encadenados al pasado».
Afortunadamente son cada vez más las personas de muchos países, convencidas de que sea donde sea que se violen derechos humanos, a quien sea y por los motivos que sea, son delitos que deben ser castigados por los tribunales. Entonces, ¿qué pasa en Chile que para no poca gente es válido que violadores de derechos humanos no sean procesados ni encarcelados?. ¿Pueden acaso haber criminales violadores de derechos humanos «buenos» y otros «malos» dependiendo de por qué y a quién se secuestre, torture y asesine?. ¿Qué pasa en este país que ciertos criminales son defendidos públicamente cuando son citados a tribunales?.
Se imagina Ud. a una mafia alegando a través de los medios que debe terminar el «desfile ante los tribunales» de sus miembros, que son víctimas de una persecución y que logren cumplir sus penas en cárceles especiales. Lo peor es que los uniformados y sus abogados públicos de la derecha de la oposición, han logrado hacer visible en la agenda pública ese «malestar» de las fuerzas armadas (en teoría no deliberantes). Afirman con una seguridad pasmosa que intentar que los Tribunales castiguen a los criminales es fruto de una vil sed de venganza, con lo cual demonizan a las víctimas, a sus deudos y a su empeño por buscar verdad y justicia. Campaña que adquiere verosimilitud en un país ansioso de amnesia, en que la falta de opinión y compromiso se valora como espíritu consensual o se disfraza como interés por «mirar hacia el futuro».
De imponerse ese absurdo, falaz e inmoral criterio habría entonces que volver a escribir muchos episodios de la historia reciente. Pues, no sería culpa de los nazis, sino de los gitanos, homosexuales, minusválidos, judíos, eslavos o comunistas. No sería culpa de los turcos, sino de los armenios. No sería culpa de los judíos, sino de los palestinos… Da risa. Pero como sí ocurre en Chile y en relación a hechos gravísimos, da pena y/o vergüenza.
No obstante, a la vez, esa extrema derecha pone el grito en el cielo por la delincuencia común. Y para qué preguntarse qué opinarían si los delitos de la dictadura los hubieran sufrido ellos. Incluso si una banda de criminales comunes planeara y ejecutara detalladamente un secuestro con violación, con sádicos maltratos y asesinato con todas las agravantes jurídicas. Sin embargo, cuando de los mismos crímenes son culpables uniformados su opinión es diferente.
Visto así, no se puede dejar de citar el «gesto» del general Cheyre dando una señal pública y política al interrumpir sus vacaciones y visitar de uniforme a la familia del fallecido coronel Barriga. Y como todos sabemos que el pésame personal era aquí secundario, se entiende que al respaldar a un coronel miembro de organizaciones criminales respalda a todos los militares que formaron parte de ellas.
¿Qué ocurre aún en el Ejército que su Comandante en Jefe realiza con publicidad ese «gesto» que todos sabemos que no es sólo humanitario?. ¿Lo quiso realizar de motu propio o lo debe realizar por las presiones dentro de la institución?, ¿cuál de las dos alternativas es peor?. Las dudas planteadas llevan a su vez a preguntarse, ¿será posible que todavía existan uniformados que apoyen a personas que, aunque fueron camaradas de armas, cometieron actos atroces?. En este ambiente el calificativo de «traidor» vertido públicamente por los parientes de esos criminales siembra dudas en cuanto a las corrientes de «opinión» al interior del Ejército. Pero, de hecho logrará mejorar la imagen de Cheyre en la sociedad civil democrática que lo considerará un halago. Mientras el gobierno lo definirá como una prueba de blancura, que el mismo general podrá exhibir a su haber.
En tal sentido, no puedo dejar de recordar la actitud del ex mayor Carlos Herrera Jiménez. Criminal confeso, reo rematado que cooperó con la justicia y aceptó públicamente sus acciones como crímenes terribles. Hasta denunció que quienes los ordenaron, el Alto Mando uniformado y civil de la dictadura, siguen libres escondiéndose en la culpa de los mandos medios que sí han sido sometidos a juicio y encarcelados. ¿Arrepentimiento sincero, lavado de imagen pública o «traición»?
Hay una película del director griego Costa-Gavras en que un anciano húngaro, padre de una abogada estadounidense, es acusado de crímenes que habría cometido como miembro de un grupo paramilitar nazi húngaro durante la Segunda Guerra Mundial. Ella, como es de esperar, lo defiende como hija y como abogada en los tribunales. Pero cuando se entera que las acusaciones son verdaderas, que su padre sí cometió las crueldades de las que lo acusan, envía la evidencia al fiscal.
En Chile, esa «traición» también es ficción. Aquí los criminales victimarios parece que todavía son camaradas de armas víctimas de turbias campañas de la que forman parte nada menos que los Tribunales de Justicia. Y muchos de sus cómplices civiles, son respetables políticos que los defienden ante la opinión pública. El mundo al revés, el ladrón detrás del juez…
(Para una muestra de la magnitud de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, ver en especial dentro del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, el capítulo V: «Métodos de Tortura: Definiciones y Testimonios», en www.gobiernodechile.cl)
Andrés Monares. Antropólogo, profesor en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
