Creo que no existe mejor prevención contra la corrupción y el mal gobierno, ni fiscalización más eficaz para combatirlos, que una opinión pública bien informada a través de medios de comunicación libres, independientes y responsables. Por ello, he defendido el derecho de la ciudadanía a conocer los actos de sus gobernantes y representantes, y me he opuesto decididamente al secretismo arbitrario. En este mismo propósito, cuando en 2000 presentamos junto a otros senadores de la Alianza el proyecto que, refundido con otro de la Concertación, culminó en la reciente reforma constitucional, propusimos incluir en la Constitución la regla general de que los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos. Por lo mismo, me empeñé en fortalecer la libertad de prensa cuando culminaba la tramitación de la reforma.
Hoy la Constitución dispone que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen», y que «sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional». De esta forma, la regla general es la publicidad de los actos y procedimientos de los órganos del Estado, la que sólo puede reconocer las excepciones que señale una ley de quórum calificado, que el legislador está facultado para dictar únicamente en casos también calificados. Cualquier otra excepción es inconstitucional, como también lo será cualquier acto de autoridad que tenga el efecto de debilitar o dejar sin aplicación este principio.
Promulgada la reforma, estimamos que se mantenían en vigor únicamente aquellas restricciones fijadas por ley que no resultaran contrarias a la Constitución, aunque no estuviesen contenidas en una ley de quórum calificado, pues cabía aplicar en tales casos la disposición transitoria que les reconoce ese carácter hasta que se dicten los correspondientes cuerpos legales. Estimamos asimismo, que por aplicación de las reglas generales del Derecho y del principio de supremacía de la Constitución, cualquier restricción a la publicidad establecida en una norma de jerarquía inferior a la ley había quedado sin efecto. Presentamos por ello sendas mociones parlamentarias, destinadas a compatibilizar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado a las nuevas normas constitucionales, y a suprimir otras normas legales que establecían votaciones secretas del Senado.
Enfrentado como Presidente del Senado a la primera prueba de la nueva norma constitucional, tras analizar cuidadosamente el asunto y consultarlo con especialistas -como en ocasiones anteriores en que, no obstante las críticas de algunos, ha quedado demostrado el acierto de nuestra decisión-, en uso de mis facultades y consciente de mi responsabilidad frente a la Constitución, resolví que la proposición del Presidente de la República para designar un ministro de la Corte Suprema debía discutirse y votarse en público, pues la nueva norma constitucional primaba sobre el Reglamento y las prácticas del Senado, por antiguas que estas fueran.
Aunque mi determinación dio lugar al debate que la opinión pública conoce, creemos que con ella hemos contribuido a renovar la vigencia de la antigua reflexión acerca de la consecuencia que debe existir entre los principios que se declara defender y las conductas que se siguen, sobre todo de parte de quienes tenemos la responsabilidad de representar a la ciudadanía. Por mi parte, creo haber dado muestras suficientes de que no variaré la posición que frente a éste y otros asuntos de interés público he sostenido, aunque ello me signifique sufrir las represalias que mis detractores tienen el poder de ejercer.
Sergio Romero P., Presidente del Senado.
