Muchos de los habitantes de nuestro país nunca han estado cerca de un alerce milenario. Su presencia es imponente: algunos llegan a medir 50 metros, es decir, como un edificio de trece pisos y su tronco tiene un diámetro de tres a cuatro metros, mientras su tronco crece en 1 centímetro de espesor cada 15 ó 20 años. Éste es la segunda especia más longeva del mundo y puede llegar a los cuatro mil años: es decir, cuando Jesucristo predicaba en Jerusalén estos árboles ya estaban hace dos mil años en pie. Además, la madera de alerce tiene la característica de que no se pudre y tiene un atractivo color rojizo.
Todas estas características lo convierten en una especie única. Por tal motivo, en 1976 se declaró al alerce como Monumento Natural, lo que convierte su tala en un delito. Sin embargo, esta normativa autoriza explotar la madera que haya muerto antes de la fecha de dicho dictamen y que tendría que estar identificada -en cantidad y zona donde se ubica- por la CONAF, organismo encargado de la protección y fiscalización de esta especie.
Sin embargo, este resquicio legal que permite sacar alerce se convirtió en una herramienta para el blanqueo de la madera de alerce a explotar y exportar. De esta forma, el árbol es quemado o «asesinado» al hacer cortes en su corteza, provocándole la muerte. Pero al ser su madera tan resistente, una vez arrasado por las llamas conserva sus características, pero muere.
Por otra parte, la CONAF no cuenta con un registro que indique qué especies y en qué zonas se podía explotar alerce muerto antes de 1976. Este organismo es el que debe dar los permisos de extracción y guías de libre tránsito para transportar las tejuelas de alerce.
Tampoco la CONAF destina el presupuesto necesario para fiscalizar la tala de alerce. Este organismo, además de la protección y la fiscalización, tiene a cargo la promoción productiva del sector forestal, teniendo que rendirle cuentas al ministerio de Agricultura, generando así un incentivo perverso.
Todas estas falencias institucionales han permitido la aparición de complejas redes que de dedican a la tala y tráfico ilegal de alerce. Para eso queman miles de hectáreas, como fue el caso de lo sucedido en el Fundo Esperanza y en el predio de Forestal Sarao. Así y todo, en estos lugares también se comenzó a cortar madera viva, lo que salió a la luz pública a través de los medios de comunicación, causando conmoción a nivel nacional.
Tan complejo se ha vuelto el caso, que las organizaciones ambientalistas exigimos un ministro en visita para este caso. Para ello se nombró a Hernán Crisosto para llevar el caso. Hasta ahora hay nueve detenidos, entre ellos el alcalde de Fresia, Nelson Schwerter.
Por otra parte, las investigaciones de Crisosto apuntan hacia la grave negligencia de la CONAF a la hora de fiscalizar. Nunca, en la historia del país, se había imputado delitos de asociación ilícita y cohecho por delitos medioambientales. Y la CONAF tendrá que responder por su parte de responsabilidad que es -a lo menos- descuido de sus funciones.
Esta falta de regulación que permite el surgimiento de complejas redes de asociación ilícita tiene que parar. Por eso Fundación Terram está llevando a cabo una campaña con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y presionar para que -hasta que no exista una regulación e institucionalidad adecuada- no se tale ningún otro alerce, sea por el motivo que sea. Sólo así podremos proteger a una especie que está en peligro y que es de un valor incalculable para nuestro país. Para este fin pueden apoyarnos a través de la página web www.defensalerces.cl para presionar a las autoridades y salvar nuestros alerces.
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Francisco Pinto. Fundación Terram.
