Una reciente encuesta reveló que, si bien la delincuencia es un problema grave en el país, la población cree que la oposición política no la podría enfrentar mejor que el gobierno actual. A pesar de este aparente «empate» sobre las soluciones, la seguridad ciudadana se ha instalado en el centro de la agenda electoral.
En este escenario, las próximas elecciones presidenciales abren un espacio ideal para el debate de las perspectivas e iniciativas de las políticas necesarias para enfrentar el delito. Ambas coaliciones deberán aprovechar esta oportunidad para definir su agenda de Seguridad Ciudadana, dejando de lado la tentación de importar políticas sin resultado comprobado y vinculadas principalmente al endurecimiento de los castigos. Por el contrario, esta contienda electoral debería permitir un verdadero debate de propuestas de prevención y control de la delincuencia.
En otras palabras, es necesario que el electorado nacional pueda distinguir entre las opciones que se plantean o reconocer la similitud entre ambas propuestas. Si bien son diversos los temas que requieren ser abordados en la temática, cinco son las áreas que no pueden faltar en la agenda del debate político de los próximos meses:
En primer lugar, se requiere de una institucionalidad a cargo y responsable de las iniciativas de seguridad ciudadana en el país, que permita (entre otras cosas) establecer un control civil sobre las policías y consolide un liderazgo clave en la agenda de gobierno. Este liderazgo es la única posibilidad para el desarrollo de estrategias de coordinación y compromiso con otras áreas del Estado.
De igual forma, las políticas de seguridad deben aumentar y mejorar su focalización en términos de los espacios a intervenir, así como la población objetivo. Es por ello que se torna prioritario establecer mecanismos de descentralización efectivos, tanto de las tareas como de las responsabilidades que corresponden a los diversos niveles de gobierno, como también el incentivo a decisiones innovadoras en el control de la delincuencia.
En tercer lugar, es necesario aprovechar las posibilidades que brinda la Reforma Procesal Penal para el aumento de la confianza en la Justicia, aceleración de trámites judiciales y mejor trato a la víctima. Así también se requiere debatir sus desafíos, especialmente vinculados con la necesidad de una mayor dotación policial, la especialización en la investigación, y las medidas alternativas a la encarcelación.
En este mismo sentido, el aumento de la población carcelaria en Chile es exponencial y los resultados de la rehabilitación dudosos. Así, es necesario debatir necesidad de leyes más efectivas, y la redefinición de los programas de rehabilitación penitencia. De otra forma la pretendida solución penitenciaria se convierte en una clara hipoteca del futuro.
Finalmente, las iniciativas destinadas a mejorar la seguridad de la población deben tener objetivos claros y evaluables. Saber qué se logra con las iniciativas desarrolladas y cómo se invierte el dinero público permitirá disminuir la sensación de impunidad e inseguridad frente a los delincuentes.
Estos temas deben formar parte de un verdadero debate de ideas sobre las políticas necesarias para disminuir la delincuencia en el país. Así, las coaliciones deberán otorgar un espacio de atención especial a la seguridad ciudadana en sus propuestas de política.
Lucía Dammert. Socióloga y Master en Planeamiento Urbano y Regional de la U. de Pittsburg. Coordinadora del Programa Seguridad y Ciudadanía, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile.
