Una vez más reaparece en la opinión pública la discusión en torno al fin de la transición chilena. Pues la reciente modificación de la Constitución de la República ha venido de la mano con el anuncio de que esta vez efectivamente se han eliminado los enclaves autoritarios y, que por lo tanto, el país finalmente ha conseguido una democracia de verdad.
No es la primera vez que se decreta el fin de la transición chilena y probablemente en un futuro próximo se volverá a realizar este anuncio. De hecho, pareciera ser que este debate tiene cierta periodicidad en la opinión pública. ¿Cómo se puede explicar la constante muerte y resurrección de este tópico? ¿Por qué los actores políticos recurren continuamente a este tema, mientras que los intelectuales por lo general concuerdan en la esterilidad de dicha discusión? ¿Acaso la constante declaración del fin de la transición no es un fórmula política para pasar por alto errores del pasado e intentar construir un utópico futuro sin memoria?
En términos conceptuales, una transición política es el lapso de tiempo en el cual se produce la transformación de un régimen de gobierno. Planteado así, a lo largo de los años ochenta la gran mayoría de los países latinoamericanos vivieron procesos de transición política, en tanto se reemplazaron formas de gobierno dictatoriales o semi-autoritarias, por formas de gobierno medianamente democráticas. La transición es entonces aquella fase en la cual se debate, negocia y produce la modificación del régimen político.
Ahora bien, tal como indican una serie de politólogos y sociólogos, los gobiernos que se instauraron en América Latina una vez finalizadas las transiciones son democracias con adjetivos, es decir, sistemas políticos donde periódicamente se realizan elecciones limpias, pero se conservan una serie de anomalías autoritarias. Por ello es que los regimenes políticos latinoamericanos suelen ser catalogados como democracias delegativas, defectuosas, incompletas o imperfectas. En otras palabras, se trata de democracias al fin y al cabo, pero de democracias que sólo cumplen con los requisitos básicos que definen a esta forma de gobierno.
En el caso chileno, la transición política tuvo dos características centrales. Por un lado, fue relativamente larga, ya que no sólo costó tiempo que se formara una coalición de gobierno viable (La Concertación), sino que también fue extenso el proceso de negociación con los militares en el poder. Por otro lado, la transición chilena fue pactada, lo cual implica que las elites sellaron acuerdos implícitos (por ejemplo: modelo económico neoliberal) y explícitos (por ejemplo: instauración del estado de derecho) sobre el desarrollo futuro del país.
¿Si en términos analíticos es evidente que la transición chilena finalizó con el cambio de mando de 1990, por qué los actores políticos han mostrado una tenaz obsesión con decretar ciertos hitos de importancia como el fin de la transición? Para responder esta pregunta es preciso tener en mente que el debate intelectual no sigue los mismos cánones que el debate político: mientras el primero se rige según criterios de veracidad, el segundo se guía según criterios de eficacia pública.
Los actores políticos tienen una necesidad endémica de justificar sus prácticas y por esto es que siempre hablan en nombre del bien común. Los grandes empresarios aseguran defender la flexibilidad laboral porque sirve para generar empleos y disminuir la pobreza. Los dirigentes de la sociedad civil plantean que la defensa de derechos es una tarea que favorece al conjunto de la comunidad. Los políticos se proclaman como representantes de la ciudadanía y dicen llevar a la práctica la voluntad colectiva. Si todos aquellos anuncios loables y altruistas son analizados con cierta asepsia, es posible llegar a la conclusión de que estos dichos por lo general no son otra cosa que fórmulas de legitimación pública.
Desde este ángulo, el mentado fin de la transición chilena es un discurso rentable para notificar la defensa del bien común de la nación. Por ello que se trate de un tema tan manoseado por los políticos, puesto que a través de él intentan instaurar un mito fundacional que sirve para autoproclamarse como servidores públicos y así acrecentar sus aciertos o encubrir sus errores.
Por cierto que las recientes modificaciones a la Constitución de la República pueden ser consideradas como un perfeccionamiento de la democracia chilena. Pero plantear que esto implica el fin de la transición es una aberración conceptual. La tarea del debate intelectual consiste en ir más allá de la discusión política, levantando en este caso la pregunta respecto a qué es lo que subyace detrás de esta constante muerte y resurrección del debate político en torno a la transición.
A modo de hipótesis, es posible pensar que la proclamación del fin de la transición es una fórmula política que se utiliza con un doble fin. Por un lado, se busca sellar toda discusión en torno a lo que realmente sucedió en el verdadero período de transición, esto es, las negociaciones a puertas cerradas entre las elites a fines de los ochenta que tuvieron como resultado un régimen democrático mediocre. Por otro lado, se intenta afirmar que finalmente ahora comienza un porvenir dorado (‘Chile, la alegría ya viene’ decía el eslogan del primer gobierno post-transición), con lo cual se pretende asentar un futuro utópico y sin memoria.
De ser cierta esta tesis, la constante muerte y resurrección del debate político en torno a la transición viene a encarnar un duelo no asumido de la sociedad chilena. Pero la memoria colectiva es un fenómeno que corre por un carril bastante autónomo y distinto al que muchas veces quisiera la clase política, de modo que más temprano que tarde volverán a surgir las preguntas en torno a los problemas que la sociedad chilena tiene pendientes con su pasado. Y esto pese a la tozudez de los políticos en decretar el fin de la transición.
Cristóbal Rovira Kaltwasser. Estudiante de Doctorado Humboldt-Universität Berlin (cristobal.rovira.kaltwasser@student.hu-berlin.de).
