La alharaca populista penal armada por la derecha y los medios de comunicación que le son afines han logrado imponer la inflación penitenciaria, para -según ellos- acabar con la «puerta giratoria» instaurada por la reforma procesal penal, ya que el Gobierno, carente de políticas alternativas e inhábil en defender sus buenos logros en seguridad ciudadana, se ha limitado a mantener la iniciativa legislativa e institucional y ha cedido la agenda y la conducción del debate sobre la política criminal a la derecha.
Pese a que las estadísticas del INE señalan una ostensible disminución de la victimización del 11%, entre 2003 y 2005, corroborando lo que ya indicaban las estadísticas del Ministerio del Interior y Paz Ciudadana. Además, bien sabemos que el 63% de las sentencias son sanciones privativas de libertad, en crecimiento. Por eso hemos duplicado la población penal en 10 años, tenemos más presos por habitantes que ningún otro país de la región, el hacinamiento carcelario es del 400%, etc., etc., etc.
En esta feria de vanidades no han faltado propuestas grotescas como quitarle el subsidio de asignación familiar a las familias que tengan hijos delincuentes reincidentes, «por no saber transmitir valores» según dos senadores de la Concertación. Afortunadamente también hay sensatez y solidaridad, como la de Benito Baranda, quien opina: «hay una percepción de que el castigo modifica al otro, y lo que modifica al otro no es el castigo, sino las oportunidades».
En medio de esta gritería se propone en la práctica reponer la detención por sospecha mediante la apelación al otorgamiento de libertad por detención ilegal. Al restringirse la libertad provisional se recorta la presunción de inocencia, se quiere retroceder de la actual excepcionalidad de la prisión preventiva a la excepcionalidad de la libertad provisional del antiguo proceso penal.
En definitiva, para tranquilidad de la población atemorizada lo que se quiere reinstalar, al decir del Presidente de la Corte Suprema, es la presunción de culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia que garantiza el nuevo procedimiento penal. Con la actual construcción del miedo se quiere hacer olvidar a la población que el sistema penal procesa ciudadanos que pueden o no haber delinquido, juzga conductas en base a pruebas y no historias de vida o personalidades, que sanciona de acuerdo a la ley y no para satisfacción de venganzas personales o prejuicios culturales.
La oposición le ha impuesto a la nación el populismo penal y la inflación penitenciaria, llamada alegóricamente «mano dura», pese a que tiene un aprobación entre la opinión pública de menos de la mitad que la que mantiene el Gobierno de la Presidenta Bachellet – 21,8% vs 44,2%- y una desaprobación 35% mayor – 53,4% vs 34.8%- Como lo indican la mayor parte de los estudios y de los expertos, la mano dura no disminuirá la delincuencia pero mantendrá al Gobierno a la defensiva y a la oposición denunciándola por su incompetencia en la tarea de proteger a los ciudadanos.
Que quede claro. Con este bochinche no se quiere luchar contra la delincuencia. Como alguien lo ha citado: «Si las personas definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias», la construcción de situaciones como la actual permite controlar sociedades y tumbar gobiernos, sin tener que resolver el problema, en este caso el supuesto imperio del crimen.
Además de restringir los derechos ciudadanos y generar inflación penitenciaria, el populismo penal lleva al sistema penal a malgastar sus recursos y esfuerzos ocupado de perseguir el pequeño delito, como el hurto falta en supermercados y centros comerciales, el comercio ilícito de copias de CD y el porte de pequeñas cantidades de drogas como lo relata una crónica periodística sobre «La mano de los jueces con los delincuentes: la verdad en 60 audiencias» [La Segunda, 7 de julio 2006], donde predominan los hurtos, el comercio de CD piratas y el microtráfico con el 59%, el robo con violencia e intimidación con 5%, robo con fuerza y sorpresa con 25%, los homicidios, lesiones y amenazas con 11%. En fin, los fiscales andan a la caza de meretrices, vendedores callejeros de CD, operadores de traga monedas y microtraficantes, delitos que no tienen denuncias por lo que son llamados «delitos sin víctimas».
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Ibán de Rementería. Corporación Ciudadanía y Justicia
