Entre los desafíos prioritarios para el próximo Gobierno está disminuir la grave inequidad en temas de entrenamiento laboral entre grandes y pequeñas empresas, abordando la modernización de los mecanismos operativos y de focalización en materia de capacitación. Su objetivo debe ser acercar los instrumentos del Estado a los trabajadores, permitiendo que ellos decidan con qué institución se prepararán y en qué cursos.
Competitividad es una de las palabras más frecuentes en las informaciones relacionadas con el desempeño de nuestra economía en los últimos años. Aunque nuestra economía presenta notables tasas de intercambio comercial con distintos mercados del planeta, o bajas tasas de riesgo para la inversión extranjera, ser un país competitivo implica otros desafíos. Como, por ejemplo, que sus empresas y personas sean altamente productivos. Y esa productividad de manera importante depende de la capacitación que reciban los trabajadores, factor altamente rentable no solo para ellos, sino también para las propias empresas y el Estado.
Sin embargo, el sistema de capacitación en Chile todavía tiene un largo camino por recorrer. Nuestro país el 2003, gastó $18.000 pesos, (unos US$30 dólares) por trabajador, capacitado en el marco del sistema de la franquicia tributaria, principal instrumento público para tal fin existente en el mercado nacional. Paralelamente, el porcentaje de la fuerza de trabajo con acceso a instancias reconocidas para complementar sus destrezas ascendió al 15%.
Pese al importante aumento de la gente capacitada desde 1998, de esas cifras se puede inferir que a cada trabajador chileno le correspondería un entrenamiento cada 6,5 años. Muy poco, si nos comparamos con algunos de nuestros socios comerciales del Asia Pacifico o Europa.
La productividad de una persona hoy en día se explica por tres factores fundamentales: la escolaridad, la experiencia de trabajo y la capacitación en las empresas. La cobertura del sistema de capacitación en Chile es particularmente baja en el segmento de las Micro y Pequeñas empresas (MyPes), que emplea al 60% de la fuerza laboral del país. Es allá hacia donde se deben dirigir los principales esfuerzos para aumentar la productividad de los trabajadores empleados. Porque, además, este segmento es el que más requiere aumentar su productividad, pero es el que menos se capacita por sí solo.
Su precaria estructura productiva y la falta de visión estratégica de los propios microempresarios, le impiden invertir en este tipo de iniciativas, provocándose un techo casi natural a las remuneraciones de sus trabajadores y un círculo vicioso: si no se capacitan no aumentan su productividad, si no aumentan su productividad no mejorarán sus remuneraciones.
Si los trabajadores del sector están dispuestos a tomar una oportunidad para capacitarse, el Estado debería proporcionárselas, igual como ocurre con aquellos de las grandes empresas, que son los que en la actualidad más ocupan las franquicias y se benefician del sistema de asignación de recursos en capacitación.
Una alternativa concreta es instaurar un subsidio directo. ¿Cómo? Mediante la emisión de un certificado o bono financiado por el Estado para que el trabajador contrate los servicios de capacitación en forma directa, sin intermediarios, ni del Estado ni de actuales empleadores.
Naturalmente se requiere diseñar un sistema a través del cual estos recursos puedan ser canalizados hacia el mercado de la capacitación en forma eficaz y sin filtraciones. «Un Bono por Trabajador» puede ser una buena respuesta. Es un subsidio que permitiría modificar en forma sustancial las formas en que los aportes del Estado son destinados a las personas en éste ámbito.
A diferencia de las políticas vigentes, este sistema permite traspasar las decisiones directamente a los trabajadores.
Al beneficio percibido por el Estado al mejorar la focalización de sus recursos, debe agregarse los incrementos de capital humano y remuneraciones que, aunque con cierto desfase, son tangibles en el tiempo.
Y, además, el impacto positivo que pueden percibir las empresas del sector al visualizar la capacitación como una actividad clave para incrementar su productividad y crecimiento.
Las investigaciones realizadas en torno a los microempresarios muestran que ello carecen de elementos dinamizadores del sistema de capacitación, pese a que son los que más lo necesitan. Por lo mismo, se requiere de impulsos externos y un bono dirigido al trabajador de ese sector es un buen mecanismo que se justifica cada día más.
Osvaldo Jara Gómez. Economista Universidad de Chile. Magister Universidad de Georgetown USA. Licenciado en Ciencias del Desarrollo del ILADES, con mención en Economía de la Educación.
