Hace tiempo que los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar vienen escabullendo el debate sobre sus conductas como parlamentarios en el Senado de la República. Se escudan en el privilegio de no declarar personalmente como lo hace cualquier ciudadano y recurren a la querella criminal por injurias y calumnias, ante cualquier denuncia que se haga a su gestión. No obstante, mi idea es insistir en ejercer el difícil rol que todo ciudadano debe asumir en una democracia consolidada, es decir, fiscalizar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y llamar la atención pública, cuando el interés común se subordina al interés privado, debido al comportamiento de sus autoridades. En esta tarea que en Chile se ha vuelto riesgosa, ambos hermanos -si fueran coherentes- deberían protegerla celosamente, puesto que constituye una acción imprescindible para el funcionamiento sano de la democracia.
Recientemente leíamos que expertos de la OEA, en el día mundial contra la corrupción, señalaban que en Chile las incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos, constituían las áreas de mayor riesgo de corrupción. A esto se agrega una pésima calificación para nuestro país por el problema de los conflictos de intereses que exhiben las autoridades, la confusión entre política y negocios, así como, por la escasa libertad de expresión y la falta de efectividad de las denuncias ciudadanas. En la mayoría de los códigos de ética parlamentaria del mundo se establece que un miembro del Congreso no debe aprobar una legislación que tenga como propósito promover su interés financiero o el de sus familiares o el de algún grupo a que pertenezca él o sus familiares. También deben abstenerse de votar y/o participar en alguna comisión donde tales intereses estén en juego.
Este es precisamente el caso de los hermanos Zaldívar, al menos en lo que se refiere a la tramitación de la legislación pesquera chilena. Estas leyes en las que ellos han participado activamente comos miembros de la comisión de Pesca del Senado, a las que ha concurrido con su voto favorable, han mandado a la pobreza y sumido en la miseria a miles de pescadores artesanales, quienes gracias a su gestión están condenados a desaparecer, pues la devastación y depredación inmisericorde del mar chileno que sus leyes han propiciado -en dos años acabaron con el 80% de la merluza- han limitado severamente sus posibilidades de trabajo. Es más o menos conocido que estas leyes han favorecido a un extremadamente limitado grupo de empresas y grupos económicos. Empresas en las que el «Clan Zaldívar» tiene un elevado patrimonio accionario y grupos económicos, como el de Angelini, en donde un hermano de ambos ha sido gerente general, presidente del directorio y mano derecha por más de 40 años de uno de los hombres más ricos del mundo, quien debe su riqueza a los mares chilenos y por los que nunca ha pagado royalty alguno. ¿No es acaso evidente que en este caso los hermanos Zaldívar, no deberían votar, ni participar en la discusión de estas leyes, ni menos aún ser miembros de la comisión de Pesca del Senado?
Para ser honesto, no tengo claro si estas conductas constituyen un delito de corrupción, jurídicamente hablando, pero no me cabe ninguna duda de que son profundamente antiéticas, atentan contra el sentido moral de la política, corrompen la democracia y la degradan.
Marcel Claude. Director de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
