Ciudadanos bajo sospecha - El Mostrador

viernes, 20 de abril de 2018 Actualizado a las 21:50

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Ciudadanos bajo sospecha

por 3 septiembre, 2005

Una decena de mujeres huilliches ha solicitando la destitución del Director Nacional de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera. ¿La razón? Se sienten amenazadas, perseguidas, investigadas y fichadas, porque alguien ha dado la orden de hurgar en sus conversaciones, en cómo se movilizan; alguien ha decidido auscultar a los dirigentes indígenas, sus organizaciones, al Movimiento en general.



Un reportaje en el Cuerpo D del Mercurio del domingo 21 de agosto es la voz de alerta. Al día siguiente, un ministro da explicaciones, al medio día otro, unos metros más allá las retira y luego el Presidente -quien es el que manda- dice: el gobierno no pide disculpas.



¿A quién estaban dirigidas las disculpas dadas y retiradas?



No a los pueblos indígenas, ni a sus dirigentes ni a las comunidades que los constituyen, sino que a un importante empresario, político y candidato a la Presidencia. Las disculpas -supongo y naturalmente especulo con esto de la salida del closet de Garganta Profunda- pretenden desvirtuar que en la política chilena se realicen operaciones de inteligencia para arrebatar las opciones de uno u otro candidato, nadie quiere ver a un Presidente o Presidenta saliendo del Patio de Los Naranjos en un helicóptero luego de un par de años en el gobierno.



Se anuncian querellas contra los responsables de la filtración y punto final, capítulo cerrado y si usted no tiene claro que pasó, debe saber muy bien que en este país el Presidente manda, las instituciones funcionan, los órganos de inteligencia actúan en el marco de la legalidad y todo lo demás son exabruptos, que rápidamente el Gran Hermano o quizás nuestro padre protector, se encargará de poner en orden. Si aún tiene dudas, consulte a un sicólogo o sáquese el tarot, pues sufre de paranoia y no entiende los designios del poder.



Aún así, nuestro empresario candidato apunta a su contendor, ese que -digamos en jerga dieciochera- como mono porfiado no se quiere caer o bajar, contra toda la evidencia de sondeos encargados y desoyendo el sonido de la flauta de Hamelín para que los ratones abandonen la ciudad, el barco o la campaña.



En algo tiene razón Sebastián Piñera, nuevamente el candidato del Opus Dei tiene entre sus filas a conspiradores, digamos menores, pero capaces de poner una que otra cuña semanal en los medios, tratando de vincular a sus contrincantes con la resistencia armada o bien con la compra de tierras ancestrales, aunque dudo que en la sede de calle Suecia entiendan bien de que se trata esto último.



Con toda seguridad, alguien sostendrá que un Estado no puede renunciar a realizar acciones de inteligencia; la cuestión es que dichas acciones vayan dirigidas a prevenir actos delictivos en su dimensión común o bien, aquellos que constituyen una amenaza del orden democrático, los derechos y libertades de los individuos.



¿Es posible sostener que el Movimiento Indígena se encuentra en alguna de esas hipótesis?



Los dos juicios orales iniciados contra dirigentes mapuches de la zona de Ercilla por asociación ilícita terrorista han terminado con sendas sentencias absolutorias para los mismos. La tesis de actos terroristas por parte de los comuneros indígenas -en el marco de un proceso de reivindicación política- ha sido derrotada judicialmente y ya no se trata de la opinión de Naciones Unidas o de observadores independientes, sino del órgano competente, quien le ha dicho a aquellos que satanizan la lucha de los indígenas por sus derechos, que éstos no son terroristas.



Si aceptamos como cierta la premisa adoptada en el juicio seguido dos veces contra Pascual Pichun y Aniceto Norin, en el que se aclara que no estamos en presencia de indígenas terroristas y que esta conclusión emana de un órgano jurisdiccional, en el país donde las instituciones funcionan, parece más que pertinente la preocupación de las 10 mujeres Huilliches: ¿por qué nos investigan?.



La lección después del 11 de septiembre del 2001 y los atentados sufridos en Madrid y Londres, nos revelan que existen dos formas de enfrentar la cuestión de la seguridad de los ciudadanos. Una, es restricción de libertades, represión y desprecio por los otros diferentes, los sospechosos y otra, es más libertades públicas, fortalecimiento del sistema democrático y apego al Estado de Derecho.



Por cierto que un Estado no puede renunciar a garantizar a todos los habitantes del mismo la seguridad de no verse expuestos en hechos que violenten su vida, mientras esa acción se dirija dentro del respeto de los derechos fundamentales.



Con toda la información sobre prevención de conflictos expuesta por los subsecretarios Correa y Zepeda, aún no entiendo bien cómo su homólogo de Mideplan ordenó la compra de un predio en Panguipulli a un dirigente indígena, a quien el mismo ya había ordenado una compra en su primera gestión -desplazando a otras comunidades postergadas por años a vivir en la pobreza- en circunstancias que aquél dirigente ha sido expuesto como uno de los principales sospechosos en los actos de fuerza perpetrados en la propiedad del empresario Fernando Léniz. ¿Se traspapeló la Jipol en entregar esta información al subsecretario Andrade?.



Más aún, con toda la información recabada por nuestros sabuesos, resulta complejo comprender cómo no se ha advertido a la autoridad ambiental de la Novena Región de la existencia de vertederos ilegales en tierras indígenas o, que la misma capacidad operativa no haya servido para investigar las denuncias de tortura en una escuela en Ollagüe en la que los niños y niñas quechuas han experimentado tanto amedrentamiento, que hoy lamentamos que un adolescente de catorce años haya puesto término a su vida.



Si las acciones de inteligencia se dirigen respecto de los diferentes, los disidentes, los que no están contentos, los que se están movilizando, entonces estamos convirtiendo al otro en sospechoso.



Y cuando el diferente es sospechoso, entonces la furia está desatada. Un ciudadano brasileño fue abatido por Scotland Yard en una calle de Londres porque parece que tenía cara de terrorista; en Ercilla, Alex Lemun, fue asesinado por la espalda y el funcionario policial imputado, camina libre de toda sospecha por las calles de cualquier parte de Chile.



Cuando hoy se duerma, hágalo tranquilo, alguien nos está vigilando, no se preocupe, es nuestro padre protector que, además de mandar, sabe lo que hace.



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* Luis Correa Bluas es abogado. Master en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid.

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