Editorial: La velocidad de la injusticia - El Mostrador

Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 08:43

Editorial: La velocidad de la injusticia

por 12 julio, 2005

Mientras todos los candidatos a la Presidencia de la República se esfuerzan por competir en sugerencias de severidad y represión en materia de seguridad ciudadana, no se les escucha una sola idea acerca de la amenaza de marginalidad que se cierne sobre los pobres en las ciudades del país, producto de un desarrollo que tiene excelentes estadísticas pero escasa sensibilidad humana. Eso es lo que está ocurriendo con los barrios periféricos de Santiago, por donde pasan las nuevas carreteras concesionadas del Moptt, que instalan muros de hormigón que tapan vista y sol a la gente.



Resulta sorprendente que uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, como es la enorme transformación vial y de transporte de la capital, se convierta en un foco de injusticia en el país, ya que unas barreras destinadas a eliminar los ruidos provenientes del uso de carreteras de alta velocidad, terminarán transformando a algunos barrios en ghetos, porque se optó por la solución más barata.



Dicha solución no es la única, sólo se la aplica porque se trata de gente pobre y sin organización. Ya la Autopista Central implementó barreras acústicas transparentes y, con anterioridad, la comunidad organizada de Temuco las exigió en el by-pass que se construyó en la carretera al sur. Hoy, ante la pasividad del gobierno, las Concesionarias Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur y el Acceso Sur a Santiago han llamado a licitación para construir cerca de 20 kilómetros de vallas de hormigón, en los bordes de la carretera que cruza barrios populares.



Lo peor es que ello ocurre porque los afectados son gente humilde, sin organización comunal, sin mayor capacidad para influir sobre las autoridades, sin preocupación de parlamentarios o candidatos, personas a las cuales se les puede ocultar o negar información.



El hecho resulta agraviante no sólo por ser un atentado a la urbanística y la integración de la ciudad. Sino porque, además, confirma la incumplida promesa de igualdad en el uso y goce de los frutos del desarrollo y la modernidad. El Estado no sólo debe entregar bienes económicos a los ciudadanos más pobres. También debe distribuir dignidad y sentido de pertenencia, a través de un espacio y viviendas dignas para vivir, de la posibilidad de desplazarse de manera libre, rápida, confortable y segura a sus lugares de trabajo o estudio, y de ambientes barriales sanos, con espacios de recreación y estética urbana efectivos.



Lo que está ocurriendo con las nuevas autopistas es todo lo contrario. Ellas están distribuyendo velocidad sólo a los que pueden pagarla, y segregación y aislamiento al resto de la ciudadanía, a través de muros cuyo único fundamento es que salen más baratos.



La opción de vías concesionadas en la ciudad no es, en principio, un hecho cuestionable. Pero para que sean soluciones adecuadas para todos, ellas deben ir acompañadas de un conjunto de acciones urbanísticas que garanticen, entre otras cosas, la transparencia y la integración de la urbe. Deben contemplar, además, franjas de transporte público que permitan que la velocidad y el confort se repartan de manera equitativa entre todos los ciudadanos, y no solo a los automovilistas pudientes.



Efectivamente, parte de ello se ha hecho. La nueva red de metro es un acierto inobjetable, pero requiere de la red de superficie para funcionar adecuadamente. El anunciado retraso del programa Transantiago hace dudar de la capacidad y voluntad de las autoridades para que estos temas de equidad no queden fuera de la agenda.



Pero hay un dato más. En medio de la batahola discursiva sobre la transparencia, Chile acaba de tener un serio revés ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta resolvió acoger y pasar a la Corte Interamericana la denuncia hecha por ecologistas por negación de información por parte de organismos públicos en el caso Trillium. Ello viene a ratificar el hecho de que la información pública en el país es un bien escaso, que es administrado de manera discrecional y hasta arbitrariamente, lo que muchas veces permite que ocurran situaciones como la de los muros de hormigón, donde se está actuando de improviso y con impunidad frente a un grupo de ciudadanos, sin que nadie se haga responsable.



Convendría saber qué opinan los candidatos sobre el hecho de que las llamadas iniciativas de Ciudades Seguras (safe cities) le otorgan a los diseños urbanísticos y espaciales, y a los temas de la integración de la ciudad, la más alta prioridad al momento de trabajar la seguridad ciudadana. Sobre todo para darle fluidez a su funcionamiento, eliminar los llamados puntos ciegos de seguridad, y facilitar la comunicación y conectividad social.

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