Existe un amplio consenso en el país, en todos los sectores, respecto de la necesidad de universalizar, más o menos, el pilar previsional público no contributivo. Asimismo, en efectuar una profunda reingeniería del pilar de capitalización individual. Se ha hablado mucho menos, en cambio, de un tercer pilar que es sin duda el más importante de todos. La reforma previsional en curso deberá reponer, como un componente esencial del nuevo sistema, el pilar contributivo de reparto, o solidario, o de pago sobre la marcha, que fuera abolido en 1981.
Se puede destinar a dicho pilar, en forma obligatoria, inicialmente, una proporción no mayor, pero significativa, del descuento de aproximadamente 12,5% de los salarios que actualmente se cotiza para previsión. Más allá de ese mínimo, establecer libertad de elección, entre este pilar y el de capitalización individual. Es decir, permitir a los cotizantes destinar al fondo solidario una parte de su contribución legal, superior a aquella que se establezca como obligatoria, destinando a este fondo una parte adicional de aquella que se destina a la cuenta de capitalización individual. Por ejemplo, si alguien desea destinar toda su cotización al fondo solidario y ninguna parte de ella al pilar de capitalización individual, ello será aceptado. A cambio de ello, naturalmente, se le garantizaría una pensión definida equivalente a una mayor proporción de las remuneraciones obtenidas durante su vida activa. Dicha proporción dependerá también de la densidad de sus cotizaciones, en condiciones equivalentes, inicialmente, a las que ofrece actualmente el INP. Sin embargo, se establecerá hacia delante una forma de cálculo de beneficios parecida a la existente en otros países más desarrollados, que refleje mejor las cotizaciones de toda la vida y no solamente las de los últimos años.
Por ahora, y durante varios años, no parece necesario incrementar al actual nivel total de cotizaciones previsionales. Los únicos cambios iniciales al respecto serán eliminar el tope de remuneraciones sujetas a descuentos previsionales, puesto que el mismo es altamente regresivo, y establecer un monto total obligatorio -fijado inicialmente en un 12,5% de los salarios imponibles-, que incluirá las comisiones de administración. Hacia el futuro, sin embargo, naturalmente, el porcentaje de cotización total, tendrá que incrementarse lentamente, a medida que la población de adultos mayores crece moderadamente, a partir de la muy baja proporción de la población que representa en la actualidad, y en forma paralela a reducción en la elevada carga que representan actualmente los pasivos jóvenes. De este modo, se pueden mantener e incrementar en el tiempo los beneficios definidos por este pilar.
En otras palabras, cuando la población de adultos mayores alcance en Chile, hacia mediados del siglo, la proporción que actualmente representa en los países más desarrollados, las cotizaciones previsionales en Chile deberán alcanzar el porcentaje que actualmente presentan en aquellos, si se desea proporcionar beneficios similares a los que actualmente disfrutan los adultos mayores allí. Dichos incrementos, sin embargo, se harán todos con cargo a los empleadores, y estarán destinados íntegramente al fondo solidario, o de reparto. De esta manera, gradualmente, el fondo de reparto irá asumiendo las dimensiones requeridas para garantizar un nivel adecuado de pensiones contributivas definidas, en forma no discriminatoria.
El destino primero del pilar solidario -y que determinará sus dimensiones iniciales precisas-, será reponer a todos los chilenos que se cambiaron al sistema de AFP y que ya han alcanzado la edad de jubilar, incluyendo por cierto los que ya han jubilado y sus sobrevivientes, los mismo derechos previsionales que el sistema público asegura a los que se quedaron en el INP. Desde luego, garantizará a las mujeres y a los casados la misma pensión de los hombres solteros, puesto que así lo hacen actualmente las pensiones del INP, las que no discriminan ni por sexo ni estado civil. Este pilar será administrado íntegramente por el INP, que ya maneja un sistema similar para sus afiliados actuales.
La base de los sistemas de reparto consiste en que, sobre la marcha, «al tiro,» como decimos en Chile, los trabajadores activos financian las pensiones de los pasivos. De esta manera, la proporción entre los asalariados activos y los pasivos determina el nivel de descuento requerido efectuar a los primeros para financiar las pensiones definidas para los segundos.
En Chile existen condiciones muy favorables dada la estructura poblacional puesto que, al contrario de lo que se afirma con insistencia, posee una proporción de adultos mayores muy pequeña en relación a la población total, y que crece a una tasa muy moderada.
Al año 2005 existen 1,594,403 Adultos Mayores (mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65). Dos de cada tres de ellos son mujeres. Ellos representan el 10% de la población total. Por otra parte, los menores de 15 años son un cuarto de la población total. Ello significa que Chile es todavía un país muy joven.
Hasta mediados del siglo van a crecer a una tasa de 2.6% anual promedio. Eso es más que el crecimiento de la población total, la que crecerá un 0.5% anual en promedio durante el mismo período. Sin embargo, el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá más rápido que los adultos mayores, por lo cual cada año el país cuenta con más recursos para atenderlos. Y las cotizaciones de los trabajadores activos crecen mucho más rápido todavía, como se demostrará más abajo.
El curso normal de la relación entre pasivos y activos a medida que los países avanzan hacia una modernidad madura, ha consistido en que la carga sobre los trabajadores activos se ha ido desplazando gradualmente desde los pasivos jóvenes, hacia los pasivos mayores. Los primeros representan inicialmente proporciones muy elevadas, mientras los adultos mayores, en cambio, representan una proporción muy baja, de la población total. En Chile, actualmente, los menores de 15 años constituyen un cuarto de la población total, y los menores de 25 años casi un tercio de la misma, mientras los adultos mayores representan apenas un 10%. Hacia mediados del siglo, estas proporciones se invertirán, pasando a ser los adultos mayores más de un cuarto de la población, mientras la proporción de jóvenes baja sustancialmente. Puesto que las personas en edad activa deben mantener con su trabajo a ambos grupos, ellos van desplazando gradualmente el gasto destinado a los jóvenes, hacia un mayor gasto destinado a los mayores. Lo relevante es la denominada tasa de dependencia (población pasiva/población activa), razón que de hecho está bajando en Chile. Este fenómeno, denominado «bono demográfico» por el Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas, CELADE, continuará hasta el 2020, lo que hace todavía más favorable la situación previsional, desde el punto de vista demográfico.
En resumen, Chile no presenta ninguna crisis a este respecto, sino más bien todo lo contrario. El problema previsional no se origina en que los chilenos vivan más años, lo cual es muy bueno, sino en las deficiencias del sistema de AFP. Quiénes argumentan lo contrario para aumentar la edad de jubilación o las cotizaciones, están en un error, o simplemente no están diciendo la verdad.
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Manuel Riesco. Economista del Cenda (mriesco@cep.cl).
