No parece normal que debates en torno a hechos singulares y corrientes en una democracia terminen siempre en una discusión sobre las bases de la institucionalidad democrática del país. Si en cada coyuntura, por más tensa que ella sea -en este caso, debido a la elección presidencial-, no está claro cuáles son las reglas del juego y los mecanismos para encauzar los debates y estos terminan en conflictos encarnizados, obviamente estamos ante un déficit estructural del sistema político.
Dicho de otra manera, resulta plenamente justificado que la oposición juegue su papel de fiscalización y denuncia, y que el gobierno defienda denodadamente su gestión. Esa es la esencia del juego político. Lo anormal es que esa discusión se concentre, de una manera desproporcionada, en los procedimientos para que las denuncias sean canalizadas, porque ello es señal que ni oposición ni gobierno han pensado nunca seriamente el problema, y más allá de un enunciado de principios, la elite política no se ha preocupado seriamente de dotarse de una verdadera institucionalidad de fiscalización y control.
El fuego cruzado entre el gobierno y la oposición sobre contratos en la administración pública y empresas del Estado, ha instalado un verdadero reality show de la política, que confirma la apreciación de que poco o nada de pensamiento institucional existe en la cabeza de nuestra clase política.
Es necesario que se esclarezca y establezca la verdad en torno a
contratos que aparecen como poco presentables. Preocupa la transparencia, probidad y ética con que se manejan las autoridades. Esta inquietud no debe ser utilizada como arma efímera -pero muy destructiva- en época de campañas electorales sino para lograr que se instale una base moral permanente de administración pública sobre la que se levante el Estado democrático, al igual como en el reconocimiento y respeto por lo derechos fundamentales.
La principal empresa del país, Codelco, uno de los líderes corporativos mundiales en la minería del cobre, ha pedido a la Contraloría General de la República que examine la legalidad de sus contratos de consultoría. La denuncia inicial sobre contratos poco transparentes a favor de un familiar del Presidente Lagos ha provocado la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre el caso MOP-Gate, intento fracasado en ocho oportunidades anteriores.
Estos dos hechos señalados, dentro de los muchos que se podrían tomar del actual cuadro político, pueden generarle al país lesiones institucionales y económicas significativas. En el caso de Codelco, no resulta propio que la empresa estatal tenga un comportamiento liviano en alguna materia contractual. La búsqueda de la asesoría para la alta gerencia que ella necesita debe estar fuera de la polémica pública y pasar cualquier test de rigurosidad técnica y legal. Si ello no ocurre, está mal hecha.
De la misma manera, atacar a mansalva a Codelco lesiona un patrimonio de miles de millones de dólares, fundamental para la economía chilena, y no parece el acto de una oposición inteligente. En el mundo corporativo internacional este hecho pesa, y lo más probable es que en un tribunal arbitral internacional, ante una eventual controversia, un contendor extranjero pueda usar como antecedente estos hechos. Así funciona el mundo globalizado.
En el caso MOP-Gate las consecuencias pueden resultar peores, porque nadie garantiza que en el clima actual los contendientes se autocontrolen, y no terminen en un escenario de conflicto encarnizado, atacando o defendiendo, con el agravante que el tema de debate también está en los tribunales, hace más de tres años.
No parece adecuado radicar en dos sedes tan distintas, una judicial y una política, un tema que a la oposición le interesa para atacar directamente la imagen del Presidente de la República. Y es inexplicable que el gobierno haya sido tan necio como para ponerle un dique de más de tres años en el parlamento, afirmado en una demanda de disciplina de sus bancadas parlamentarias. ¿Quién alimentará a quién de ahora en adelante? ¿Lo investigado por la Cámara deberá pasar como información a la justicia, tendrá valor probatorio pericial, le permitirá al juez aumentar sus líneas de investigación?
Es evidente que las comisiones investigadoras de la Cámara, salvo muy raras excepciones, no son otra cosa que un ente amplificador de encarnizados conflictos políticos sin mayor valor técnico, y, por lo tanto, están destinadas al mayor escándalo mediático. Particularmente si la comisión sesiona en medio de un proceso eleccionario.
Resulta inconcebible la estrategia política del Gobierno durante años frente al tema. Es una evidente tontera descansar en la disciplina de la mayoría para bloquear un tema sensible o importante para la minoría, hoy en la oposición. Es una responsabilidad del antiguo equipo político, no del actual, que dejó montada esta bomba de acción retardada y no tuvo la sensibilidad para prever que hace mucho rato la transparencia es una demanda fuerte de la democracia.
Todo este varieté político, instalado cómodamente en el campo mediático, es la peor de las atmósferas para juzgar las conductas. Basta con alimentar a la prensa y a la televisión con una denuncia con apariencia de veracidad, para que se desencadene la percepción de culpabilidad de los denunciados, que muy probablemente estarán inermes e indefensos ante un «titular» espectacular, especialmente si alienta prejuicios y el catálogo de lugares comunes en el sentir colectivo sobre política, dinero o sexo.
Ante ello, es necesario e imprescindible que las instituciones funcionen. Pero que lo hagan de verdad.
