El fallo de la Corte Suprema exculpando a la empresa Celco por el desastre ecológico en Valdivia deja en evidencia la crisis en el máximo tribunal de la justicia chilena y transforma a los quince millones de chilenos en los cisnes de cuello negro de un capitalismo salvaje cuyo único interés es la ganancia. Con el agravante, además, de una atmósfera de engaños procesales, ineficiencia de los organismos públicos encargados del sector y acciones poco éticas de abogados y lobbystas, lo que sumado a la ambigua y mediática actitud del gobierno, deja inermes a los ciudadanos y sin instancias a las que recurrir.
Desde hace bastante tiempo se alzan voces sobre la necesidad de una modernización profunda del máximo tribunal, para ponerlo en sintonía con la gran cantidad de cambios que está experimentando la administración de justicia en nuestro país. Muchas de ellas consideran que tenemos un tribunal supremo con estándares de primer mundo en materia de costos y de tercer mundo en eficiencia y capacidad técnica. En los hechos, en la distribución del presupuesto del Poder Judicial, la Corte Suprema se lleva un volumen importante de los recursos.
Su actuación en el caso Celco confirma en grado sumo los juicios negativos sobre el tribunal. Si con algo se pudiese justificar sus privilegios y su enorme poder sería en virtud de la necesidad de que los conflictos de intereses más importantes de la sociedad, especialmente aquellos que involucran derechos fundamentales, sean resueltos con estricto apego al derecho. Y con un conocimiento y análisis muy riguroso de los hechos que los originan, para que la decisión final se sostenga imperturbable, aunque ella sea contraria a la opinión pública mayoritaria.
Nada de esto ocurre en la realidad, y menos en este caso. La Corte Suprema atribuyó un estudio técnico sobre la muerte de los cisnes a una fuente académica prestigiada y neutral y lo usó como argumento en su fallo, cuando en realidad era un estudio de la empresa acusada, la que se vio de inmediato favorecida con este hecho. Más aún, cuando queda en evidencia que se trata de un engaño o error, el tribunal realiza una corrección en el fallo, enmendando la referencia al estudio, como si se tratara de una cuestión puramente formal o de redacción, y no de un elemento pericial y de prueba relevante para la sentencia.
A la actitud de la Corte Suprema se debe agregar cierta indolencia que ha manifestado el gobierno en cuanto a su firmeza para defender un funcionamiento transparente de las instituciones. En su Mensaje al Congreso, el Presidente Ricardo Lagos señaló, refiriéndose al tema medioambiental, que Chile haría un esfuerzo por elevar sus estándares al nivel de las exigencias de la OCDE.
Ahora ha trascendido que el cierre inicial de la Planta Celco estuvo motivado por la necesidad de contrarrestar un inminente informe negativo de esa organización, lo que movilizó, asimismo, en un viaje especial a Europa, al ministro Secretario General de la Presidencia y a la encargada de la Comisión Nacional del Medioambiente. Una vez salvado el escollo ante la OCDE, la severidad inicial ha cedido. De otra manera no se explica la inercia con la cual ha reaccionado el gobierno ante un problema que compromete la fe del máximo tribunal de justicia del país, y con ello la credibilidad del país, a los ojos de todo el mundo.
El modelo de desarrollo chileno y su bien ganado prestigio económico no es compatible con un capitalismo sin reglas, en el cual los empresarios puedan depredar de manera implacable los recursos naturales y las instituciones. Más aún, la adhesión que muestra la ciudadanía por la economía de mercado tiene fundamentos muy racionales y está orientada por fuertes valores que cuestionan esa actitud. Entre ellos, lo ambiental, como lo demuestran las movilizaciones por el caso Celco y la marcha el sábado pasado en Vallenar motivada por lo que ocurre con el proyecto minero Pascua Lama en la Tercera Región.
Sería absurdo pensar que de tal convicción está excluido el mundo empresarial. Sus sectores más modernos y abiertos, incluso dentro de la misma actividad, no comparten la actitud actual del grupo Angelini de transformar al Estado y sus instituciones en un muro de papel. Ello incluso habría sido debatido dentro del propio grupo económico, y motivado el alejamiento de algunos de sus ejecutivos en meses anteriores.
El gobierno debe estar consciente que este caso constituye una señal estratégica de nuestro desarrollo. El éxito internacional de Chile depende cada vez más de sistemas limpios de producción, de instituciones transparentes y de una democracia estable y respetable, que exhiba no sólo exitosas tasas de crecimiento económico sino una clara conciencia de lo que es el bienestar de sus ciudadanos.
