El Fisco entregará a los partidos y candidatos un aporte en dinero para las próximas elecciones de diciembre: una parte que ya ha sido entregada en días pasados y un reembolso de gastos dos meses después de la elección.
Una razón que se da para justificar la destinación de fondos públicos al financiamiento de la política es que los partidos políticos cumplen con la función de seleccionar candidatos para ocupar cargos públicos y agrupar preferencias de los ciudadanos. Otra razón que parece ser tanto o más importante, es que el Estado debe contribuir en la tarea de aumentar el grado de competencia política del país.
Uno de los supuestos para aumentar la competencia política es la creación de condiciones que permitan un mínimo de igualdad económica entre las distintas candidaturas y establecer límites al gasto. La actual normativa no permite avanzar en este objetivo puesto que consagra un subsidio público mediante la entrega de una cantidad de dinero relativa al número de votos que obtuvo en la elección anterior.
Así, la mitad de los dineros que se anticiparán (cerca de $2 mil millones) será repartida entre la UDI y la DC, por ser justamente las colectividades que mayor cantidad de votos obtuvieron en las elecciones parlamentarias sostenidas el 2001. La UDI recibirá $ 450 millones y la DC $ 430 millones, frente al PPD con $ 207 millones, el Partido Comunista con $ 125 millones.
Estas cifras demuestran que la diferencia del aporte fiscal es enorme y que los candidatos que no pertenecen a los partidos que más votos obtuvieron en la elección pasada tienen escasas posibilidades de darse a conocer a la ciudadanía.
La otra vía de aporte público a las campañas electorales es la franja obligatoria de publicidad que deben transmitir los canales de televisión abierta, en la cual los tiempos asignados a cada partido o candidatura depende también del resultado en la elección anterior. Así, esta vez, los candidatos a parlamentarios independientes contarán con 1 segundo en la franja en contraposición a los candidatos de las fuerzas políticas tradicionales que tienen un tiempo muy superior.
Sigue estando pendiente, entonces, la incorporación de una cuota mayor de equidad en el subsidio a los independientes y a los pertenecientes a partidos pequeños.
En relación a la transparencia del gasto electoral, cabe señalar que la legislación sobre gasto electoral recientemente modificada no ha permitido avanzar en esta materia.
La actual legislación creó el sistema de aportes anónimos, reservados y públicos, teniendo esta última calidad aquellos que exceden de 800 UF para candidatos a diputado y senador y de 1,500 UF para candidatos a la Presidencia.
De acuerdo a los resultados del gasto entregado por el Servicio Electoral respecto de las elecciones municipales pasadas, la mayor diferencia entre las fuerzas políticas se produjo en materia de aportes reservados, destacándose que en el caso de la Alianza constituyó claramente la mayoría de sus ingresos (sumando aportes reservados a candidatos y partidos).
Todos los aportes significativos deben ser públicos, vale decir, los que superan las 20 UF y que hoy tienen la calidad de reservados, para así poder contar con la transparencia en materia de financiamiento. Si no hubiera acuerdo político para ello, debiera encontrarse una fórmula que establezca que los aportes reservados solo tengan esa calidad hasta un determinado plazo para pasar después de cierto tiempo a tener la calidad de público.
La responsabilidad del sistema político puede aumentar cuando los votantes tienen algún conocimiento de los intereses que están apoyando a un candidato. El Estado debe garantizar al ciudadano que antes de dar su consentimiento para ser gobernado o representado por un candidato, es decir, antes de votar, podrá contar con la información adecuada que le permita saber qué recursos ha recibido el partido o candidato, cuál es su origen, cuanto ha gastado en la campaña y en qué ha gastado.
En la medida que los ciudadanos puedan conocer las fuentes del financiamiento de una campaña existirá la posibilidad de detectar con posterioridad a la elección conductas corruptas, extorsiones sobre un candidato que resultó elegido por parte de los financistas de una campaña o definitivamente la «compra» de un determinado candidato que quedó completamente sometido a uno o varios financistas.
Los argumentos más frecuentes que se entregan para no revelar el origen de los fondos se resumen en que las empresas donantes pudieran sufrir represalias en cuanto a la adjudicación de contratos públicos y la vulneración del derecho a la intimidad o privacidad en las decisiones económicas de cada persona.
La vía para evitar estos temas no debiera ser la imposición de la reserva al origen de las donaciones. Deberá velarse por continuar avanzando en herramientas efectivas que permitan transparentar la adjudicación de contratos por parte del Estado. En relación al tema del derecho a la intimidad se trata una vez más de un conflicto entre dos derechos: por un lado, el derecho de la sociedad a conocer más sobre sus gobernantes o los aspirantes y el derecho a la privacidad de las decisiones económicas de las personas y empresas. Frente a este conflicto específico, debe primar el interés de la sociedad por encima de los derechos individuales.
En relación a la fiscalización de estas materias, nuestra actual legislación otorga al Servicio Electoral facultades para efectuar una revisión formal de las cuentas entregadas por los candidatos y los partidos. El Servicio no cuenta con los recursos ni atribuciones de fiscalizar el gasto efectivo que realizan los candidatos, lo cual por cierto ni siquiera el sistema más sofisticado podría fiscalizar a cabalidad.
Sin embargo, la posibilidad de efectuar auditorías aleatorias y selectivas y la posibilidad de ampliar la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda efectuar denuncias fundadas por infracción a la ley, permitiría avanzar en el respeto efectivo de los límites impuestos.
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Pedro Mujica es coordinador académico de Corporación Participa.
