A partir de nuestra experiencia, podemos decir que al hablar de Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (ESCIA), estamos hablando de una de las más graves vulneraciones de los derechos de nuestros niños y niñas, pues es el resultado de una historia de abusos, violencia, deserción escolar, negligencias y malos tratos que han concluido, en la mayoría de las veces, con la expulsión o el autoexilio del niño o niña a la calle, espacio donde sobrevive el más fuerte.
No nos cabe duda que las historias presentadas en el reportaje emitido por el noticiario 24 Horas, son representativas de niños y niñas víctimas de esta situación de vulneración. La presencia de socialización callejera, policonsumo de drogas (marihuana, pasta base, tolueno, solventes, etc.), conductas infractoras de ley (robo, hurto), presencia de patologías psiquiátricas (trastornos de personalidad, descontrol de impulsos, rasgos antisociales, etc.), desvinculación familiar a temprana edad y relaciones intenso-conflictivas con la familia de origen, no hacen más que agudizar y complejizar la intervención especializada en ESCIA.
De esta forma, vale la pena preguntarnos si la solución radica en que existan más «residencias de ambiente familiar» o, será mejor tomar en serio los datos presentados y darse cuenta de que estamos frente a un problema multicausal que requiere de una intervención integral para los niños y niñas que se encuentran en ESCIA. Por ejemplo, para poder avanzar en un tratamiento psicológico, es necesario compensar psiquiátricamente a los niños y niñas atendidos; sin embargo, el sistema público de salud no da respuesta ni prioridad a estos casos. Asimismo, es fundamental efectuarles un proceso de desintoxicación, pero hoy no existe una oferta que permita cubrir dicha necesidad. Finalmente, como proyecto termina siendo una aspirina para un cáncer. Por ende, es fundamental que las residencias cuenten con psiquiatras y unidades de desintoxicación, lo cual abre mayores posibilidades de éxito para el trabajo psicosocial de los proyectos ambulatorios.
Estamos convencidos de que también es de suma importancia articular los proyectos en ejecución con las policías, tanto civil como uniformadas, las Fiscalías y Unidades de Victimas, en donde cada entidad realice su labor asumiendo la responsabilidad social que le corresponde en los procesos de reparación, ya que un proxeneta o un cliente condenado es un gesto reparatorio de la sociedad para aquel niño o niña adolescente que ha sido explotado sexualmente, al cual se le ha arrebatado su infancia transformando su cuerpo en una mercancía más.
De esta manera, para poder entregar atención integral, necesitamos de un trabajo intersectorial mucho más claro y profundo o, definitivamente, de una política integral de infancia que aborde los problemas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta las causas y contando con la capacidad de dar respuesta a la mayoría de las necesidades.
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Pablo Gutiérrez. Asistente Social especializado en ESCIA
Director Proyecto Remolino, ONG Cordillera
