Finalizados los emotivos actos institucionales y ciudadanos de una inolvidable transmisión de mando, el gobierno de Michelle Bachelet debe enfrentarse a su tarea. Dado el breve período que media hasta su primer mensaje al Congreso Nacional, el próximo 21 de Mayo, sus decisiones en este tiempo constituirán el esbozo de su estilo político como primera mandataria y serán un bosquejo acerca de la manera cómo concibe la construcción de la primera agenda pública bajo su responsabilidad.
El tema es importante, ya que la primera agenda de un gobierno fija su pauta estratégica y marca los énfasis y ritmos que deberían esperarse de su gestión.
Esta agenda se leerá con una percepción de estrechez temporal en el escenario político, dado el nuevo período presidencial de cuatro años, sin reelección, aprobado en la última reforma constitucional. Y porque tanto la Presidenta como sus ministros han insistido en que el tiempo es muy breve frente a todo lo que hay por hacer.
Hasta lo que se sabe, la agenda nominal de gobierno de la señora Bachetet debería corresponder, en lo medular, a las treinta y seis medidas comprometidas por ella, una vez electa, para los cien primeros días de su administración.
Si se revisan con atención dichas medidas, no son ni demasiado complejas ni contienen una gran cantidad de iniciativas legislativas inmediatas, que compliquen la gestión de los primeros días. Sobresale el proyecto de ley sobre pago estatal parcial de cotizaciones previsionales de jóvenes; la subvención diferenciada a establecimientos educacionales; la obligatoriedad de salas cunas; el de aumento de penas por delitos económicos, y los cambios en el sistema electoral y de registro de votantes. Proyectos cuyos textos -se supone- debieran ya estar elaborados.
Existe un perfil más complejo en el conjunto de medidas de protección social, cuya implantación sólo requieren decisiones administrativas, y que de cumplirse, indicarían un giro en la voluntad de gasto público exhibido hasta ahora por los gobiernos de la Concertación. Reajuste general de pensiones, acceso automático a pensión mínima asistencial, subsidios en atención preescolar, gratuidad en atenciones de salud, subsidio para jóvenes en situación de riesgo social, fondo de reconversión laboral para mayores de cuarenta años e intervención de doscientos barrios en riesgo social en todo el país, son medidas notorias, con compromiso de gasto público futuro, que no requieren de nuevas leyes para materializarse.
Con todo, el perfil fundamental de la nueva administración se espera que gire en torno a los nudos políticos y económicos de la reforma previsional. Si bien su diseño final debería quedar plasmado en un proyecto de ley hacia fines de año, ya ocupa un lugar destacado como debate político técnico en la agenda pública, incluso desde días antes que asumiera el gobierno, a través de la Corporación Expansiva, notoriamente vinculada al gobierno.
En el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet aparece muy fuerte la idea de que Chile requiere de un Pacto Social para el Desarrollo, al que debieran concurrir de manera generosa todos los sectores de la sociedad, para sustentar políticamente las decisiones que se requiere adoptar.
Esta idea impregna la decisión gubernamental de convocar un consejo ciudadano de amplia participación, para auscultar, según se ha señalado, lo que la sociedad está pensando en materia de reforma previsional, y orientar desde allí todo el proyecto.
Pero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha tomado distancia anticipada de él, mientras que distintos voceros de la industria han manifestado sus aprehensiones frente al mecanismo, porque sienten que en nada los beneficia instalar una especie de mesa de diálogo donde ellos serían "el pato de la boda".
Por lo tanto, si bien existen consensos técnicos amplios en todos los sectores en cuanto a la necesidad de introducir cambios en una actividad con fuertes características de monopolio y baja transparencia de gestión y precios, no es claro que el mecanismo de consulta sugerido por el gobierno como punto de entrada a la discusión sea viable y genere los resultados esperados. Tanto por lo que piensan los actores directamente involucrados, como por la opción política de la oposición, que ya ha criticado que el Gobierno no tenga propuesta concreta sobre la cual discutir.
Esta situación interpela la habilidad política del nuevo equipo de gobierno, sobre todo de su equipo negociador, que encabezará Mario Marcel, ex Jefe de Presupuesto, para instalar efectivamente un mecanismo de consulta ciudadana en el tema previsional. Debería transformarse en un test preliminar sobre la viabilidad del Pacto Social para el Desarrollo, a que aspira la Presidenta Bachelet.
