Ya es un lugar común decir que la posibilidad de acceder a la educación superior es una de las condiciones que permiten el desarrollo de los países, facilitando la movilidad social y el bienestar del conjunto de la población. Chile ha aplicado un modelo que, si bien durante los últimos 20 años amplió la oferta, no ha podido aumentar significativamente los niveles de calidad, ni resolver los problemas de la demanda, pues el nivel de ingresos de la mayoría de los postulantes requiere algún tipo de subsidio y los recursos existentes no alcanzan. Por tal razón, es urgente convocar a un gran debate nacional donde se revisen sus fundamentos, se acuerden mecanismos e instrumentos que pongan a nuestro sistema universitario a la altura de los desafíos que tenemos por delante y se aumenten sustancialmente las oportunidades disponibles.
Pertenezco a una generación que fue testigo de la reforma universitaria implementada por la dictadura y que luchó contra ella. Lo que pensábamos en esa época se ha cumplido de manera estricta: el crédito fiscal alcanza cada vez para menos estudiantes y en porcentajes decrecientes, las universidades estatales están desfinanciadas, y no existe un control sobre la excelencia de las instituciones públicas y privadas, ni el poder adquisitivo suficiente para financiar el ingreso de cualquier hijo de vecino.
Para qué hablar sobre la realidad laboral de los profesores: allí están como pruebas las deficientes condiciones en que se realizan las actividades académicas; la mayoría, con contratos a honorarios, de marzo a diciembre, sin salud ni previsión y no reajustables; y la sobreexistencia de las carreras de pizarrón, por sólo nombrar algunas de las dificultades más evidentes.
La lógica del sistema es política y tiene que ver con el tipo de sociedad que querían construir los reformadores de 1980. El Estado fue suplantado por el mercado, el individualismo y el egoísmo reemplazaron al compromiso social, la mercantilización desplazó a la calidad, y la solidaridad dio paso a la competencia.
Nosotros, en cambio, hemos aprendido que el mercado es un eficiente generador de riquezas, pero un mal distribuidor de la misma, que el individualismo es distinto al respeto por las personas, por las libertades y los derechos humanos, en fin, que la ideología no puede reemplazar a la realidad. Por eso, debemos y podemos llevar a la práctica esa enseñanza colectiva, redefiniendo las características de la educación universitaria que queremos para nuestro país.
Es cierto que los gobiernos democráticos invierten más en este ámbito, pero eso no es suficiente. A todas luces nos encontramos ante una crisis que deberemos resolver tarde o temprano, y es mejor hacerlo ahora. No bastan más becas, una mejor recaudación del pago de los créditos, o el aporte de fondos privados: es imperativo diseñar un nuevo esquema que supere la brecha entre objetivos y resultados.
¿Pero cómo se puede responder a aspiraciones legítimas con recursos limitados? Esta es una pregunta básica de la economía, pero que deben responder los ciudadanos. La monserga tecnocrática, con un tufillo a neoliberalismo pasado de moda, habla de eficiencia y se olvida de la equidad, confunde la buena administración con la privatización, el balance en las cuentas públicas con la inversión social, la libertad de enseñanza con el derecho a la educación y el combate a la pobreza con el abandono de la clase media. Reemplacemos este discurso por uno más integral que, tomando en cuenta la experiencia, descarte estructuras ya fracasadas y disponga las bases para que Chile pueda dar el paso que anhelamos hacia una forma de desarrollo que privilegie la justicia, la igualdad y el progreso para todos.
El Estado debe volver a hacerse cargo de sus universidades. Así, en el marco de un incremento sustancial del presupuesto en educación, nos parece factible implementar un sistema mixto que incluya arancel diferenciado, becas, crédito fiscal y privado. Es cierto que somos un país de ingresos medios, que no puede darse el lujo de financiar completamente la educación superior, pero esto vale también para el otro lado, ya que tampoco es viable sostener el acceso en base preferente al bolsillo de las familias chilenas. Asimismo, es necesario reconocer que existen formas distintas de ingreso a la Universidad, pues mientras se llega a las instituciones del Consejo de Rectores vía PSU, a las privadas se puede entrar sin que ese requisito sea determinante.
De este modo, todos nosotros haríamos un esfuerzo por pagar íntegramente la carrera de aquellos alumnos que obtengan buenos resultados en las pruebas de ingreso a la Universidad y que efectivamente no tengan recursos, aportando de manera decreciente a los demás según el ingreso del grupo familiar. Para esto contamos con suficientes métodos para recabar la información, si no pregúntenle a las casas comerciales que persiguen de manera tan eficaz nuestras deudas y consulten encuestas como CASEN, herramientas que recogen bastante bien la realidad socioeconómica del país.
Los estudiantes más destacados, tanto del sector público como privado, deberían ser premiados con el financiamiento completo de sus estudios, para lo cual se conformaría un fondo de becas también de origen mixto, con un reglamento transparente y Comisiones bipartitas, a nivel nacional y regional que se encargarían de recaudar y definir a los beneficiarios, sin perjuicio de que continúen funcionando los mecanismos ya existentes o que aparezcan otros nuevos en forma autónoma.
Para el resto de los alumnos se implementaría un esquema de crédito fiscal o con aval del Estado, que tal como se está discutiendo en el Congreso, cuente con una presencia importante de los bancos y las AFP, que entrarían a este negocio estimulados no por el monto de las rentabilidades, sino por los volúmenes monetarios involucrados y su seguridad garantizada a mediano y largo plazo.
Estas transformaciones deberían implicar también reformas muy profundas en la actual administración burocrática y poco eficiente de las universidades públicas, y un control moderno por parte del Estado, otorgando la flexibilidad necesaria para los requerimientos del nuevo sistema.
Por su parte, las universidades privadas que quieran participar estarían obligadas a someterse a mecanismos de acreditación y fiscalización muy estrictos de la calidad de los servicios que prestan, informando ampliamente a sus potenciales clientes, en un esquema voluntario que por sus propios méritos ofreciera tales beneficios que resultara muy costoso quedar fuera.
Estas son algunas reflexiones y elementos dispersos que sólo pretenden estimular la urgente discusión de un tema tan importante para Chile como es el de la educación superior, más aun en los momentos previos a una nueva elección presidencial y parlamentaria, donde no existe obstáculo que pueda impedir que la potente voz del pueblo soberano se escuche fuerte y claro.
Cristián Fuentes Vera. Cientista Político.
