La reciente debilidad de principios exhibida por La Moneda en materia de violaciones a los derechos humanos contradice claramente la voluntad de la mayoría de los ciudadanos sobre el tema. En efecto, un estudio de opinión pública dado a conocer por MORI a fines de la semana pasada, indica que un 63% de la población desaprueba lo actuado por el Presidente Lagos al indultar a Manuel Contreras Donaire, uno de los autores directos del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez.
La actitud del gobierno no cambia, pese a las ácidas críticas provenientes de todos los sectores de opinión. Por el contrario, parece verse refrendada en la ambigüedad mantenida ante la iniciativa de ley impulsada por algunos senadores tanto de la derecha como de la Concertación, para legislar sobre un indulto general para los militares inculpados en estos delitos.
El Presidente Lagos ha declarado que es necesario "tener una mirada de futuro" sobre estos temas para dejar atrás las heridas del pasado, dejando claro que está abierto a este tipo de soluciones, al igual que los senadores del PPD Fernando Flores y Roberto Muñoz Barra, el DC Edgardo Boeninger y el radical Enrique Silva Cimma, estos últimos coautores intelectuales de la iniciativa.
El único partido de gobierno que ha manifestado claramente su postura contraria ha sido el Partido Socialista, al declarar públicamente su oposición y lamentar que senadores designados del ala gobiernista sostengan una iniciativa de esta naturaleza.
Llama la atención la baja densidad doctrinaria y falta de comprensión que muestra el gobierno acerca de los impactos que para un estado de derecho y para la doctrina militar correcta en una democracia tienen medidas como esa.
En este caso, de ser aprobada la "ley espejo" -como la han denominado sus autores para indicar su voluntad de equilibrar lo actuado por violadores de los derechos humanos con los autores de actos terroristas-, se reconocería legalmente un empate ético entre ambas situaciones. Eso desconocería el hecho de que los primeros eran agentes del Estado que actuaron bajo órdenes ilegales y encubiertos por la autoridad de la época, cometiendo crímenes contra la humanidad contra ciudadanos indefensos.
Tal equiparación es incompatible con los principios de justicia y los valores básicos de una República democrática. Entre otros aquel que señala que las fuerzas armadas, como instituciones encargadas del uso de la fuerza legítima de que está dotado el Estado, solo pueden actuar bajo irrestricto cumplimiento de una legalidad que respete y proteja los derechos humanos.
Esa exigencia elemental en un estado democrático sólo puede incorporarse en la disciplina militar si tanto el mando como cada uno de los militares que componen el cuadro profesional subordinado saben que no tienen otra alternativa que respetar los derechos humanos. Que la ciudadanía, encarnada en el poder civil, no va a olvidar , bajo ninguna circunstancia, la transgresión de esos principios.
Por lo mismo, más que ayudar al mando militar, una acción como la ley propuesta debilita a los ojos de sus subordinados aquello que los jefes militares en ejercicio hayan hecho o pudieran hacer frente a los temas aún pendientes en materia de derechos humanos, y que se encuentran actualmente en manos de los tribunales de justicia. En esta materia, para mirar al futuro, como dice el Presidente Lagos, se debe pensar no en los militares que cumplen condena sino en los que vestirán el uniforme en los próximos años.
Hace pocas semanas sosteníamos en otro editorial que medidas de esta naturaleza parecen orientadas a erosionar la conciencia ciudadana, asumiendo que la justa popularidad del gobierno puede ser usada de manera indiscriminada en todos los ámbitos. La única verdad moral en esta materia es nuestro deber de mantener viva, al menos en el recuerdo, la solidaridad con aquellos cuyo sufrimiento hizo posible lo que hoy disfrutamos.
El estudio de opinión a que hacíamos referencia al principio de este Editorial, muestra una ciudadanía consistente en sus opiniones y valoraciones acerca de la democracia, con capacidad de discriminar entre problemas, dispuesta a aceptar abiertamente los debates y la diversidad que la democracia implica, y con un alto sentido del deber y la justicia. El gobierno debería estar a la altura de esa ciudadanía. Qué duda cabe.
