En medio de los burocráticos desencuentros entre el PS y el PPD -y sin ningún debate serio de por medio-, se ha puesto en el escenario la interrogante acerca de la viabilidad de construir un solo partido que exprese a la izquierda concertacionista (PS, PRSD y PPD). La idea de Ricardo Lagos de construir el Partido por el Progreso, o la de un Partido Federado, como plantea Ernesto Aguila del Centro Avance, deja en claro que el tema aflora porque está presente en todas las «cocinas políticas» del llamado bloque progresista. Incluida la Moneda, que debe estarse interrogando acerca de qué hacer con un capital político tan grande que deja el éxito del gobierno.
Aunque la principal tarea declarada es la elección presidencial, y Carolina Tohá, principal vocera política de Michelle Bachelet, señaló que la idea de Lagos es para otro momento, el tema persiste. La razón de fondo es que roza el concepto de «orden político» que acompañará al próximo gobierno, y que para nada está claro. Sobre todo después que la candidata ha declarado públicamente su intención de cambiar el viejo esquema de reproducción política de la Concertación, sin dar luces efectivas sobre qué está pensando.
Esa ambigüedad acerca de dónde residirá el eje del orden político del próximo gobierno, y la percepción de que el modelo seguido hasta ahora por los gobiernos de la Concertación está agotado, abre una perspectiva de especulaciones no solo sobre el recambio generacional, sino sobre las bases programáticas y las orgánicas del nuevo gobierno.
Mientras en la DC la disputa por el control partidario será más abierta, por la mayor flexibilidad política con la que pueden afrontar el período que se avecina y su vinculo a La Moneda, en el mundo izquierdista las cosas están más difíciles. No solo porque la nueva Presidente será una mujer socialista, de larga trayectoria militante, lo que obliga de mayor manera al PS y al PPD, sino porque además proviene de fuera de los círculos dirigentes tradicionales, y tiene un fuerte anclaje social no partidario, lo que desató un desajuste enorme en las «baronías» y el control político de los partidos. Que en todos los casos deberán enfrentar elecciones internas. Ello se suma a la mayor interrogante que se percibe en los círculos dirigentes: «¿En quién se apoyará Michelle, cuál será su núcleo cercano, cómo será su relación con los partidos?».
Es mucho más esta preocupación, que un debate a fondo acerca del núcleo de ideas que regularan el ejercicio del gobierno – que la candidata sí ha expresado en reiteradas oportunidades pero que no son recogidas por sus voceros- la que marca la idea de que la intención de la elite está centrada en no perder cercanía con el poder. Y entonces, el ejercicio acerca de un posible Partido Por el Progreso o una Federación o lo que sea, aparece más como una operación de poder, antes que un debate a fondo sobre su necesidad política y su viabilidad social.
La idea de Lagos en realidad parece poco original y vacía de contenido, incluso en el nombre. ¿Quién podría estar en contra del progreso? El debate acerca de un nuevo referente pasa por una visión de fondo acerca de la institucionalidad democrática y del proyecto país. Y el presidente, con todo respeto, tiene una idea sobre la legitimidad democrática que la izquierda no puede compartir. Ella ha quedado demostrada cuando ha calificado como nueva constitución a la reforma hecha a la de 1980 y que acaba de promulgar. Pese a los avances, esta constitución no ha sido nunca votada por el pueblo de manera libre. Las reformas fueron a probadas por un parlamento que representa de manera distorsionada la voluntad popular.
En nuestro imaginario de izquierda no hay pacto constitucional sin participación del soberano, y por lo tanto, Chile sigue esperando la Nueva Constitución para el Segundo Centenario, y es tarea de la izquierda impulsar el proceso. Que conlleve, además, a un cambio en el sistema electoral. Esta es una, entre muchas razones, para pensar que la idea de Lagos debe ser reformulada o seguirá pareciendo lo que es: una proclamación de candidatura demasiado anticipada.
Al debate sobre la institucionalidad se agrega, de manera integral y articulada, el proyecto país, es decir la visión de la sociedad en la que queremos vivir. No se trata sólo de un énfasis de políticas públicas, que afirme o desarrolle los logros alcanzados o niegue los vicios que muestra un sistema tremendamente injusto en lo económico. Se trata de una visión político cultural desde la izquierda, capaz de pasar de un sistema liberal con compensaciones solidarias para los más desamparados, como podría ser hoy, a un sistema de solidaridad social e igualdades, con incentivos liberales, como efectivamente debe ser.
Esto no es un mero juego conceptual o de palabras. Implica invertir los énfasis, para que la gente efectivamente sea el centro de los procesos de desarrollo. Para que los éxitos de gestión, de cambios tecnológicos, de modernidad y los equilibrios estructurales de la economía, se expresen como bienestar y libertad de los ciudadanos, como calidad democrática e integración social. Para que el crecimiento económico, la libertad individual, la integración social, la responsabilidad política y la igualdad de oportunidades, se expresen de manera sincronizada, es decir al mismo tiempo y en un mismo sistema político, de amplia democracia, representación social y legitimidad.
De estos y otros debates puede nacer la realidad de una Izquierda Unida, sumamente necesaria, posible y viable, y no de la simple especulación o ingeniería electoral, como aparece hoy día.
