El juicio y el castigo a Jorge Lavandero constituye un drama humano. Un hombre que durante la dictadura y el periodo posterior encontró la dimensión de sí mismo se vio arrastrado a un juicio donde reaccionó con extravío. El error de Lavandero fue no haber luchado por probar su inocencia y haberse dejado seducir por las ventajas de un juicio abreviado y de una pena remitida. Cuando quiso retroceder ya era tarde. Después de este juicio es imposible, por lo menos para mí, formarme una convicción sobre la culpabilidad de Jorge Lavandero. Pero por desgracia tampoco sobre su inocencia porque flaqueó en la lucha por intentar demostrarla.
El relativismo ético y la debilidad del sentido de justicia del fiscal ha quedado en evidencia. No respetó las ventajas a las cuales se había comprometido al aceptar la abreviación del juicio y dio muestras de crueldad con un hombre ya anciano que había preferido no luchar por su inocencia ante el peligro de una prisión efectiva. Pero la conciencia del fiscal no tiene importancia para mi, porque este drama me interesa solo desde el punto de vista de Jorge Lavandero.
El enorme respeto que tengo por el hombre público que luchó contra la dictadura no puede hacerme olvidar que no hizo lo posible por probar su inocencia. Aunque entiendo su dilema estoy obligado a suspender el juicio sobre ese aspecto esencial. Nada de lo que hizo por el bien público lo libera de la culpabilidad, si ésta existió.
Condenado Jorge Lavandero en primera instancia empezó la danza de los Catones. Se demostró una vez más que los festines electoreros tienen la capacidad de convertir a ciudadanos normalmente criteriosos en payasos incoherentes. Es evidente que al transformarse Jorge Lavandero en un sujeto técnicamente culpable merece una sanción, aunque hubiese sido mejor para la justicia aceptar su retractación de la decisión inicial y prolongar el juicio. Pero de ahí a realizar una campaña ante la opinión pública para endurecer las condiciones carcelarias del acusado, como lo hicieron Lavín y Piñera, hay una gran distancia. Los suyos fueron gestos crueles y demagógicos, destinados a azuzar el deseo de que paguen los poderosos.
El clamor porque todos los presos tengan las mismas condiciones demuestra la mala fe de esos Catones. ¿Acaso no saben que existe Punta Peuco, donde homicidas y torturadores comparten una cómoda reclusión?. Pero, esos hábiles aduladores de los lados oscuros de la opinión pública, consiguieron sus objetivos. Gendarmería, lábil frente a la presión de políticos en disputa del cetro presidencial, lo trasladó a la Cárcel de Alta Seguridad. ¿Con qué objeto? No distingo otro que acentuar el drama humano de Jorge Lavandero, cuya prisión se agrava por el peso simbólico de compartirla con hampones de la talla de Spiniak o de Schaefer.
Existe además otro problema de fondo. La culpabilidad que se atribuye a Jorge Lavanderos revela una enfermedad psíquica, pues se trataría de una personalidad disociada en la cual se combinan la normalidad con instantes de compulsión irrefrenable que lo llevaría a convertir a los niños en objetos. Solo una enfermedad de ese tipo explica la combinación de conductas altruistas y preocupación por el bien público, corriendo a veces por ello riesgos personales, con actos de perversión. ¿Desde el punto de vista procesal esa circunstancia no constituiría atenuante?
Pero hay aun otra pregunta más radical. Una de las tesis de la fiscalía, aparentemente basada en informes de peritos, es que el tipo de compulsión que caracteriza al pedófilo empedernido, figura que supuestamente correspondería a Jorge Lavandero, está asociada a una ausencia de conciencia moral, en este caso localizada. Pues bien ¿tiene sentido para la sociedad condenar a alguien que tiene esa carencia cuando lo único que produce bien, tanto para el colectivo como para el individuo, es procurar una rehabilitación? Estas preguntas debe hacérselas la Corte Suprema.
*Tomás Moulian es rector de la Universidad Arcis.
