El próximo 15 de junio de 2006 hay elecciones en la Universidad de Chile con el objeto de determinar los miembros del Senado Universitario. Esta elección culmina el proceso destinado a constituir las autoridades que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de aplicar el nuevo Estatuto de la Universidad de Chile.
Nuestra Universidad se constituye como la primera entidad universitaria que pondrá en funcionamiento un marco formativo jurídico generado íntegramente en democracia.
Lo que acontezca a propósito de la implementación del mismo será una experiencia relevante a la hora que las universidades estatales procedan a iniciar el proceso en el que «la Chile» ha sido pionera.
El Senado Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria. Su misión es el ejercicio de la potestad normativa de la Universidad de Chile, así como la determinación de las políticas y estrategias de desarrollo institucional, pudiendo fijar los objetivos y metas que hagan efectivas dichas políticas.
El texto más relevante del Senado a la fecha es la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional que constituye la base del Plan Estratégico 2006-2010.
Respecto de las políticas que pondrá en acción cabe señalar que las mismas deben ajustarse a las disposiciones del nuevo Estatuto. El nuevo órgano no operará con absoluta autonomía a la hora de fijar el rumbo de la principal universidad del país.
Al respecto cabe recordar las disposiciones de los artículo primero bis y primero ter de los Estatutos vigentes de nuestra Universidad: La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a través de las funciones de docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud.
Asimismo corresponde a la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país. En cumplimiento de su labor, la Universidad responde a los requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable y reconociendo como parte de su misión la atención de los problemas y necesidades del país.
Con ese fin, se obliga al más completo conocimiento de la realidad nacional y a su desarrollo por medio de la investigación y la creación; postula el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución de sus problemas desde la perspectiva universitaria, y propende al bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valores democráticos, procurando el resguardo y enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal. Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel de exigencia.
Estas normas orientan respecto de ciertas decisiones básicas, a vía de ejemplo, cabría señalar que el Senado deberá examinar la política destinada a aplicar el currículum basado en competencias para impedir que implique un atentado al desarrollo de la conciencia social, crítica y éticamente responsable: formación que estamos obligados a tutelar por claro mandato legal.
Del mismo modo debe orientarse al fortalecimiento de la diversidad social característica de nuestra Universidad; al fomento de la participación de la Universidad en la construcción de la sociedad de la información y la internacionalización a partir de los criterios del CUIB (Consejo Iberoamericano Universitario), organismo del cual la Universidad de Chile forma parte, y que entiende que ambos fenómenos deben favorecer el desarrollo de todas las capas sociales de la población y en especial a los sectores más postergados de nuestro continente.
Respecto de la relación sociedad universidad, sociedad empresa pública y privada, cabe entenderla en función del desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, propendiendo a que este vínculo contribuya al bien común, tal como lo dispone claramente nuestro estatuto. Cabe velar entonces porque las empresas que se vinculen a la Universidad respeten cabalmente las normas constitucionales y legales relativas a la protección de las personas y la naturaleza.
Parece que debe promover la valoración del trabajo investigativo y docente de todos los académicos de la Universidad, así como la valoración del trabajo del personal de apoyo docente.
Los planes de desarrollo deben atender también al fortalecimiento de la formación de pregrado en términos de calificar la docencia universitaria; al fortalecimiento del postgrado y mejoramiento de los programas de becas de los doctorados de forma tal que sean accesibles a todos los sectores del país.
Cabe también fortalecer los usos de las tecnologías de la información para la actividad docente, sin que ello implique una opción radical por la formación a distancia (e-learning).
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Eric Eduardo Palma. Profesor Facultad de Derecho, Universidad de Chile
